El Gobierno no reclamará el dinero que pagó por informes plagiados por la productora del fraude de audiencias de la Televisión Canaria

El Gobierno de Canarias no reclamará la devolución del dinero que pagó por dos informes plagiados que entregaron en 2019 la productora Etiazul, S.L., la única beneficiada por el fraude de las audiencias de Televisión Canaria, y 21 Bombillas, S.L., vinculada a la primera. La Consejería de Obras Públicas ha contestado a este periódico, cinco meses después de reclamarle información, que no le corresponde “juzgar la calidad y la finalidad de los trabajos contratados por la anterior directora general de Transportes, ni tampoco la capacidad y solvencia técnica de quienes los realizaron”.

Como adelantó este periódico en noviembre de 2022, los trabajos, efectivamente, fueron contratados en 2019 por la última directora general de Transportes del Gobierno canario, Yasmina García Hernández, en los minutos de descuento de la anterior legislatura. Era consejero de Obras Públicas, del que depende ese departamento, y vicepresidente del Ejecutivo, el secretario general de Coalición Canaria en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, que vuelve a ser candidato al Parlamento autonómico el próximo 28 de mayo. El encargo de ambos trabajos se hizo el 21 de junio de 2019, un día antes de que se firmara el llamado Pacto de las Flores, que ha sustentado hasta ahora al actual Gobierno canario, del que es presidente el socialista Ángel Víctor Torres.

Ninguno de los encargos hechos a Etiazul y 21 Bombillas se corresponden ni con la experiencia ni con el epígrafe fiscal ni con la actividad cotidiana de estas dos empresas. A Etiazul, de la que es administrador único el periodista Pedro Guerra, el Gobierno que presidía Fernando Clavijo le hizo el siguiente encargo: “Redacción del Informe Análisis e Identificación de los retos de conectividad entre Canarias y África para los próximos años”. Por este trabajo, el Gobierno pagó 15.549 euros, Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), incluido, 14.600 sin impuestos, en el límite mismo de los 15.000 euros permitidos para los contratos menores.

A 21 Bombillas, por su parte, se le encargó la “Redacción de Informe Técnico sobre la situación de la gestión de residuos en Puertos Canarios”, según consta en la plataforma de contratación del Estado. Por este trabajo se pagaron al contratista 14.400 euros sin impuestos, 15.336 con IGIC incluido. Al frente de esta empresa se encuentra Gregorio Guerra, hermano de Pedro Guerra y actualmente director de la televisión municipal de Mogán.

Tanto Etiazul como 21 Bombillas se encuentran en estos momentos investigadas por la Fiscalía Anticorrupción por ser beneficiarias de una sucesión de contratos fraccionados en el Ayuntamiento de Mogán que superan en total los 300.000 euros. Ambas empresas se iban alternando presuntamente en la contratación para dar la apariencia de que se trataba de encargos distintos.

El informe de Etiazul sobre la conectividad entre Canarias y África presenta un 50% de plagio, según el programa de verificación empleado en noviembre pasado por este periódico, PlagScan. Hay pasajes que provienen directamente de textos pertenecientes al Gobierno que encarga el trabajo. En total hay 157 resultados copiados de 30 fuentes, todas en línea, es decir, obtenidas gracias a búsquedas en la web.

El segundo informe, el que firmó la mercantil 21 Bombillas, S.L., tiene un mayor grado de plagio, más del 65%, siempre según la misma herramienta de verificación. El encargo de la Dirección General de Transporte consistió en un “informe técnico” sobre la situación de la gestión de residuos en los puertos de titularidad autonómica, es decir, aquellos que no son del Estado, una red portuaria de 16 recintos gestionados por un ente público empresarial, Puertos Canarios, que tiene autonomía propia, aunque depende orgánicamente de la Consejería de Obras Públicas. Por lo tanto, lo primero que llama la atención de este encargo es su procedencia: la Dirección General de Transportes.

El actual Gobierno no considera que deba reclamar la devolución de las cantidades pagadas por dos informes inútiles, ociosos y plagiados, porque “los trabajos se realizaron, están depositados en la sede de la Dirección General de Transportes y están a disposición de cualquier ciudadano que quiera consultarlos a través de los trámites habituales que ampara la Ley de Transparencia de la Administración Pública”.

La actual Consejería de Obras Públicas, de la que es titular el socialista Sebastián Franquis, sólo cree “reprochable el momento elegido por los responsables del anterior Gobierno para encargar estos estudios, en pleno periodo de interinidad, y a pocas semanas de que el Ejecutivo se renovara tras las elecciones autonómicas de 2019, puesto que los mismos no parecen corresponderse con el despacho ordinario de los asuntos públicos que es la función esencial del Gobierno en funciones”.

La empresa Etiazul, editora del digital Tiempo de Canarias, es además titular de la productora de televisión de igual nombre que se vió involucrada en 2022 en un llamativo fraude en la medición de audiencias de Televisión Canaria. Todos los programas que emitió Etiazul en la cadena pública entre 2019 y 2022 se vieron beneficiados por una manipulación en dos audímetros (uno en la provincia de Las Palmas y otro en la de Santa Cruz de Tenerife) que llegaba a incrementar hasta en un 300% las audiencias reales que registraban. El fraude fue de tal proporción que obligó a la consultora internacional Kantar Media, responsable de medir las audiencias televisivas en España, a modificar el algoritmo de medición para evitar que la variable utilizada para beneficiar a Etiazul (el añadido de personas invitadas en los hogares) siguiera siendo tan decisivo.

Televisión Canaria acabó retirando los programas beneficiados por el fraude, que en total supusieron un desembolso de dinero público de más de 3 millones de euros.