La portavoz del PP en el Parlamento de Canarias, Australia Navarro, ha acusado este sábado a CC y PSOE de retorcer el espíritu de la Ley de Participación Ciudadana para convocar “una consulta ilegal” sobre las prospecciones petrolíferas y ha recordado que los socialista en su día no apoyaron esa norma.
La Ley de Participación Ciudadana fue aprobada en 2010 con los votos a favor de CC y PP, pero el PSOE, que inicialmente estaba totalmente en contra, finalmente se abstuvo porque durante el trámite parlamentario se enmendó para evitar la posibilidad de convocatoria autonómica de referéndum.
En un comunicado, la representante del PP denuncia el cambio de la dirección regional del PSOE, por su entusiasmo en desarrollar y aplicar la ley “para la convocatoria de una consulta ilegal”, cuando hace cuatro años “la consideraba inconstitucional”.
“Más allá de los delirios de Paulino Rivero y de CC, produce asombro que sean altos dirigentes del PSOE, como el secretario general José Miguel Pérez, el consejero Francisco Hernández Spínola o el portavoz parlamentario, Manuel Fajardo, quienes apuesten por una ley que en 2010 calificaron como Plan Riveretxe, en alusión al proyecto soberanista del lehendakari Ibarretxe”, indica Australia Navarro.
Para la portavoz popular, “el PSOE canario vive instalado en la contradicción permanente, siempre al servicio de Paulino Rivero y sus desatinos”.
Al igual que “son capaces de apostar por los sondeos de petróleo y gas con los ojos cerrados y al día siguiente retractarse”, con la consulta ocurre otro tanto, porque hace cuatro “la ley de participación ciudadana era inconstitucional para el PSOE”.
Recordó la representante del PP que “la ley de participación ciudadana se aprobó después de introducir un buen número de enmiendas para disipar cualquier tentación de convocar consultas ilegales y referendos encubiertos, como denunciaba entonces el PSOE”.
La portavoz denuncia “el papel patético de Francisco Hernández Spínola quien, como consejero del Gobierno, promueve el desarrollo de la ley para convocar una consulta ilegal”, cuando en 2010 no apoyó una norma que tachaba de inconstitucional.