La compañía petrolífera multinacional de origen español Repsol mantiene ante los tribunales que la renuncia a los sondeos en las costas de Canarias compete únicamente a los beneficiarios de la autorización concedida por la Dirección General de Política Energética y Minas (DGPEyM) el 11 de agosto de 2014, en la que se dio el visto bueno a que la empresa pudiera pinchar el fondo marino en busca de hidrocarburos en Canarias.
Esta respuesta de Repsol fue a requerimiento de una demanda contra el Ministerio de Industria interpuesta por instituciones canarias que solicitaron la extinción tanto de la resolución que autorizó la realización de los sondeos exploratorios en Canarias como el Real Decreto que otorgó los permisos de investigación de hidrocarburos.
Según el escrito al que ha tenido acceso este periódico, la entidad sostiene que la renuncia a los derechos, como los concedidos por resolución de 11 de agosto de 2014, “es un acto personal” que no puede ser ejercido por terceros y que no ha presentado ante la DGPEyM ninguna solicitud de renuncia a la citada autorización al no existir acto administrativo recurrible “ni presunto ni expreso”. Por tanto descarta que Industria le pueda retirar los citados permisos a pesar de los incumplimientos a los que ha incurrido.
En concreto, alega que la tramitación del procedimiento administrativo corresponde a la DGPEyM y su resolución también pertenece a esta sin concluye con el sobreseimiento, o al Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Industria en caso contrario. En su caso, “no puede existir acto administrativo ninguno del Consejo de Ministros, ni presunto ni expreso” porque la DGPEyM no ha elevado propuesta de resolución alguna al ministro de Industria, a quien asegura que le corresponde en el orden administrativo la competencia para declarar la extinción.
Repsol renunció a principios de este año, tras los resultados de los análisis del pozo Sandía, a seguir buscando hidrocarburos en el Archipiélago, ello a pesar de que en el BOE se recogía en la primera condición que el buque de perforación debía realizar los sondeos de manera “consecutiva”. Así, según la Ley del sector de hidrocarburos en su capítulo quinto se deja patente que las autorizaciones, permisos y concesiones se extinguirán “por incumplimiento de las condiciones de su otorgamiento”. De esta manera, automáticamente, el Ministerio de Industria debió retirarle los permisos a la sociedad presidida por Antonio Brufau por no cumplir las normas y los derechos establecidos en la ley vigente.
A ello ha que añadirle que días después de que Repsol anunciara que no lo iba a intentar en el pozo Chirimoya, el subsecretario de Industria, Energía y Turismo, Enrique Hernández Bento, se apresuró a decir que el Ministerio iba a sancionar con cinco millones de euros a la compañía por no seguir con los permisos, punto ratificado esa misma semana por el ministro José Manuel Soria.
Desde la compañía, y como ya señalaron a este periódico a principios del mes pasado, reiteran que no van a volver a prospectar en las costas de Canarias y que su intención es dejar caducar los permisos, los cuales no matizan hasta qué fecha están vigentes, aunque aseguran que es hasta el próximo año. Sin embargo, según la Resolución del 11 de Agosto de 2014, la validez de la autorización “es de tres años contados a partir de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado”, que fue el miércoles 13 de agosto, por lo que en principio la empresa petrolífera tendrá permisos hasta el verano de 2017.
Cuestionados sobre el porqué de no renunciar a los permisos, opinan que es un tema puramente administrativo y que no van a realizar las gestiones oportunas para ello, que es más sencillo dejar expirar el permiso. Y matizan que lo importante es lo que ellos deciden. Fuentes consultadas por Canarias Ahora aseguran que el papeleo al que rehúsa Repsol es un simple escrito que tendría que presentar ante la DGPEyM, similar al que envió a sus accionistas y a los medios de comunicación cuando informó que el Rowan Renaissence partiría de Canarias tras encontrar tan solo gas de baja calidad.
La actitud de Repsol de no renunciar a unos permisos que reconocen que no son rentables choca con la decisión tomada por Cairn Energy en abril de este año, cuando abandonó de manera formal a continuar con los sondeos en Baleares. Un hecho que saltó a la prensa, además de por lo noticioso en sí, porque José Manuel Soria lo ocultó hasta después de las elecciones autonómicas del 24 de mayo.
En la actualidad los permisos concedidos siguen vigentes a expensas de que se pronuncie el TSJM, tribunal al que han acudido tanto el Cabildo de Lanzarote como el de Fuerteventura para que invalide los permisos que el Gobierno de España no ha hecho.