Una puerta de hierro con numerosos cierres interiores se superpone a otra de madera para reforzar la seguridad de una vivienda de residentes saharauis en El Aaiún. La muestra la periodista Hayat Khattari en un reportaje que elaboró en noviembre de 2018 para la RASD TV, medio del Frente Polisario. En la capital del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, las personas que ejercen activismo o la defensa de derechos humanos aumentan su protección por “miedo a que las autoridades entren en sus casas”, cuenta Khattari. Por ejercer como periodista, añade, ha sufrido represalias, desde vigilancia constante a detenciones arbitrarias o agresiones. “Es algo que ocurre con frecuencia a los activistas saharauis”, señala, y también con aquellos que tratan de informar sobre lo que sucede en el territorio al margen de la oficialidad de Rabat.
En 2019, el informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF) titulado Sáhara Occidental: un desierto para el periodismo, denunciaba que Marruecos -que ocupa el puesto número 135 de 180 en la clasificación mundial de la libertad de prensa- “maneja con mano de hierro la información dentro el territorio”. Las “torturas, detenciones, malos tratos, persecuciones, acoso, hostigamientos, calumnias, difamaciones, sabotajes tecnológicos y abultadas penas de cárcel, en condiciones deplorables, constituyen el día a día de los periodistas saharauis”, exponía el trabajo elaborado por Edith R. Cachera, corresponsal en España de RSF.
El Sáhara Occidental es un territorio no autónomo según la ONU, que desde 1963 defiende el derecho de autodeterminación de su población mediante un proceso que permita elegir entre la independencia o la anexión a Marruecos. El rechazo de Rabat a celebrar el referéndum ha impedido la resolución de un conflicto que se prolonga durante 46 años, desde que España abandonara el territorio tras casi un siglo bajo su soberanía. Para el rey de Marruecos Mohamed VI, el Sáhara Occidental es innegociable y tan solo apoya una salida: la autonomía para el territorio, pero bajo soberanía marroquí. El Frente Polisario, por otro lado, sigue manteniendo su defensa de la celebración de un referéndum, como apoyó Rabat durante los acuerdos de paz de 1991 (tras 17 años de guerra), pero incumplió durante la elaboración del censo para votar.
Desde noviembre de 2020, el Frente Polisario declaró el final del alto al fuego, al denunciar los ataques de Marruecos a manifestantes saharauis que obstruyeron, entre octubre y noviembre de 2020, el tráfico en el paso fronterizo de Guerguerat con Mauritania, para pedir la liberación de presos políticos y reclamar el referéndum. Este paso es considerado por los saharauis como territorio liberado (el área al este del muro que separa las zonas ocupadas por Rabat) y para Marruecos, es un punto importante en el tráfico de mercancías.
Un año y medio después, el conflicto ha vuelto a cobrar relevancia mediática, cuando el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, mostró su apoyo a la propuesta marroquí sobre el Sáhara Occidental, como la “más seria y creíble” en una carta enviada a Mohamed VI. El 8 de junio, Sánchez se ratificaba en su postura en el Congreso y, un día después, Argelia, que apoya al Frente Polisario desde su creación en 1973 y mantiene una confrontación con Rabat, suspendía el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, suscrito desde hace 20 años. El 9 de junio, la Presidencia argelina emitía un comunicado anunciado su decisión ante “el giro injustificable” de dar su “pleno apoyo” a la fórmula “ilegal e ilegítima” de autonomía preconizada por la “potencia ocupante”.
