Marruecos está promoviendo la candidatura de un jurista sin experiencia en la materia y partidario de la ocupación del Sáhara Occidental para formar parte de la Comisión sobre los Límites de la Plataforma Continental, un órgano científico de la ONU encargado de autorizar a los estados la definición de sus fronteras marítimas más allá de las 200 millas náuticas.
Según denuncia la organización Western Sahara Resource Watch (WSRW), Rabat ha remitido cartas a distintos Estados miembro de la ONU para pedirles su respaldo a Miloud Loukili, un jurista con una dilatada carrera y conocimientos sobre el Derecho del Mar pero sin experiencia en el ámbito del que se encarga esta comisión.
Dicha comisión está compuesta por 21 miembros elegidos por un periodo de cinco años y, de acuerdo con la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar en la que se sustenta este órgano, estos deben ser “expertos en geología, geofísica o hidrografía”, un requisito que, según denuncia WSRW, el candidato marroquí no cumpliría.
Aunque los miembros de la comisión ejercen a título personal, la organización prosaharaui pone el acento en que Loukili “es un firme defensor de la postura del Gobierno marroquí en lo relativo al 'Sáhara marroquí'” y se remite en un comunicado a algunas declaraciones suyas en este sentido en el pasado.
Asimismo, se hace eco de un artículo publicado en 2021 en la revista Marine et Oceans en el que Loukili, que se presenta como profesor de Derecho del Mar en la Universidad Mohamed V, habla de la comisión de la que ahora quiere formar parte.
En él, recuerda que Marruecos remitió en 2015 a esta comisión “su informe sobre las informaciones preliminares e indicativas sobre la extensión prevista de su plataforma continental”. Posteriormente, en 2017, volvió a confirmar “su demanda de extensión de la plataforma continental, a la espera de la posterior presentación de un informe técnico, como prevé la Convención de Montego Bay”, escribe el jurista, en referencia a la Convención sobre el Derecho del Mar.
El cometido de esta comisión es decidir sobre la delimitación de los límites continentales y por tanto definir dónde acaba esta, una cuestión relevante en aquellos casos donde la plataforma continental va más allá de las 200 millas náuticas que abarca la Zona Económica Exclusiva (ZEE).
Actualmente, la Comisión sobre los Límites de la Plataforma Continental tiene entre manos más de 90 asuntos que dirimir, entre los que no figura aún formalmente el de Marruecos. Entre ellos sí que hay tres presentados por España, entre ellos uno relativo a la extensión de la plataforma continental en las islas Canarias.
Solicitud de España
Esta cuestión se trató en la sesión de la comisión celebrada en 2015. Según el informe de la misma, el Gobierno español defendió que el área de plataforma continental que reclamaba “no era objeto de disputas, pese al hecho de que algunas de sus partes son objeto de reclamaciones de solapamiento”.
Entonces, los representantes del Ejecutivo dejaron clara la disposición de España a resolver cualquier cuestión sobre la delimitación por la vía diplomática con Portugal una vez este órgano de la ONU revisara los recursos presentados por los dos países.
En lo relativo a las reservas manifestadas por Marruecos, según el citado informe de la Comisión de la ONU, advirtieron de que podrían superponerse en caso de una futura solicitud “respecto a la placa continental más allá de las 200 millas náuticas del territorio del Sáhara Occidental, que es un territorio no autónomo objeto de un proceso de descolonización”.
En este sentido, los representantes del Gobierno expresaron “la voluntad de España de negociar una solución justa, basada en el Derecho Internacional, tanto con Portugal como con la entidad en control soberano de la costa y el territorio del Sáhara Occidental, una vez el proceso de desconolización se dé por concluido”.
La elección de los nuevos miembros de la Comisión sobre los Límites de la Plataforma Continental, que tiene su sede en Nueva York, tendrá lugar a mediados de junio y de ella saldrán los nuevos 21 integrantes para un mandato de cinco años.
Para que el candidato marroquí sea elegido tiene que recibir una mayoría de dos tercios de los votos de los estados miembro de la Convención sobre el Derecho del Mar, de la que forman parte la práctica mayoría de los miembros de la ONU.