El ministro de Industria, Turismo y Energía, José Manuel Soria, ha recordado este sábado al Gobierno de Canarias que las prospecciones petrolíferas se llevarán a cabo en aguas del archipiélago si son favorables y que, además, esta es una competencia del Estado.
Soria ha defendido en Las Palmas de Gran Canaria que el Ejecutivo central actúa en base a los compromisos del Gobierno y no con relación “a lo que pueda decir un político u otro”.
“Es necesario contar con diversas fuentes energéticas y reducir la dependencia del exterior”, ha opinado el ministro.
Para Soria, es un objetivo del Ejecutivo reducir esta dependencia y la importación de ese recurso del exterior.
El tema de las prospecciones de hidrocarburos, tanto de gas como de petróleo, es un asunto que “trasciende de las comunidades autónomas”, ya que se acoge a la legislación nacional.
En el caso concreto de Canarias, ha opinado Soria, se harán las prospecciones en aguas territoriales españolas, por lo que las islas no tienen “nada que ver en ellas”.
Lo “único” a lo que puede afectar en el archipiélago es el efecto “netamente positivo” que puede tener para el empleo, la actividad económica, la inversión, la industria, los puertos y, también, para el turismo.
La Ley Turística se estudiará si Canarias reconsidera su postura
Por otra parte el ministro tambíen ha afirmado que si el Gobierno de Canarias reconsidera su postura sobre la Ley Turística se podría estudiar, pero siempre que no contemple requisitos para la construcción de hoteles que sean contrarios a la legislación europea.
“La cuestión de la Ley Turística es muy simple. La UE no permite que en ninguna parte de la Unión pueda haber restricciones en cuanto a la prestación de determinadas actividades de servicio. Y dentro de esas prohibiciones están aquellas que se refieren a lo puedan ser las comunidades para establecer requisitos que no están en el marco legal”, dijo.
Soria agregó que si en Canarias se establecen requisitos para hacer determinados tipos de hoteles que son “incompatibles” con la legislación comunitaria, “pues hay que recurrirlo”.
“Eso es lo que ha hecho el Gobierno ante el TC. Cuestión distinta es que ahora el Ejecutivo canario quiera reconsiderarlo y echarse atrás en este proyecto de ley. Si es así, podemos estudiarlo, pero desde luego, nunca para mantener unos requisitos contrarios a la libertad de actividad económica de los empresarios”, concluyó.