La Comisión Europea ha comunicado al Cabildo de Fuerteventura la apertura de un nuevo proceso de investigación en torno al proyecto petrolífero de Repsol frente a las costas del Archipiélago, por incumplimiento del Derecho Comunitario en relación a la protección del Lugar de Interés Comunitario (LIC) de las zonas oriente y sur de Lanzarote y Fuerteventura.
La Administración majorera señala en un comunicado que la iniciativa deriva de una denuncia presentada recientemente. Al respecto, el presidente de la Institución insular, Mario Cabrera, afirma que recuerda que, hace unos 10 días, el eurodiputado del Partido Popular (PP) Gabriel Mato “casi montaba una fiesta al anunciar que la Comisión Europea había cerrado todas las investigaciones por las prospecciones”.
Cabrera considera que Mato “quedó en evidencia” el martes pasado en el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, donde “frente a los argumentos científicos apenas fue capaz de leer viejos titulares de prensa”. En este punto, insiste en que no sólo continúan las investigaciones, sino que la Comisión decide abrir otras nuevas.
En la denuncia que fue presentada en colaboración con particulares y colectivos ciudadanos como El Guincho-Ecologistas en Acción y Agonane, se señala que el Gobierno de España incumple su obligación de protección del lugar identificado como ESZZ15002 Espacio marino del Oriente y Sur de Lanzarote – Fuerteventura al no haber adoptado medidas de protección apropiadas para mantener sus características ecológicas durante su tramitación como LIC, conforme a la interpretación de la Directiva 92/43 dada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los casos Bund Naturschutz in Bayern y otros, C-244/05, Dragaggi y otros, C-117/03.
El texto detalla la ralentización aplicada al proceso de tramitación del LIC marino, mientras se aceleraba la autorización de Repsol. También denuncia la “omisión deliberada” de información científica actualizada sobre los efectos de la contaminación en el ecosistema marino, y la incoherencia y contradicciones con las que se gestionaron los informes técnicos del propio Ministerio, afirma el Cabildo de Fuerteventura.