La jurista canaria Nieves Cubas, expulsada este jueves de Marruecos junto a otros cuatro españoles, un magistrado y tres abogados, miembros de un colectivo internacional de abogados pro saharauis, ha declarado a su llegada a Gran Canaria que “pasó miedo durante la detención”, además de amenazas y empujones“.
La abogada canaria ha subrayado que “si a nosotros que somos abogados nos engañan sin lectura de derechos ni traductor ni médico ni embajador, qué podrán hacer, como he visto con mis ojos, con estos chicos, los cuales creen que les pertenecen”.
La letrada, que llegó a la capital grancanaria procedente de Casablanca, ha confesado que “nunca” había vivido algo parecido en sus múltiples visitas a Marruecos, ya que “normalmente vamos a los juicios como observadores internacionales” por el Consejo General de Abogacía de España.
Cubas ha relatado que, tras dejar ayer las pertenencias en el hotel y salir a comer, golpearon “con agresividad” la puerta y les solicitaron el pasaporte para un “control rutinario”.
“Nos retiraron los pasaportes en el hotel y nos metieron en un furgón”, que les condujo a la comisaria.
La abogada canaria ha proseguido que, en la comisaría, les exigieron que depositaran “todos los dispositivos electrónicos” y les colocaron en habitaciones diferentes.
“Fuimos engañados a la comisaría porque nos dijeron que era una mera formalidad, pero fue una encerrona. Nos dijeron que firmáramos unos papeles que no estaban en español. Exigimos un intérprete para saber qué querían que firmáramos y se ofreció un policía que hablaba español, pero para nada, queríamos un intérprete”, ha afirmado.
Cubas ha asegurado que no se iban a mover hasta que viniera el cónsul, el embajador o un funcionario que les garantizara su salida.
La abogada canaria ha agregado que el cónsul español “nos aconsejó por cómo están las cosas tras los últimos acontecimientos, que no quería irnos a visitar a la prisión. Cedimos porque estaba nuestra seguridad en juego”, ha apuntado.
Cubas formaba parte de una delegación internacional de juristas compuesta, además de por los cinco españoles, dos franceses y un belga, que pretendía conocer la situación de los presos políticos de Gdeim Izik.
Por su parte, el ministro marroquí de Comunicación y portavoz del Gobierno, Mustafa Jalfi, aseguró este jueves que su país “ejerció su soberanía” al expulsar a los cinco juristas españoles. Añadió que esta expulsión se hizo “en el marco de la ley que rige la entrada de extranjeros en Marruecos”, y porque el objetivo final era “evitar las perturbaciones y los atentados contra el orden público”.
“No permitiremos bajo ningún concepto que nadie se aproveche del clima de apertura y libertades que vive el país con el fin de atentar contra su soberanía”, dijo el ministro.
Jalfi dijo que sus palabras no presuponen el contenido del mensaje que el embajador marroquí en España, que ha sido convocado por el ministerio de Exteriores para ofrecer explicaciones sobre lo sucedido, dará a sus interlocutores en Madrid.
Abogados por el Cambio rechaza la expulsión
La Asociación Abogados por el Cambio ha expresado su “enérgico rechazo” a la expulsión de Marruecos a cinco juristas españoles. En este sentido, exige se “garanticen los derechos” deontológicos y profesionales de la abogacía en el ejercicio del derecho de defensa y se investigue por parte de las autoridades españolas el tratamiento recibido por los afectados en la detención y expulsión ordenada por los representantes del Gobierno marroquí que les impidió culminar el ejercicio profesional de sus cometidos.
A su juicio, con este tipo de acciones y presiones “no se respetan los derechos de los juristas de prestar asesoramiento legal y efectivas muestras de solidaridad a presos en huelga de hambre en cárceles de Marruecos”.
Con esta medida por parte del Gobierno de Marruecos se impide a los juristas ofrecer el apoyo que necesitaba el grupo de presos saharauis en huelga de hambre en la prisión de Sale durante 36 días “para protestar”, según argumentan los presos, “contra la tortura y la detención arbitraria”.
Abogados por el Cambio pide que la UE actúe de forma “contundente contra la expulsión de Abogados en el libre ejercicio de asesoramiento legal y actividad solidaria en el marco de los Derechos Humanos reconocido y auspiciados por la ONU”.