De la tasa turística a Gladstone
El Gobierno canario resultante de tantos dimes y diretes de pactos y repartos se propone intentar de nuevo la introducción de la tasa turística, lo que ha vuelto a provocar la alarma del empresariado que pronostica todos los males y algunos más. Según los empresarios aumentará la presión fiscal con la secuela de una significativa destrucción de empleo y el frenazo de la actividad turística que ha comenzado ya a renquear de modo que, dicen los empresarios, es un mal momento para ensayos gubernamentales de éstas y otras medidas no menos perniciosas, como la tributación medioambiental a una actividad a la que se priva, además, de deducciones fiscales. Los experimentos con gaseosa, vienen a decir.
Para los representantes del sector, en fin, no es el mejor momento de probar novedades. Como tampoco lo fueron los días todavía cercanos de las vacas gordas en que se batieron uno tras otro todos los récords de afluencia. En fin, mejor dejo aquí la cosa no vaya a escapárseme las maldiciones y sonoras palabrotas que me vienen a la cabeza. Porque no puede decirse que los recientes y buenos momentos económicos mejoraran los estándares de bienestar social. El informe Foessa, del que ahora se habla poco, fija en 8 millones, el 18% de la población, el total de españoles socialmente excluidos y sitúan en la economía sumergida el 25% del PIB español, con la correspondiente incidencia en las clases medias que pierden peso y tienden a desaparecer. No es preciso recordar que Canarias ocupa los últimos lugares en casi todos los rankings que reflejan la situación socioeconómica de las comunidades españolas.
Entre las voces empresariales que se han ocupado del asunto destaca por su sensatez, no sé si aparente, la de José Cristóbal García, secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) que recomienda no lanzarse a las mortales y analizar primero la situación antes, imagino, de un pronunciamiento terminante. Sin embargo, Agustín Manrique no ha tardado nada en asegurar que tanto Ángel Víctor Torres como Sebastián Franquis le aseguraron que no se aplicarán la tasa en lo que otro empresario, muy dado a pasarse con la húmeda, José María Mañaricúa confía asimismo en que no se aplicará. Por su parte, Román Rodríguez, de Nueva Canarias y uno de los cuatro firmantes del pacto del que saldrá el Gobierno que presidirá Torres, insiste en que la tasa turística no es nada nuevo, con lo que viene a decir que se aplica en muchos lugares sin que se hunda el mundo.
Como verán, esto de la tasa turística es de coña macabea. No sé, la verdad, lo que es un macabeo de coña pero sin duda se aproxima a esta historia de la tasa. Un asunto que deben considerar nuestros cerebritos el rasero para determinar qué es de izquierdas (poner la tasa) y qué de derechas (no ponerla y quitarla en su caso). Aburren, pues, a las ovejas con unas ocurrencias parejas a las de quien asó la manteca. Cual sería el caso de Agustín Manrique.
Por último les diré que llevo un tiempo a la espera de que alguien informe de la cuantía de la tasa. Igual ya se sabe y que, por alguna razón, no me he enterado aunque tampoco me sorprendería que estemos hablando de ella sin tener ni repajolera idea de si es un gravamen llevadero, elevado o medio pensionista para saber si va a tener las terribles consecuencias que dicen y que no ha tenido en sitios donde ya se aplica.
El dilema Gladstone
El dilema Gladstone No quisiera yo, pobrecitos míos, echar más leña al fuego prendido en el entorno de Ciudadanos por la mala cabeza de Albert Rivera que llegó, ya saben, con demasiada prisa por figurar con su partido tan de extremo centro que anda con igual soltura por la extrema derecha. Pero aún no siendo esa mi intención no me queda otro remedio que insistir en la contribución de Ciudadanos al agravamiento de la cuestión catalana. En alguna ocasión he dicho que al PP de Rajoy interesó, en su momento, a la vista de que no se comía una rosca en Cataluña, aprovechar el anticatalanismo todavía latente en el resto de España para obtener réditos electorales.
Ponerse duros con los catalanes fue un jallo para los peperos, que capitalizaron bien su anticatalanismo, estrategia que siguió Rivera y Ciudadanos que llevaron demasiado lejos su cruzada contra el separatismo. Porque no puede decirse que hicieran política y que trataran de emplear la razón sino que quisieron demostrar machacando catalanes que a ellos España les duele, que para ellos nada hay más grande que ser español y cosas por el estilo que acabaron por alinearlos con la derecha extrema.
