MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
Unos 19,8 millones de iraquíes se disponen a acudir el domingo a las urnas en las segundas elecciones parlamentarias en Irak tras la caída del régimen de Sadam Husein; unos comicios que se celebran después que las instituciones políticas iraquíes consiguieran superar, a medio camino entre la voluntad y el compromiso, dos gravísimos escollos que en cualquier otro contexto hubieran supuesto una parálisis política total: la anulación inicial de más de 500 candidaturas suníes de asociados al partido Baaz del fallecido ex dictador iraquí y la costosa reforma de ley electoral para la Gobernación de Kirkuk.
Nadie desea que se repita la misma situación de 2005, cuando las fuerzas políticas suníes se cerraron en banda y organizaron un boicot que arrastró al país al borde de la guerra civil. Cinco años después, la situación es diametralmente distinta: los suníes no sólo han mostrado su voluntad de participar, sino que incluso han organizado tímidas campañas para llamar al voto ciudadano.
Su objetivo es despejar cualquier duda sobre el regreso a un enfrentamiento sectario, pero el repunte de la violencia registrado en febrero --352 muertos-- y el aumento del índice de abstención (se espera un 64 por ciento de participación, frente al 80 por ciento de 2005) podrían hacer peligrar su meta.
Las siempre poco fiables encuestas en Irak conceden ventaja a la coalición Estado de Derecho del primer ministro Nuri al Maliki, que ostenta una ventaja de unos ocho puntos respecto de su principal rival, la alianza secular Al Iraquiya del ex primer ministro Iyad Allawi. En tercer lugar se encuentra la Alianza Nacional Iraquí, que aglutina a los principales partidos chiíes del país: entre ellos el Consejo Islámico Supremo y el bloque parlamentario del clérigo Muqtada al Sadr, una de las figuras más influyentes del país árabe.
En paralelo a las elecciones, también se celebrará el domingo un referéndum sobre el Acuerdo para el Estatus de las Fuerzas, el texto que regula la retirada de las fuerzas estadounidenses de Irak que se espera concluya a finales de 2011. Es un referéndum concebido para “corregir o reformar” el acuerdo, según indicó el actual vicepresidente segundo de Irak, Tariq Al Hashimi.
OBSTÁCULOS
Más de 6.200 candidatos se presentan a los 325 escaños del ampliado Consejo de Representantes bajo un sistema de listas abiertas, un modelo con el que se ha experimentado en las elecciones locales de principios de año y que concede un mayor margen de maniobra que el sistema cerrado de los comicios de 2005, donde los votantes podían tachar de la papeleta grupos políticos enteros, en lugar de candidatos uno por uno.
El sistema fue cambiado a petición de la Misión de Naciones Unidas en Irak (la UNAMI) y sólo ha contado con la oposición de los grupos más extremistas, como el representado por el clérigo Alí al Sistani. El resto de facciones parece haberlo aceptado de buen grado.
Sin embargo, el camino no ha sido fácil. La ley electoral ha sido pospuesta en una decena de ocasiones, lo que evidencia la clara disensión que todavía existe entre las fuerzas políticas iraquíes. La primera gran disputa tuvo lugar sobre la aplicación de la ley electoral el estatus de Kirkuk, una región enormemente rica en petróleo que es escenario de tensiones étnicas entre kurdos --que desean incorporarla al autónomo Kurdistán iraquí-- y árabes y turcomanos --simpatizantes del Gobierno de Bagdad--.
Finalmente, tal y como se decidió el 8 de noviembre, Kirkuk celebrará las elecciones como el resto del país, pero la negociación entre las fuerzas políticas desembocó en el retraso de los comicios. Los resultados de las elecciones en Kirkuk serán provisionales, sujetos a revisión por una comisión mixta formada por miembros de la Comisión Electoral, Parlamento, Gobierno y UNAMI durante los primeros 12 meses tras la celebración de las elecciones.
Este conflicto no hizo más que servir de precedente a la gran amenaza para estos comicios, la decisión adoptada el 15 de enero por la Comisión de Responsabilidad y Justicia (AJC) iraquí por la que se prohibió el acceso a las elecciones a 511 miembros presuntamente conectados al partido Baaz de Sadam Husein. Para el ICG fue una decisión aceptada “a ciegas” por la Comisión Electoral y, en última instancia, por el Gobierno de Nuri Al Maliki, que amenazaba con comprometer el proceso político en Irak.
Las repercusiones se extendieron a todos los ámbitos: se dudó de la legitimidad de la Comisión de Responsabilidad y Justicia, de la credibilidad del estamento judicial iraquí y, finalmente, de la validez de todo el proceso electoral, en buena parte porque algunos de los miembros de la AJC se habían presentado a los comicios en calidad de candidatos. Se llegó a especular con una jugarreta sectaria para prolongar en el poder a Al Maliki y reabrió viejas heridas de la política iraquí.
Desde entonces, el Gobierno se ha desdicho parcialmente. Sin embargo, 145 candidatos todavía tienen prohibida su participación en los comicios.
LA OPORTUNIDAD DE AL MALIKI
Aunque se espera que ninguno de los partidos obtenga una mayoría absoluta en las elecciones de este fin de semana, si la coalición de del primer ministro obtiene los votos suficientes para dirigir el próximo Gobierno iraquí, lo más probable es que Al Maliki intente consolidar los avances de seguridad antes del retiro de tropas de Estados Unidos y terminar las disputas políticas que socavan la estabilidad.
Sus recientes discursos volvieron a tocar temas como la lucha contra el terrorismo y terminar con el partido Baath de Saddam Hussein y con el nacionalismo, que prevalecen en el periodo post 2003 sobre los conflictos sectarios.
Más recientemente, Al Maliki ha añadido una nueva tarea a su campaña: desacreditar a sus rivales mostrándose como el candidato que hace cosas. “En la Coalición por el Estado de Derecho no decimos que queremos trabajar, porque hemos trabajado (...) No decimos que queremos lograr la soberanía, porque la hemos logrado. Pero ahora queremos completar lo que hemos comenzado”, dijo a los líderes tribales esta semana, en declaraciones recogidas por Reuters.
Pero las cosas no serán tan fáciles para Maliki, de 59 años, como lo fueron en el 2006. Más aún después de los sangrientos ataques a ministerios y otros símbolos del poder del Estado. Desde el miércoles, al menos 45 personas muerto en violentos asaltos. El último perpetrado este sábado en la ciudad santa de Nayaf, donde un coche bomba se ha cobrado la vida de cuatro peregrinos iraníes de visita a la sagrada mezquita del imán Alí.