El pleno del Parlamento de Canarias aprobó este martes por mayoría absoluta, con la oposición del PP, pedir al Estado la convocatoria en el archipiélago de una consulta popular vía referéndum sobre las prospecciones petrolíferas autorizadas a la multinacional Repsol en aguas próximas a las islas.
El texto de la pregunta es “¿Está usted de acuerdo con las prospecciones de petróleo autorizadas a la multinacional Repsol frente a las costas de nuestras islas?”.
Esta iniciativa, promovida por el Gobierno de Canarias y aprobada con 38 votos contra 21, fue defendida ante el pleno por su presidente, Paulino Rivero, y apoyada por los grupos nacionalista y socialista, que respaldan al Ejecutivo, así como por el grupo mixto.
El grupo popular, en la oposición, votó en contra y su diputado Miguel Cabrera Pérez-Camacho aseguró que “el referéndum no se va a consentir” porque sería inconstitucional, al tratar sobre un asunto ajeno a las competencias autonómicas.
Sin embargo, el Gobierno de Canarias “va a utilizar todos los medios jurídicos, políticos y sociales a su alcance para impedir que se hipoteque el futuro del archipiélago”, advirtió Paulino Rivero.
En la propuesta se apela al artículo 92 de la Constitución Española, que establece que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.
Las prospecciones autorizadas en marzo de 2012 en aguas situadas al este de las costas de Lanzarote y Fuerteventura están pendientes del informe de impacto ambiental.
Paulino Rivero argumentó que en la islas existe una gran contestación científica, social e institucional por los efectos que pudieran tener sobre el medio ambiente y el turismo.
Defendió que se trata de una cuestión política de especial trascendencia, porque involucra a las generaciones presentes y futuras y afecta a la contaminación de la costa y el mar, a la potabilización de agua y al turismo, principal actividad económica en las islas.
Dado que las instituciones representativas “mantienen posiciones contrapuestas e irreconciliables sobre la legalidad, la necesidad y la oportunidad” de permitir las prospecciones lo procedente es que sean los ciudadanos los que decidan directa y definitivamente sobre el asunto, a juicio del Gobierno de Canarias.
Paulino Rivero citó a dirigentes del PP que se han pronunciado en contra de las prospecciones en Valencia y Baleares y las contrastó con la posición favorable del mismo partido en Canarias.
“Hay diferencias en el mismo partido, hay diferencias institucionales entre el Gobierno de España y las instituciones canarias, hay diferencias en el mundo científico y hay diferencias en la sociedad”, dijo Rivero.
“Indudablemente afecta este asunto al ámbito competencial de Canarias”, porque puede tener implicaciones en la economía, el turismo, la pesca y el medio ambiente, subrayó Rivero, quien admitió que el petróleo es un negocio importante, pero es coyuntural y “para unos pocos”.
En Baleares las prospecciones se han autorizado a más de 50 kilómetros de la costa, mientras que los 7.000 kilómetros cuadrados en los que tiene permiso Repsol frente a Canarias van desde una distancia de 9,6 kilómetros hasta 60 de distancia, indicó.
Respecto al argumento de que si no extrae España ese petróleo lo hará Marruecos, señaló que la prospección más cercana en ese país está a más de 500 kilómetros de las islas, además de que en todo caso se trata de un país soberano.
Profundidades de 3.000 metros suponen riesgos muy elevados, dijo Rivero, y destacó que cuantos menos pinchazos se realicen menos riesgo habrá de derrames.
El modelo económico por el que apuesta Canarias está basado en el turismo y la sostenibilidad, dijo Rivero, y subrayó que el 100% del agua que se consume en Lanzarote y Fuerteventura es desalada, de manera que cualquier incidencia en el mar pondría en riesgo la vida en esas islas.
El diputado del PP Miguel Cabrera Pérez Camacho afirmó que a Rivero “le importan un higo” las prospecciones, puesto que “Mauritania ya ha enchufado la manguera y Marruecos está a punto de hacerlo”, y aseguró que el “caprichito consultivo” del presidente persigue desviar la atención sobre la nefasta gestión de su Gobierno, “no ser menos” que Artur Mas y “subir la escalada de confrontación”, con el fin último de que su partido le ponga de candidato de nuevo en 2015.
“Sería capaz de cualquier cosa para que su partido lo haga candidato”, dijo el diputado del PP a Rivero, y por eso ha planteado esta “carnavalera y festiva propuesta, una auténtica chirigota que acabará en la hoguera como el entierro de la sardina” porque vulnera la distribución constitucional de competencias.
Miguel Cabrera acusó a Rivero de proponer a los canarios que compartan los riesgos de las prospecciones marroquíes pero que renuncien a compartir los beneficios con una empresa española.
“Le preocupa la contaminación si la hacen empresas españolas, no si la hace Marruecos”, dijo Miguel Cabrera, para quien “es perfectamente compatible la industria turística y la del petróleo”, como opinan muchos en la propia Coalición Canaria.
El representante del PP acusó al PSOE de participar como comparsa “en esta fanfarria”, cuando el líder de los socialistas canarios, José Miguel Pérez, ahora vicepresidente del Gobierno, dijo hace dos años y medio que apoyaría las prospecciones con los ojos cerrados.
Cabrera enumeró algunas diferencias con los casos de Baleares y Valencia: “Allí las licencias las concedió Zapatero, allí no hay un paro infame del 33% que hacen imprescindible otras fuentes de riqueza y además no tienen enfrente las prospecciones marroquíes”.
El portavoz del grupo nacionalista, José Miguel Barragán, dijo que al margen de qué administración tenga las competencias para autorizar las concesiones, los ciudadanos tienen derecho a participar directamente en las decisiones políticas.
El portavoz del grupo socialista, Manuel Fajardo, defendió la legalidad del procedimiento planteado para pedir el referéndum y dijo que no es cierto que la consulta sea ilegal por tratarse sobre competencias del Estado.
Señaló que el Gobierno de España ha negado el diálogo sobre este asunto y ha adoptado la política de los derechos consumados, y consideró intolerable la presión que ejerce el ministro de Industria, José Manuel Soria, al anunciar las prospecciones antes de que Medio Ambiente apruebe el informe de impacto ambiental o de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos presentados.
“Ha llegado el momento de parar las prospecciones”, dijo Fajardo, que instó al PP a elegir entre el respeto a la voluntad de los canarios y la de Repsol.
Román Rodríguez, en representación del grupo mixto (Nueva Canarias y Partido Independiente de Lanzarote), dijo que al PP de Canarias lo han dejado solos los suyos, y reconoció que es imposible su “papelón” de defender el petróleo en Canarias y no en Baleares y Valencia.
“La salida a este difícil debate tienen que ser las urnas, la democracia”, porque un asunto tan trascendente no puede dirimirse en los tribunales, dijo Román Rodríguez, quien defendió la democracia directa para este y para otros asuntos.
Pese a su apoyo, Rodríguez puso en duda la sinceridad de la propuesta y el ataque de ecologismo que le ha dado al Gobierno de Canarias, que está en contra del petróleo pero trata de imponer por decreto el gas en las islas.