Una cosa es la teoría y otra la práctica. La decisión del Gobierno de apoyar la propuesta de Marruecos sobre el Sáhara Occidental ha generado sorpresa tanto dentro como fuera de España. Los partidos que sustentan al ejecutivo, los de la oposición y Argelia -actor fundamental en este conflicto- aseguran que, hasta el viernes -cuando Rabat hizo pública la carta remitida por Pedro Sánchez al rey marroquí-, desconocían que iba a producirse este cambio de rumbo tan trascendental en materia de política exterior.
El nuevo relato sobre cómo debe resolverse este contencioso, además de tener un difícil encaje por parte de la sociedad española, que ha mantenido históricamente un vínculo sentimental con la causa del pueblo saharaui, convierte el derecho internacional, una vez más, en papel mojado. Hacerlo precisamente cuando ese mismo derecho internacional se usa al otro lado del mundo como argumento para intentar frenar las ansias imperialistas de Vladimir Putin solo genera desconfianza en la clase política.
Todavía no sabemos qué implicaciones tendrá la decisión del Gobierno que preside Pedro Sánchez. De momento, Argelia, el segundo país que más gas suministra a España (acaba de ser adelantado por Estados Unidos como principal proveedor) y que compite con Marruecos por la hegemonía en la región, ha llamado a consultas a su embajador. Se desconoce si se trata de una escenificación dentro de una estrategia pactada o si tendrá efectos en su política energética, algo que siempre entraña peligros, pero más cuando Europa intenta reducir su dependencia de hidrocarburos procedentes de Rusia.
Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Y por qué importa tanto que España cambie su postura sobre este conflicto?
El Sáhara Occidental, pendiente de descolonizar desde 1963.
Naciones Unidas se fundó en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, y 15 años más tarde se sentaron las bases legales para poner fin al colonialismo. Para ello, en 1960 se aprobó la Declaración sobre la Concesión de Independencia a los Países y Pueblos Coloniales y en 1961 se fundó el Comité Especial de Descolonización.
En 1955, España ingresó como miembro de pleno derecho en la organización, y ya entonces esta le había preguntado si administraba algún territorio no autónomo. Al principio las respuestas siempre fueron negativas, hasta que en 1958 el ejecutivo español, para esquivar los cuestionamientos de la ONU, matizó su discurso y sostuvo que no tenía colonias, pero sí provincias. Una de ellas, el Sáhara Occidental.
El texto aprobado por Naciones Unidas en 1960 señalaba con claridad que todos los pueblos que reuniesen los requisitos necesarios podían hacer efectivo el derecho a la autodeterminación y advertía de que las carencias políticas, sociales o económicas no eran excusa para retrasar el proceso de independencia. Finalmente, el Sáhara Occidental fue incluido en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas en 1963.
Pero, ¿cómo había llegado España a administrar el Sáhara?
Hasta bien entrado el siglo XIX, la presencia europea en África era escasa. Las potencias que se habían implantado en el continente vecino lo habían hecho, sobre todo, en enclaves costeros. A partir del último cuarto de la centuria, África empieza a despertar gran interés. Las sociedades geográficas comienzan a promover expediciones con objetivos académicos y se descubren materias primas. Los países ricos ven en estos hallazgos la posibilidad de emprender una nueva revolución industrial. A fin de cuentas, en esa época no hacían falta demasiadas justificaciones para ocupar un territorio. Los problemas surgieron cuando las naciones conquistadoras coincidieron en sus ambiciones expansionistas. La celebración de la Conferencia de Berlín, que se llevó a cabo del 15 de noviembre de 1884 al 26 de febrero de 1885, sentó las bases de un nuevo colonialismo europeo y convirtió el Sáhara en una colonia española.
Los problemas para los conquistadores surgieron al concluir la Segunda Guerra Mundial, momento en el que los movimientos independentistas empezaron a generar quebraderos de cabeza a los gobiernos de las metrópolis. España se deshizo de sus últimas posesiones en el continente, firmando con Marruecos y Mauritania los polémicos Acuerdos de Madrid. Sucedió en 1975, en pleno ocaso del franquismo. Nuestro país incumplía así las exigencias internacionales de llevar a cabo la descolonización del Sáhara. Estos acuerdos se suscribieron pocos días después de que tuviera lugar la Marcha Verde.
Cuando España finalmente se retiró del Sáhara, en 1976, el Frente Polisario, que había nacido unos años antes, proclamó la independencia de la República Árabe Saharaui Democrática.
Desde hace décadas, Naciones Unidas ha reiterado en sus resoluciones que la vía para acabar con este conflicto pasa por la convocatoria de un referéndum entre la población saharaui que le permita decidir si quiere formar parte del Reino de Marruecos o constituirse en un estado independiente.
¿Qué validez tienen estos acuerdos?
