O alguien se independiza o van a volvernos locos

El otro día Paulino Rivero reunió a unos 200 cargos y representantes institucionales para firmar un manifiesto contra las prospecciones petrolíferas en un acto que Asier Antona, obediente mandamás soriano, calificó de “payasada”. A estas alturas está uno tan harto de la falta de respeto de la derechona a quienes se le oponen que paso por alto semejante malcriadez. Aunque nos inquiete a los abuelos haber compartido con nuestros nietos actuaciones de payasos en sus cumpleaños sin advertirles de que asistían a un acto político, angelitos.

A la ocurrencia de Antona se añaden otras por el estilo. La ya ineféibol delegada Hernández Bento, que lo es del Gobierno, descalificó el acto porque el total de cargos públicos en Canarias es de 1.700 frente a los 200 firmantes. Aplicó, pues, las tesis rajoyanas de las mayorías silenciosas de las que resulta que en España no hay afición al fútbol porque 40 millones de ciudadanos, por lo menos, no acuden a los estadios. Y en cuanto a la diputada Australia Navarro, ya la escucharon solicitar la inhabilitación de Rivero por actuaciones que, según ella, “bordean y violentan” la legalidad, además de invadir (¿o piratear?) competencias del Estado. O sea, que violenta la legalidad e invade el ámbito de competencias quien sostiene opiniones contrarias a las del Gobierno central, trata de defenderlas con los medios de que disponga y pide permiso para organizar un referéndum que determine hasta qué punto el ciudadanaje aprueba o desaprueba las prospecciones. Yo llamaría a eso juego democrático pero lo cierto es que del bolichazo niega Navarro no ya el derecho a opinar sino el de mera petición. Debía estar Navarro en Australia cuando su señorito Soria promovió el primer recurso contra las prospecciones. ¿Violentó él también la ley? Se está buscando la ruina.

Y ya que menciono a Soria, le oirían proclamar el desmoronamiento de la oposición una vez iniciados los sondeos. Lo que corrobora Hernández Bento al hacer notar que los canarios han acogido con absoluta tranquilidad el inicio de los trabajos, señal inequívoca de que las protestas son cosa de los “eternos descontentos”, como decía Aquel que habitó entre nosotros y ahí sigue reencarnado. Olvidan que, al negarle a los canarios la oportunidad de manifestar su opinión, tampoco tienen los peperos manera de demostrar que la mayoría de la población está con ellos. Con lo que nos han dejado a merced de las encuestas; al menos mientras no encuentre el Gobierno la manera de prohibirlas.

El poeta Manuel Padorno decía que los canarios somos poco o nada cartesianos y que nos movemos por impulsos distintos a los peninsulares. Muchos de ellos derivados del fatalismo, debido, en gran parte, a la experiencia histórica de la permanente dependencia que lleva a los secesionistas a no ir más allá de proponer cambios de dependencia; lo que, cruzado con el convencimiento popular de que más vale malo conocido que bueno por conocer, da algunas claves de la perseverante y dos piedras españolidad canaria. Creo que fue Goytisolo quien dijo, en cierta ocasión, que son españoles quienes no pueden ser otra cosa. Pues eso. Aunque tiempo hubo en que casi nos creímos ingleses.

Ese fatalismo puede explicar la tranquilidad que dice Hernández Bento. Todavía no ha comprendido hasta donde somos zorros los isleños. Al no ser consciente la señora delegada de con quienes se gasta los cuartos, no puede saber que también a los fatalistas puede llenárseles la buchaca, visto el trato colonial que reciben en beneficio de los intereses de una multinacional privada con capital mayoritario extranjero. Multinacional que protege, para más inri, la Armada que pagamos todos. Incluidos los dos cristianitos a los que oí conversar el otro día. “Igualito que protegieron a los pescadores canarios cuando se puso feo ir a la Costa”, oí decir a uno el otro día. “Y menos mal que el Estado ayudó a las familias de los que murieron”, comentó con la misma ironía fatalista su interlocutor. “Y es que todos somos hijos de Dios, aunque lo sean unos más que otros”, repuso el primero y callaron los dos al notar que los estaba escuchando; por más que de su conversa me interesaba menos el contenido que ese sentido figurado de decir una cosa para que se entienda la contraria cuando hay moros en la Costa; o ropa tendida, que también se dice.

