La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha alertado este lunes de que la nueva solicitud para investigar y perforar tierras raras es la mayor de las presentadas hasta ahora, y afecta a casi el 10% de la superficie del municipio de La Oliva.
García hace referencia a la tercera solicitud impulsada por la empresa grupo Satocan y publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado, que abarcaría una superficie superior a los 25 kilómetros cuadrados (71 cuadrículas mineras) del municipio, ha informado el Cabildo majorero en un comunicado.
Se trata de la mayor dimensión presentada hasta ahora, y afecta a zonas tan sensibles como el Barranco de los Encantados, una formación geológica de las más antiguas de la isla declarada Bien de Interés Cultural (BIC), o la Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA) de Lajares, Esquinzo y Costa de Jarubio, entre otros espacios de gran valor paisajístico y natural.
Ante esta nueva solicitud, Lola García ha vuelto a manifestar el rechazo absoluto del Cabildo de Fuerteventura hacia cualquier permiso para perforar la isla en busca de las denominadas tierras raras.
Además, lo tacha de “falta de respeto institucional hacia la isla”, pues “se han cursado tres solicitudes para perforar Fuerteventura en busca de las famosas tierras raras y, en los tres casos, nos hemos enterado a través de una publicación en el Boletín Oficial del Estado”.
En este caso, prosigue García, “resulta aún más indignante, si cabe, ya que tanto la sociedad majorera como el total de las instituciones locales nos hemos posicionado radicalmente en contra de estas prácticas tan dañinas para el territorio y para las personas que aquí vivimos”.
Al mismo tiempo, la presidenta del Cabildo recuerda que tiene un mandato claro de todos los partidos políticos que integran el plenario para ir en contra de las perforaciones.
Debido a que los acuerdos plenarios tomados por el Cabildo y los ayuntamientos afectados no han sido tenidos en cuenta, García ha solicitado “una reunión urgente con el Estado para que se modifique la Ley de Minas, de modo que adapte a las singularidades de Fuerteventura, se priorice la protección del suelo antes que el recurso y podamos apartarnos de una amenaza que terminaría con nuestro modo de vida”.