En medio del contencioso, los saharauis que habitan en territorio ocupado continúan tratando de visibilizar su situación. “Una de las políticas sistemáticas de Marruecos es presionar a los periodistas”, señala Khattari, porque “es una de las cosas que Rabat teme”. En Marruecos, según el informe de RSF, los medios de comunicación están controlados por la familia real y por empresarios próximos al poder. “La libertad de información brilla por su ausencia”, algo que el documento achaca, en parte, a “la mano de hierro que aplica con los periodistas molestos del Rif y el Sáhara Occidental”. En el territorio ocupado “no hay prensa libre, no hay medios independientes, ni periodistas saharauis reconocidos como tales por las autoridades marroquíes, ni siquiera hay una facultad de periodismo en el Aaiún porque en el Sáhara Occidental no hay universidades”, explica el informe. En lo que Rabat denomina sus provincias del sur, existen delegaciones de la radio y la televisión pública marroquíes, además de diarios digitales “de clara línea oficialista”. De hecho, los medios solo se refieren al territorio como “provincias del Sur” o “Sáhara marroquí”; decir en la televisión, radio o prensa “Sáhara Occidental”, puede conllevar al despido.
Khattari comenzó a colaborar con RASD TV, que tiene su base en Tindouf (donde habitan los refugiados saharauis), después de las protestas de Gdeim Izik. “La situación era caótica y la televisión saharaui necesitaba corresponsales que reportaran la situación”, recuerda. En octubre de 2010, a unos 15 kilómetros de la ciudad de El Aaiún, un grupo de saharauis comenzó a acampar con jaimas para reclamar mejores condiciones de vida. Rápidamente se convirtió en la mayor protesta de los saharauis desde que España abandonara el territorio. La acción fue duramente reprimida por Marruecos, que también expulsó a los observadores internacionales que acudieron a la zona, entre ellos, periodistas. La represión de Rabat suscitó denuncias de Human Right Watch o del Parlamento europeo.
Tras el desalojo, se celebró el denominado macrojuicio de Gdeim Izik en el que se juzgó, por un tribunal militar, a 25 civiles acusados de asesinar a 11 agentes marroquíes. El proceso “contó con todos los ingredientes que anulan las garantías de un proceso justo y sitúan a un país como enemigo de los derechos fundamentales”, señala el informe de RSF, pues “las pruebas en las que se fundamentaron las condenas eran confesiones extraídas a los procesados mediante torturas y las condenas impuestas, de una dureza extrema”. Nueve fueron condenados a cadenas perpetuas y el resto, a entre 20 y 30 años de cárcel. Entre ellos, estaban los periodistas El Bachir Khadda (20 años de prisión), Hassan Dah (25 años), Mohamed Lamin Haddi (25 años) y Abdellahi Lakhfawni (cadena perpetua), que continúan en prisión.
Todos fueron sentenciados por “pertenencia a banda armada, utilización de la violencia contra funcionarios en el ejercicio de sus funciones, ocasionar la muerte por empleo de la violencia de agentes marroquíes, profanación de un cadáver [no en todos los casos] y atentar contra la seguridad interior de Marruecos”, según refleja el informe de RSF. Khattari añade que “fabrican cargos, no dicen que los meten en la cárcel por ser periodistas, sino que forman parte de una organización criminal o terrorista, todas las condenas son parecidas”.
A sus 32 años, Khattari cuenta que, fuera de sus colaboraciones con RASD TV, no consigue trabajo en la ciudad. Vive con su familia “siempre bajo vigilancia constante”, después de divorciarse de su marido. Asegura que, por la labor que ella hacía, “le cortaron el salario que recibía del Ayuntamiento y le garantizaron que, si se separaba, lo recuperaría pero, si seguía conmigo, no tendría beneficios de ningún recurso”. En la actualidad, dice que estudia periodismo en un instituto que abrió hace poco en la avenida Smara. “La policía marroquí fue al instituto a preguntar por qué me aceptaron”, recuerda.
También rememora que durante el día de la radio, se celebró una competición de reportajes al que ella presentó uno sobre la vinculación entre este medio y los saharauis. Quiso mostrar la importancia de la radio para la población en el desierto, donde no tienen internet, pero también en las ciudades. “Gané, pero lo retiraron; el premio tenía lugar en la casa de la cultura y estaban invitados muchos oficiales marroquíes. Luego en el instituto me pidieron disculpas”, explica.