Y eso sin aflojar un punto, o sea, reclamando que se aplique a Cataluña el 155 en todo su esplendor, con la mayor dureza y hasta el fin de los tiempos. Rivera no hizo sino seguir la senda de errores de Rajoy colaborando a hacer cada vez más irreversible la situación en Cataluña donde ha conseguido darle más alas todavía al independentismo que no admite, ni de lejos, el autonomismo ni cualquier otra propuesta que no sea la que representan Puigdemont y Quim Torra cada vez más cerca del punto muerto.
Así las cosas, me vino al pelo un artículo de Alberto López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco. Lo tituló El dilema Gladstone y lo publicó en El País del pasado 20 de junio y que viene a avalar, a mi entender, la forma en que debió abordarse el problema catalán antes de que fuera demasiado tarde.
Parte López Basaguren de que una crisis que ponga en riesgo la integridad territorial de un Estado es potencialmente muy desestabilizadora y sólo se puede abordar con éxito “desde un sistema democrático que reconozca una profunda autonomía territorial” porque, asegura enseguida, “sistema democrático y autonomía están profundamente unidos”. Señala luego que los países con profunda diversidad interna han encontrado y garantizado la paz política cuando “han optado por un sistema federal y han acertado a combinar una profunda y amplia autonomía con el establecimiento de los instrumentos de integración adecuados para garantizar la estabilidad política”.
López Basaguren recuerda que España no es el primer país que se enfrenta al dilema de reforma o inmovilismo para recordar que suelen salir airosos quienes se inclinan por la reforma y han acertado en su contenido, como fue el caso del primer ministro británico William Gladstone (1809-1898) que le inspiró el artículo comentado.
Todo comenzó en 1885 cuando el Irish Parlamentary Party, comandado por Charles Parnell, venció en las elecciones irlandesas al obtener 85 de los 103 escaños en juego. Gladstone comprendió enseguida que tenía que afrontar un dilema y que implantar el autogobierno, el Home Rule, era la forma de mantener a Irlanda dentro del Reino Unido. Ya en 1881 había abordado la situación con mano dura pero tuvo que desistir pues ocurrió algo parecido a lo que muchos reclaman en España: la aplicación del 155 de la Constitución sin límites materiales ni temporales dejando en suspenso una pregunta: “¿Y después?”. No es difícil adivinar que el autor pretende con esa pregunta aludir a la amargura y los rencores que dejan este tipo de actuaciones represivas como resultado de la judicialización de los problemas políticos.
El Gobierno canario resultante de tantos dimes y diretes de pactos y repartos se propone intentar de nuevo la introducción de la tasa turística, lo que ha vuelto a provocar la alarma del empresariado que pronostica todos los males y algunos más. Según los empresarios aumentará la presión fiscal con la secuela de una significativa destrucción de empleo y el frenazo de la actividad turística que ha comenzado ya a renquear de modo que, dicen los empresarios, es un mal momento para ensayos gubernamentales de éstas y otras medidas no menos perniciosas, como la tributación medioambiental a una actividad a la que se priva, además, de deducciones fiscales. Los experimentos con gaseosa, vienen a decir.
Para los representantes del sector, en fin, no es el mejor momento de probar novedades. Como tampoco lo fueron los días todavía cercanos de las vacas gordas en que se batieron uno tras otro todos los récords de afluencia. En fin, mejor dejo aquí la cosa no vaya a escapárseme las maldiciones y sonoras palabrotas que me vienen a la cabeza. Porque no puede decirse que los recientes y buenos momentos económicos mejoraran los estándares de bienestar social. El informe Foessa, del que ahora se habla poco, fija en 8 millones, el 18% de la población, el total de españoles socialmente excluidos y sitúan en la economía sumergida el 25% del PIB español, con la correspondiente incidencia en las clases medias que pierden peso y tienden a desaparecer. No es preciso recordar que Canarias ocupa los últimos lugares en casi todos los rankings que reflejan la situación socioeconómica de las comunidades españolas.