Repsol se plantea asumir en su totalidad la inversión del primer sondeo para detectar la existencia de hidrocarburos en aguas de Canarias, según han confirmado fuentes de la compañía.
La petrolera presidida por Antonio Brufau, que cuenta con liquidez para asumir en solitario esta inversión, cuyo importe rondaría los 120 millones de euros, está actualmente planteándose esa opción, pero la decisión no está aún cerrada, explicaron las mismas fuentes a agencias de noticias.
La petrolera ha indicado a Efe que la posibilidad de enfrentar solos el primer sondeo, Sandía, obedece a las potenciales ventajas tanto operativas como económicas, ya que ofrecería mayores beneficios para la compañía española en caso de tener éxito en una iniciativa con “buenas perspectivas”.
Esta opción está recogida en el contrato y solo afectaría a este primer sondeo, no al conjunto del proyecto asignado al consorcio formado por Repsol (50%, que además es la operadora), Woodside (30%) y RWE Dea AG (20%).
Además, la petrolera española recuerda que en estos momentos dispone de un elevado nivel de liquidez, tras obtener la compensación por la expropiación de YPF y desprenderse de la participación que todavía ostentaba en la petrolera argentina, lo que le reportó unos ingresos de unos 4.700 millones de euros.
Por otra parte, según informa el diario El País en su edición de este miércoles, Mijail Fridman, dueño de la empresa que fletó el 'Prestige', ultima la compra de RWE Dea, por lo que el magnate de nacionalidad rusa podría convertirse en socio de Repsol en el proyecto para perforar frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Fridman es, según la revista Forbes, el segundo hombre más rico de Rusia, con una fortuna de 13.400 millones de euros.
Los sondeos en Canarias
Los sondeos están localizados en la cuenca atlántica de Canarias, inexplorada hasta el momento. Su objeto es investigar la existencia de hidrocarburos (crudo y gas) en la cuenca.
El pasado 13 de agosto, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo autorizó a Repsol a realizar la ejecución de sondeos exploratorios en los permisos de investigación de hidrocarburos denominados Canarias 1 a Canarias 9, situados en el océano Atlántico, frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote.
El proyecto consiste en la realización de dos sondeos, más uno contingente a los resultados de los dos primeros. Los tres sondeos autorizados han sido bautizados con los nombres de Sandía, Chirimoya y Zanahoria, y el más cercano de ellos estará a 50 kilómetros de la costa. El primero se encuentra bajo una lámina de agua de 870 metros y a una profundidad total de 3,1 kilómetros, así como a 55,5 kilómetros de la costa.
El segundo, a 1,1 kilómetros bajo el mar, alcanzará una profundidad de 3 kilómetros y estará a 50 kilómetros de la costa, mientras que el tercero, a 55 kilómetros de la costa, se encuentra bajo una lámina de agua de 1,02 kilómetros y llegará a profundidades totales de 6,9 kilómetros.
De los tres sondeos previstos, solo es seguro que la compañía realice el primero. Si los resultados que arroja son positivos, entonces llevaría a cabo el segundo. El tercer sondeo autorizado, zanahoria, ha quedado por el momento descartado.
Catorce condiciones
La resolución contempla catorce condiciones para los sondeos, entre las que figura la obligación de que Repsol suscriba un seguro de responsabilidad civil por un valor superior a los 40 millones de euros.
Además, Repsol deberá constituir una garantía financiera por 20 millones de euros para cubrir costes de responsabilidad medioambiental, y tendrá autorización de tres años para el desarrollo de sus proyectos. Otra condición consiste en que, en caso de amenaza de daño a las personas, los bienes o el medio ambiente, Repsol deberá detener inmediatamente las operaciones.
Junto a esto, el operador estará obligado a facilitar los medios para que se pueda acceder a la realización de inspecciones y deberá informar a distintas autoridades, incluida la Capitanía Marítima, de las fechas de inicio y fin de los distintos trabajos.
El Ministerio de Industria se reserva además el derecho a realizar las pruebas que estime convenientes y podrá dejar sin efecto la resolución publicada este miércoles ante el incumplimiento de las condiciones establecidas. El Gobierno también ha puesto como condición que, en el plazo de seis meses desde la terminación de cada sondeo, se remitan informes técnicos acerca del desarrollo de los trabajos.