Ben Magec-Ecologistas en Acción ha mostrado este jueves sus reservas sobre la orden ministerial por la que se propone a la Comisión Europea incluir entre los lugares de importancia comunitaria (LIC) de la Red Natura 2000 el espacio marino del oriente y sur de Lanzarote y Fuerteventura, al considerar que la zona merece más protección.
El Ministerio de Medio Ambiente publicó este miércoles en el Boletín Oficial del Estado la propuesta de catalogar el llamado Espacio marino del oriente y sur de Lanzarote-Fuerteventura como LIC.
Con esa propuesta, España incrementa la superficie Red Natura 2000 de ámbito marino en más de 14.000 kilómetros cuadrados, con lo que el ocho por ciento de sus zonas marinas quedan protegidas, según los datos facilitados por el Ministerio.
La coordinadora del área marina de Ben Magec recuerda que esta decisión llega una vez que la empresa Repsol ha suspendido sus prospecciones a 50 kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura y denuncia que “ya en su momento el LIC se paró y se recortó para no afectar a las zonas de exploración”.
La organización ecologista cree que la decisión de Medio Ambiente responde más a criterios políticos y económicos que técnicos, ya que los estudios científicos que avalaban la necesidad de protección de la zona están hechos desde hace años.
Los ecologistas reconocen aspectos positivos en la propuesta del LIC, porque que incluye de manera preventiva cierta protección, pero consideran que hasta que no se apruebe el instrumento de gestión correspondiente, no se hará efectiva.
Según los ecologistas, “la enorme diversidad biológica de la zona, junto al grave riesgo que suponen las prospecciones en la costa marroquí y saharaui, hacen necesario alcanzar un acuerdo internacional de protección, como el Convenio sobre la protección del medio marino del Atlántico Nordeste (OSPAR)”.
Ben Magec-Ecologistas en Acción ha instado al Gobierno a que el Plan de Gestión de la Zona de Especial Conservación, auténtica columna vertebral de los usos del espacio natural, sea definido de forma abierta y conjunta con la sociedad canaria, tal como además se exige en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, vigente desde 1993.