Un equipo científico encabezado por la bióloga Natacha Aguilar y el especialista en perforaciones petrolíferas y ecosistemas marinos Rick Steiner entregaron este martes a la Comisión de Medio Ambiente de la Unión Europea nuevos documentos sobre el proyecto de prospecciones de Repsol en Canarias.
La reunión se convocó con el fin de trasladar a los técnicos de la Comisión la información científica actual que no ha sido tenida en cuenta en la evaluación ambiental y en la autorización otorgada por el Gobierno de España a Repsol para la realización de las perforaciones en aguas cercanas a Canarias.
La expedición ha solicitado a la Comisión Europea (CE) que inste a España a cumplir con el Derecho de la Unión y realice “una evaluación ambiental adecuada al conocimiento científico actual”.
Además, ha solicitado que se tenga en cuenta la protección del espacio marino del Oriente y Sur de Lanzarote y Fuerteventura y las especies protegidas que habitan la zona, un total de 28 tipos de cetáceos diferentes que pueblan esas aguas y que están consideradas de interés comunitario.
La reunión de este martes se encuadra en la decisión del Parlamento Europeo de ampliar la investigación sobre la tramitación de los permisos petrolíferos concedidos a Repsol para sondear en aguas cercanas a Canarias.
En esta ampliación se ha incluido nueva documentación científica no valorada hasta ahora, así como la opinión de distintas instituciones canarias y la sociedad insular, según informa El Guincho-Ecologistas en Acción en un comunicado.
De los argumentos científicos aportados contra el proyecto de las prospecciones destaca la obligación de proteger el Lugar de Interés Comunitario (LIC) existente del Oriente y Sur de Lanzarote y Fuerteventura; la falta de una adecuada evaluación de las repercusión de la contaminación subacuática o que no se haya asegurado la integridad del lugar ni de los cetáceos y tortugas de la zona.
Aguilar y Steiner, encargados de las intervenciones técnicas, reseñaron también la falta de una “apropiada evaluación de los riesgos de accidentes asociados a las perforaciones” como exige el artículo 3 de la Directiva 2011/92. Añaden los científicos que la falta de una adecuada evaluación “permite al Gobierno eludir la necesidad de consulta previa a la CE”.
El colectivo El Guincho-Ecologistas en Acción recordó que todos los grupos políticos apoyaron la ampliación de estas investigaciones y que solo el PP defendió su cierre.