Las redes sociales, una grieta en el bloqueo informativo
Aunque RASD TV permite conocer las acciones de represión marroquí contra los saharauis, el informe de RSF critica que se basa en consignas propagandísticas en contra de Marruecos y a favor de la autodeterminación del Sáhara Occidental. Junto a RASD Radio, eran los únicos medios para acceder a la información hasta la llegada de internet y las redes sociales. A pesar de las temidas represalias que conllevan realizar manifestaciones en favor del referéndum, en ciudades como El Aaiún o Dajla, se suceden cada cierto tiempo protestas de la población saharaui. Y medios surgidos al albor de las redes sociales tratan de visibilizarlas.
Uno de ellos es Equipe Media, creado en 2009 por un grupo de activistas. Ahmed Ettanji, uno de sus fundadores y actual presidente, recuerda que el objetivo era “romper el bloqueo informativo y desmentir la propaganda marroquí, que vende al mundo que no existen violaciones de los derechos humanos”. Sus primeros trabajos fueron “grabar manifestaciones”, incluso “una era de un grupo de canarios que fueron a El Aaiún para hacer una protesta y fueron agredidos por la policía en 2009”.
Ettanji nació en El Aaiún. En la escuela “estudiaba dariya” (el árabe marroquí, mientras que los saharauis hablan hassanía) y le enseñaban “a ser marroquí”. No entendía por qué, desde niño, sufría “discriminación” pero, en su adolescencia, comenzó a tomar conciencia de “la ocupación” y creció “con la idea de que había que hacer algo”. Ahora, son más de 20 personas las que colaboran activamente con Equipe Media. Su labor inicial se ha expandido y también se han convertido en una fuente de información fiable de medios extranjeros, como las agencias de noticias o Reporteros Sin Fronteras, además de ejercer como enlace para periodistas que entran en el Sáhara Occidental.
Debido al trabajo que desarrollan desde los territorios ocupados, Ettanji señala que varios miembros de Equipe Media han sufrido las represiones de Rabat. “Yo he sufrido detenciones arbitrarias, amenazas, torturas y vigilancia constante por la policía marroquí, incluso amenazas a mi familia o arrestos domiciliarios”, añade. En concreto, expone que el día de su boda, en noviembre de 2020, en la capital del Sáhara Occidental, autoridades marroquíes rodearon su domicilio y el de su esposa, Naza el Khalidi, imponiendo un “arresto domiciliario” e impidiendo que los invitados pudieran acudir al domicilio de la pareja. Tan solo argumentaban que el despliegue estaba relacionado con el cumplimiento de las medidas contra el Covid-19.
El Khalidi también ha sido objetivo de represalias. Reportera y corresponsal para Equipe Média y RASD TV, además de activista, fue detenida en diciembre de 2018 tras retransmitir una manifestación en El Aaiún en apoyo a la reanudación de las conversaciones entre Marruecos y el Polisario, según el informe de RSF. Fue acusada del delito recogido en el artículo 381 del código penal marroquí que prohíbe trabajar sin credenciales que la identifiquen como periodista. En julio de 2019, fue multada tras la celebración de un juicio en el que expulsaron a cinco abogados españoles, entre ellos Inés Miranda (consejera del Cabildo de Gran Canaria y vicepresidenta de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental) que viajaron a El Aaiún, junto a dos observadores de una ONG noruega, para asistir a la vista oral. El caso fue denunciado por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, que mostró su preocupación por las graves restricciones que suponía aplicar el artículo 381.
Desde las azoteas
Para desarrollar su trabajo en el Sáhara Occidental, Ettanji explica que tratan de tomar todas las precauciones posibles. “No podemos trabajar en la calle y lo tenemos que hacer de forma clandestina”, señala. La forma de ejercer su labor se refleja en el documental Tres cámaras robadas, producido en colaboración con la sueca RåFILM. Horas antes de una manifestación o protesta, uno de los miembros de Equipe Media acude a una azotea cercana para documentar las escenas mientras otro colaborador vigila; uno se queda con la cámara y el otro con la tarjeta. “Los llaman francotiradores”, remarca Ettanji.