Los acuerdos firmados por España, Marruecos y Mauritania han sido ampliamente cuestionados por la doctrina jurídica. Naciones Unidas nunca los consideró válidos y no modificó el estatus de territorio pendiente de descolonizar del Sáhara Occidental. La nulidad de los acuerdos la dejó clara el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), que en 1975 concluyó que nunca habían existido vínculos de soberanía territorial entre el Sáhara y Marruecos o Mauritania, lo que significa que España no podía hacer el traspaso de poder de ese territorio a estos estados.
Según el TIJ, solo existían vínculos de vasallaje entre ciertas poblaciones nómadas del territorio y el sultán marroquí. Además, el tribunal también insistía en que el proceso de descolonización del Sáhara estaba regido por el reconocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui porque la descolonización no afectaba a la integridad territorial de Marruecos.
El propio subsecretario general de Naciones Unidas y consejero jurídico de la organización, Hans Corell, emitió un dictamen el 22 de enero de 2002 en el que señaló que el acuerdo no transfirió la soberanía sobre el territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de potencia administradora, condición que España, por sí sola, no podía haber transferido unilateralmente.
Por ello, desde entonces se ha considerado que España es la potencia administradora de iure de este territorio, aunque de facto esas competencias las ejerza Marruecos.
¿Qué autoridad tiene Marruecos para firmar acuerdos internacionales que incluyan recursos del Sáhara?
Durante todos estos años la Unión Europea ha llegado a acuerdos con Marruecos que implican recursos del Sáhara Occidental. Al no ser la potencia administradora, sino ocupante, Marruecos no puede, en teoría, concertar tratados internacionales que afecten a este territorio. Si lo fuera, estaría autorizada para negociar con las aguas del Sáhara, pero siempre que los beneficios fueran a parar a la colonia.
Por otro lado, la Unión Europea está obligada a respetar la Carta de Naciones Unidas y no puede, en teoría, actuar contra el derecho a la libre determinación de los pueblos y las naciones sobre sus recursos naturales. Esto significa que no tiene capacidad para negociar con Marruecos sobre las aguas del Sáhara Occidental ni sobre otros recursos naturales.
Esta doctrina, no obstante, no es compartida por todos los expertos en la materia. Algunos sostienen que el hecho de que la UE haya pescado siempre en la zona que le corresponde al Sáhara evidencia que se reconoce la soberanía de Marruecos sobre estas aguas.
A pesar de estas interpretaciones que avalan la teoría de Marruecos, la certeza de que las decisiones comunitarias sortean la legalidad engendra debates en la opinión pública siempre que el acuerdo de pesca llega a su fin. Al final, por mucho que diga el derecho internacional, los acuerdos se firman incluyendo los recursos del banco sahariano. El Parlamento europeo es consciente de ello y, a sabiendas de esta realidad, en ocasiones ha optado por introducir alguna enmienda al acuerdo que especifica que las contrapartidas financieras europeas también deben utilizarse en favor del desarrollo de la población del Sáhara Occidental.
¿Desde cuándo defiende Marruecos esta fórmula para solucionar el conflicto?
Según escribe Henri-Louis Vedie en su libro -de clara orientación promarroquí- “El desarrollo de las provincias del sur (1999-2019), Argelia, Marruecos y Naciones Unidas estaban de acuerdo en llevar a cabo un referéndum y aceptaban que el censo electoral fuera el establecido por España en 1974, que incorporaba a 74.000 saharauis. Nunca hubo consenso sobre quiénes podían participar en la consulta. Desde 2007 Marruecos impulsó en Naciones Unidas una nueva propuesta de salida del conflicto que consistía en otorgar autonomía al Sáhara, pero siempre bajo el paraguas del estado marroquí. Estados Unidos, Francia y, recientemente, Alemania apoyan, en mayor o menor grado, esta opción.
Una realidad difícil de aceptar.
Que parte de la sociedad española asuma este giro en política exterior no parece, a priori, una tarea sencilla. Por los lazos sentimentales que nos unen con el Sáhara, por la responsabilidad del Estado español en el fallido proceso de descolonización y porque esta decisión da la razón a la forma de actuar de Marruecos. El mensaje es que es mejor ser pragmáticos que justos y que la política de los hechos consumados funciona. Ignoramos si esto beneficiará o no a España a medio plazo. Lo que sí sabemos es que el reino alauita ha utilizado en más de una ocasión el chantaje como moneda de cambio y que esto puede darle alas.
Según nuestra Constitución, el presidente del Gobierno es el encargado de definir la política exterior del país, pero no parece que sea buena idea hacerlo sin defender su decisión ante el Congreso de los Diputados ni informar al resto de miembros del Gobierno. El tiempo dirá cómo de fiable será a partir de ahora Marruecos, cómo de atado estaba este giro histórico sobre el Sáhara Occidental y cómo se reconfigura el tablero geopolítico.