Un informe realizado por juristas especializados, y solicitado por la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, sobre la validez de las autorizaciones para extraer tierras raras en la isla confirma el incumplimiento de la tramitación.
Este análisis técnico, ha señalado el Cabildo en un comunicado, respalda la posición de la institución insular, que “se opone firmemente a cualquier tipo de extracción en Fuerteventura”, al considerar que dichas actividades son “incompatibles con la normativa vigente”, así como con los valores naturales y culturales de la isla.
La presidenta Lola García ha reafirmado el compromiso del Cabildo en la “defensa de los recursos naturales y culturales”.
La postura insular, ha dicho Lola García, es “clara e inquebrantable: no permitiremos actividades extractivas que pongan en peligro el equilibrio ambiental y el patrimonio y territorio, que es Reserva de la Biosfera”.
Estos informes confirman que “la ley está de nuestro lado” y por ello seguirán utilizando “todas las herramientas legales para proteger Fuerteventura”.
El informe concluye que las solicitudes de permiso de investigación, presentadas por la empresa Tenáridos, presentan deficiencias legales que las hacen contrarias a la ley.
Además, el documento destaca que la actividad proyectada resulta incompatible con el suelo rústico de protección ambiental, cultural y territorial, según lo dispuesto en el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF).
Especialmente, se prohíbe toda actividad extractiva en el entorno de la Montaña de Tindaya en un radio de tres kilómetros.
Existen imprecisiones en los proyectos de investigación y omisiones graves, como la falta del informe previo del órgano ambiental sobre la incidencia en espacios protegidos de la Red Natura 2000, ha destacado el texto.
El informe señala que la denegación de las solicitudes no genera derecho indemnizatorio para la empresa, salvo en casos de negligencia administrativa específica, lo que refuerza la solidez de la posición del Cabildo.
Por otro lado, y con respecto al informe de biodiversidad aportado en el expediente, se concluye que el inventario ambiental presentado es claramente deficiente, dado que no se ha tenido en cuenta prácticamente ningún componente de la biodiversidad en lo que respecta a especies protegidas, hábitats naturales de interés comunitario y espacios integrantes de la Red Natura 2000.
Como consecuencia de lo anterior, se considera que “no se ha realizado una adecuada evaluación del impacto ambiental” de los trabajos incluidos en los proyectos de investigación y sus posibles repercusiones en el medio natural.
La institución insular considera que las resoluciones de admisión a trámite de estas solicitudes son contrarias a Derecho y ha instado a la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias a dejar sin efecto las resoluciones dictadas, retrocediendo los procedimientos al punto previo a la admisión a trámite.
Además, subraya la importancia de evaluar las propuestas bajo estrictos criterios ambientales, territoriales y culturales, para garantizar la protección del territorio.