Bravo Bravo

En hablando de una cosa se me vino la otra. Concretamente, el acto que organizara José Miguel Bravo el otro día, en el Náutico. El propio Bravo aseguró, como un Monago cualquiera, que la rodada se costeó con dinero del PP y de su propio bolsillo. Concurrieron, en buen número, peperos y simpatizantes del partido, que Dios les perdone, a escuchar los 17 asuntos, 17, en los que el Gobierno de Paulino ha perjudicado a Gran Canaria en beneficio o para simple satisfacción de Tenerife; donde, por cierto, suelen acusar al presidente de acanarionado por mor del voterío. Los periódicos destacaron el atuendo de Bravo a base de tonalidades de azul y amarillo aprovechando el trance liguero que podría llevar a la UD a Primera. Un detalle populista aunque el colorido fuera más discreto que el de los chándales de Hugo Chávez; porque no me negarán que si populismo es excitar las bajas pasiones de la plebe para hacerse con el califato, eso quiso conseguir Bravo de los señores y señoras que fueron a oírle. No quisiera desanimarlo, pero tan burdo recurso a los colores en la vestimenta indica que sus asesores de imagen no han renovado la biblioteca profesional desde al menos los años 70.

Comparto en términos generales las quejas de Bravo porque el que no llora, no mama; pero le reprocho que eleve a categoría los efectos lógicos de una autonomía mal parida en la que él, precisamente, tuvo una cuota nada irrelevante de responsabilidad. No está bonito que se valiera de esos asuntos para, por un lado, contrarrestar la incidencia en la opinión pública del manifiesto institucional de Rivero y por el otro marcar su territorio dentro del partido, lejos del arrebatado autoritarismo incendiario y bastante suicida de Soria, que no lo puede ver en pintura; le dan como flatos y se pone imposible.

Cuasi emulando el “Todo por Gran Canaria” de López Botas y sus “bomberos”, desgranó Bravo los agravios llamando a las barricadas; dicho sea en sentido figurado, claro. Pero seguimos sin saber si propone un nuevo Estatuto de Autonomía de verdad o el parcheo del actual; si piensa en una nueva ley electoral, en alguna adecuación a la UE del acervo histórico canario hoy olvidado y otras cuestiones no menores.

Volviendo a los 17 asuntos de Bravo y sin entrar a relatarles nada que no se sepa, insistiré en que son solo algunas de las consecuencias, hay otras, de un Estatuto de Autonomía empapado del espíritu del sistema provincial que ya Romanones consideró, en 1906, absolutamente inadecuado para una región como Canarias con diferencias insulares evidentes. Característica de la Provincia es la centralización en la capital provincial de la dirección institucional y política, de las decisiones y de los presupuestos. Todas ellas permanecen en la autonomía sin que la famosa alternancia sirva ya para disimularlas. Uno a uno, de forma incesante, los organismos autonómicos repartidos se han ido desplazando a Tenerife, en algunos casos sin ni siquiera tomarse la molestia de decretar su cambio de sede. Y hoy es Santa Cruz la capital única de hecho y cada vez con más frecuencia la vemos definida como tal en el exterior. Lo ocurrido con las perras obtenidas de más con el censo “inflamado” denota los procedimientos que emplea con soltura.

El llamado “pleito insular”, segunda consideración, no es una cuestión entre canariones y chicharreros de a pie sino cosa de dos oligarquías disputándose el control de las islas y de sus presupuestos. Una hegemonía que, por la inercia de la propia centralización, cae siempre del lado de quienes están más cerca de los centros políticos y administrativos provinciales. Ya saben lo que une coincidir cada día a la hora del cafelito.

El pleito, tercera consideración, desembocó en 1927 con la creación de la provincia de Las Palmas, es decir, la división de la Provincia única con capital en Santa Cruz de Tenerife. Es verdad que al punto a que habían llegado entonces las cosas no quedaba otra salida; sin que por eso deje de ser la división un error histórico al no haber aprendido nada, ninguna de las dos partes que, en más de un siglo de disputas, no alteraron los términos del enfrentamiento. Aunque en el caso de Las Palmas de Gran Canaria se renunciara a la capitalidad de todo el archipiélago para formar una nueva Provincia con las tres islas orientales. Pero no fue un cambio de orientación del problema sino variación sobre el mismo tema. Así se pasó, en 1927, de la centralización santacrucera al bicentralismo sin afectar al núcleo del sistema provincial, el que interesaba a las oligarquías isleñas. Fue un reparto de la tarta decidido por la metrópoli.

Una cuarta consideración es que nunca se atendió a los que clamaban desde la sociedad civil por un sistema diferente; federal, autonomista o lo que fuera. La única iniciativa que cuajó fue la ley de Cabildos de 1912, significativamente promovida desde las islas llamadas menores que no tenían más arte ni parte en el conflicto que hacer de comparsas. Me refiero a Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro, pues La Palma hacía rancho aparte. Los tratadistas coinciden en que aquella ley fue innovadora, que respondía al relativo auge entonces de las ideas autonomistas y en que, si bien no liquidaba el pleito por sí misma, indicaba la buena dirección. Su principal defecto, a mi entender, fue no erradicar el sistema provincial por cuanto mantuvo la institución provincial.