A pesar de los planes de seguridad, en ocasiones son detectados. Fue el caso de Mohamed Bambari, condenado a seis años de prisión. En Dajla (antigua Villa Cisneros), en septiembre de 2011 un partido de fútbol que enfrentaba a un equipo de la ciudad con otro de Casablanca acabó en trifulca entre los aficionados marroquíes y saharauis. Los disturbios se prolongaron hasta el día siguiente y, según el informe de RSF, hubo siete muertos, entre ellos dos agentes de policía. Bambari grabó los sucesos y, cuatro años después, cuando fue a renovar su documento de identidad en una comisaría, fue detenido. Se le acusó de “pertenecer a una banda criminal, participar en un asesinato, realizar disturbios en la vía pública, participar en una pelea con desenlace fatal, sabotear efectos de interés público y cometer actos de violencia contra funcionarios”.
Este caso también tuvo repercusión internacional y llevó, en septiembre de 2018, al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas a instar a las autoridades marroquíes a la liberación Bambari y a repararle e indemnizarle. Ettanji cuenta que fue liberado el 26 de septiembre de 2021, un mes después de que expiara su condena. “Su primer acto al ser liberado fue visitar la tumba de sus padres, ambos fallecidos mientras él estaba encarcelado”, refleja. “Salió con muchas secuelas, por las torturas”, añade. Desde entonces está sometido a vigilancia constante y se le prohíbe trabajar en el puerto de Dajla, como hacía antes de ser encarcelado. En la actualidad, permanecen cuatro periodistas saharauis encarcelados. Además de los dos condenados tras las protestas de Gdeim Izik, están en prisión Walid El Batal (seis años); Khatri Dada (20 años).
Marruecos no solo aplica sus represalias a los periodistas saharauis que ejercen en territorio ocupado. También la entrada de reporteros está condicionada por Rabat, que ejerce el control en los aeropuertos o en las entradas terrestres al Sáhara Occidental. Salvo por acontecimientos como la Marcha Verde, la guerra entre Marruecos y el Polisario, las protestas de Gdeim Izik o, ahora, el giro de Sánchez respecto a su postura, el conflicto queda relegado al olvido. Y los corresponsales en Rabat se ven condicionados para poder permanecer. “Marruecos trata de garantizar que la información no salga ni tampoco entre en la zona”, manifiesta el informe de RSF.
Durante las protestas de Gdeim Izik, el documento corrobora que se produjo la mayor oleada de deportaciones de periodistas extranjeros del Sáhara Occidental. Pero estas continúan en los años siguientes. En 2015, el periodista de la Cadena Ser Nicolás Castellano tuvo prohibida la entrada a El Aaiún para ir a cubrir el 40 aniversario de la Marcha Verde. Entre 2016 y 2017, RSF documentó la expulsión de unos seis periodistas o fotoperiodistas desde El Aaiún. La más reciente ha sido la de Ana Cortés, periodista de Valencia Plaza, expulsada de El Aaiún a Agadir después de que la policía irrumpiera en una reunión que mantenía con un colectivo de desempleados, según Equipe Media. Y, en abril de este año, el fotoperiodista David Melero y el activista Oriol Puig no pudieron cruzar la frontera terrestre desde Taryafa al Sáhara Occidental. A ellos se suman la prohibición de entrar o la expulsión de abogados o políticos del Sáhara Occidental.
Por todo ello, Equipe Media reclama “a la comunidad internacional y muy especialmente a los gobiernos de España y Francia, que rompan su habitual silencio de complicidad con Marruecos, condenen la represión a los periodistas saharauis y abran el territorio a la prensa internacional, observadores independientes y organizaciones de derechos humanos”. En este sentido, recuerda que a pesar de que la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso) sigue en el territorio, es la única misión de este tipo que no cuenta con observadores que garanticen que se cumplan los derechos humanos.
“Lo más importante para mí es llevar mi voz a audiencias extranjeras. Decirle a la gente que vive afuera que visite los territorios ocupados para que vea la vida diaria de los saharauis, que sufren por la ocupación marroquí”, concluye Khattari.