Representantes de cinco fuerzas políticas del Parlamento Europeo han acordado en Bruselas la puesta en marcha de un grupo de trabajo cuyo objetivo primordial es la suspensión de las prospecciones petrolíferas en las Islas Baleares, en el Mediterráneo Peninsular y, de forma prioritaria y urgente, de los sondeos que Repsol pretende acometer próximamente en Canarias.
El Cabildo de Lanzarote ha presentado durante la mañana de este jueves una denuncia ante la Comisión Europea por la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de avalar las catas en una de las zonas oceánicas más destacadas de Europa por su valor ambiental. Además de no contemplar en la Declaración de Impacto Ambiental los riesgos y las afecciones que las operaciones de Repsol pudieran ocasionar sobre la población humana, sobre el acceso al agua potable y sobre su economía turística.
El Cabildo informa en un comunicado que el mencionado grupo de trabajo, impulsado por la Oficina de Acción Global de la administración insular, elaborará una hoja de ruta que defina las dinámicas de funcionamiento y de interrelación entre los Grupos, las posibles iniciativas a emprender en el ámbito del derecho comunitario, en el contexto político, económico y social europeo, y la próxima adhesión de nuevas fuerzas políticas y sociales de otros Estados miembros de la Unión Europea (UE).
En el encuentro participaron los eurodiputados de Izquierda Unida Marina Albiol y Ángela Vallina; Ernest Urtasun, de Izquierda per Catalunya-Verds; Pablo Echenique y Teresa Rodríguez, de Podemos; Jordi Sebastiá, de Primavera Europea/EQUO/Compromís; e Iratxe García Pérez y Juan Fernando López Aguilar del Partido Socialista, PSOE.
Además, asistió la portavoz de Surfrider Fundation, Gaëlle Hant; el responsable de la Plataforma contra las prospecciones en las Islas Columbretes (Petroli No-Columbretes Netes), Xavi del Señor; la portavoz de Izquierda Unida Canaria, Elvira Hernández; y Ezequiel Navío, portavoz del Cabildo de Lanzarote. Las reivindicaciones contra las operaciones mineras en las Islas Baleares estuvieron también presentes en el encuentro por las aportaciones remitidas desde la Plataforma Balears Diu No.
Denominador común
La reunión abordó los denominadores comunes de las diferentes prospecciones petrolíferas que son objeto de fuerte rechazo social en España, fundamentalmente las aprobadas frente a Lanzarote y Fuerteventura en Canarias, las campañas sísmicas en Islas Baleares, y las prospecciones en Valencia, Andalucía y Cataluña.
Otros conflictos de esta naturaleza registrados en otros Estados europeos fueron también mencionados, así como la próxima consulta popular que el Ejecutivo Canario celebrará sobre este conflicto antes de fin de año, tras haberse negado el Gobierno de España a responder a la petición trasladada por el Parlamento Autonómico de Canarias.
El encuentro celebrado en la capital belga dedicó buena parte de su exposición a la “falta de transparencia y a la ocultación de informes” de máxima relevancia por los Ministerios de Medio Ambiente e Industria, a la gravedad de la imposición de los proyectos mineros por parte del Estado español en las Comunidades Autónomas afectadas, señala el Cabildo lanzaroteño.
Asimismo, abordó la actitud “antidemocrática que los representantes del Gobierno de España han demostrado hasta la fecha, especialmente notorio en el caso de Canarias”, apostilla.
Por este motivo, se abordó la necesidad de aunar esfuerzos y de impulsar dinámicas de trabajo conjuntas para amplificar las reivindicaciones y los resultados tanto en España como a nivel internacional.
Connivencia de Industria
La Administración insular afirma que las prospecciones en Canarias, donde al reciente visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente a las operaciones de Repsol se ha sumado el Tribunal Supremo avalando la legalidad de las perforaciones en una votación de muy estrecho resultado, constituyen el foco actual más caliente.
Al respecto, puntualiza la proximidad temporal de que Repsol comience a perforar y la “connivencia” entre los Ministerios de Industria y Medio Ambiente con la petrolera, que a su juicio representa uno de los más graves exponentes de “cómo un Estado defiende el interés particular de una multinacional contra la abrumadora mayoría de la población de una Comunidad Autónoma, de sus principales instituciones públicas, como el Parlamento, el Gobierno y los Cabildos, y de los principales sectores turísticos internacionales, entre otros”.
El Grupo de Trabajo podrá incorporar en próximas fechas nuevas fuerzas políticas del Estado y de países nórdicos y centroeuropeos, pero también las capacidades y respaldos de las más destacadas organizaciones internacionales de defensa ambiental europeas, de entidades integradas en la comunidad científica internacional, y de los sectores empresariales y turísticos europeos con mayor presencia e intereses en el litoral mediterráneo peninsular, en las Islas Baleares, y en el Archipiélago Canario. Esta iniciativa europea se suma a las dinámicas de cohesión impulsadas en los últimos meses entre plataformas y organizaciones sociales e institucionales de Canarias, Baleares y el litoral mediterráneo peninsular.