El presidente del Gobierno, Paulino Rivero, convocará la consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas “no antes de finales de septiembre u octubre”, toda vez que el tiempo de la misma no lo marca la voluntad política sino las “cuestiones administrativas” derivadas de los dos decretos que desarrollan el artículo 20 de la Ley de Participación Ciudadana.
Así lo ha asegurado el propio Rivero en su comparecencia ante los medios tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrado en la capital tinerfeña para, entre otras cuestiones, dejar claro que “Los canarios nos crecemos cuando se producen situaciones de injusticia”.
“El Gobierno de España está abusando de Canarias al priorizar los intereses de una empresa frente al de todos los canarios”, dijo Rivero antes de advertir al presidente Mariano Rajoy que “si tiene un problema de partido en Baleares, con Canarias puede tener un problema de Estado”.
Por ello, y por entender que el problema derivado de las prospecciones en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura “ya no es un asunto del Gobierno de Canarias sino del conjunto de la sociedad canaria”, la próxima semana iniciará la ronda de contactos con las principales fuerzas políticas del Archipiélago para “junto a ellos y al resto de los canarios” decidir cómo y cuando se llevará a cabo la consulta.
Opinión clara y nítida
Una consulta que aún tiene tiempo de autorizar el Gobierno de España, pues el 30 de junio vence el plazo para contestar a la petición del Ejecutivo canario, pero que en el caso de que no otorgue 'luz verde', se llevará a cabo en las Islas.
“Los canarios tendrán la posibilidad de expresar su opinión clara y nítida”, ha asegurado Rivero. Y lo harán “en el tiempo que marcan las cuestiones administrativas de aprobación de los dos decretos que desarrollan la Ley, con lo que nos colocamos en el último trimestre del año”.
Paralelamente, el Gobierno canario seguirá con su estrategia de convencer a los grandes accionistas de Repsol (Sacyr y CaixaBank) para paralizar las prospecciones, ya que Rivero asume que “ambos tienen grandes intereses en Canarias y deberán ponderar si los sacrifican” en aras de las prospecciones.
Por ello, ya ha anunciado que el 7 de julio se reunirá con Sacyr y el día 21 con el presidente de Caixa Bank.
“No descarto nada, incluso que renuncien al proyecto, pues de lo contrario no sacrificaría tiempo de mi agenda para hablar con ellos”, insistió el presidente.
Tampoco abandona el presidente su intención de entrevistarse con el rey Felipe VI ni con el propio Rajoy, pues hay prevista una reunión en La Moncloa para el próximo mes en la que, si se mantiene en la agenda, “volveré a expresar cual es nuestra opinión”.
Vía judicial
Port último, y pese a que ha asegurado que paralizar las prospecciones “no es un tema jurídico, sino político y social de gran calado”; lo servicios jurídicos del Ejecutivo regional están trabajando para recurrir la vigente sentencia del Tribunal Supremo.
“Que la sentencia haya sido aprobada por tres votos contra dos demuestra que en el alto tribunal existen serias dudas sobre la legalidad de las autorizaciones”, dijo Rivero.
Aunque no ha querido “desvelar la estrategia”, el presidente sí ha admitido que el Ejecutivo canario usará los dos votos particulares emitidos por los magistrados del Supremo, pues “de ellos se intuye que no se está cumpliendo la normativa europea”.