La ley de 1912 fracasó, sería la quinta consideración. No gustó a las oligarquías de las dos islas mayores que adquirieran cierto protagonismo las menores. En el caso de la tinerfeña les supo tan a cuerno quemado que se negaron a transferir al flamante Cabildo grancanario, como estaba mandado, los establecimientos provinciales en la isla que le fueron arrebatados al asalto, literalmente no en el sentido metafórico de Pablo Iglesias. Tuvieron mejor conformar los “patriotas” grancanarios que se consolaron con que menos da un peine y vieron en la ley un acercamiento al objetivo divisionista.

En relación con el apunte anterior, añadiré que la ley de 1912 no apareció en un momento propicio. Una ley de sus características necesita estabilidad política para asentarse y desarrollarse. España sufría aún las secuelas de la crisis del 98 y las islas siempre han sido extremadamente sensibles a las circunstancias internacionales de cada momento, lo que casi nunca se tiene en cuenta como claro hecho diferencial del resto del país. En 1914-1918 la Gran Guerra tuvo en las islas efectos devastadores. Por poner un ejemplo, me contaban los más viejos que aquella guerra sorprendió a los grancanarios en plena fiebre de perforación de pozos con la llegada de maquinarias modernas. La contienda dificultó, cuando no impidió, las importaciones de carbón mineral y hubo de recurrirse al vegetal con lo que se castigó duramente a las reservas forestales, ya de por sí esquilmadas por las autoridades provinciales, lo que es otra historia de terror.

Acabada la guerra, en los años 20 asomaron algo más que las orejas los fascistas que abominaban de los autonomismos sobre los que se asentaban los Cabildos. Malos tiempos para la lírica. La crisis mundial de 1929 fue un nuevo descalabro que enlazó con la guerra civil española en la década de los 30; seguida en los 40 por la segunda mundial. Los cabildos subsistieron descafeinados durante el largo invierno franquista. Para no entrar en detalles, diré que el Régimen fascista del general Franco los convirtió en doblete de la autoridad provincial subordinados a ella.

La última consideración arranca de la muerte del general a esta parte. De ella cabe destacar el desconocimiento de la historia de las islas de la clase política, más interesada en hacer carrera estatal en sus respectivos partidos que en arreglar aquí las cosas. Así admitieron los dirigentes, para agradar a sus correspondientes metropolitanos, que las islas quedaran entre las autonomías de segunda y ni siquiera procuraron al elaborarlo que el Estatuto de Autonomía se ajustara a las realidades isleñas diferenciadas en lo que se refiere a organización política. Solo les preocuparon las ventajas fiscales que interesaban al empresariado. Con tales dejaciones no se ganaron un respeto en la metrópoli y tienen ahora muy crudo impedir el daño de privatizaciones como la de Aena o hacerse con el control de los aeropuertos de las islas, por citar un caso. Con un Gobierno como el de Rajoy poco puede esperarse aunque la verdadera responsabilidad histórica sea de la mala dirigencia canaria y su falta de visión.

Ya se les vio venir con el trato dado a los Cabildos en el Estatuto. Aunque titulados formalmente gobiernos de sus respectivas islas, se les negó lo que podría denominarse soberanía en cada una de ellas. Había que sujetarlos a las conveniencias de los partidos: hay que pensar en Estado, decían. Desprovistos de la capacidad recaudatoria que tuvieron, quedaron como meras dependencias del Gobierno regional. Seguro que de eso no habló Bravo en el Náutico.

No se tuvo en cuenta, cuando la elaboración estatutaria, que el tal Gobierno regional era un cuerpo extraño sin precedente en la tradición de las islas; salvo, claro, los capitanes generales, auténticos virreyes que dieron a la oligarquía tinerfeña el gobierno de la Provincia única. Aunque, también hay que decirlo, no había en Canarias, a la muerte de Franco, un autonomismo de peso. La oligarquía y las clases más o menos adineradas, fuera del susto de los primeros momentos, pasaron sin dificultad de la dictadura a la democracia dispuesta a proporcionarles unos tiempos dorados, a salvo, incluso de los malos que ahora vivimos. La izquierda “operativa” bajo el franquismo se reducía al PCE que consideraba el autonomismo y cualquier expresión política de corte canarista deformación pequeño burguesa y objeto de burla. Era el dichoso “centralismo democrático”. El PSOE, hibernado durante el franquismo para mejor proveer, estaba más pendiente de recibir el navicert de la socialdemocracia alemana que de los asuntos isleños. Las islas solo interesaban por los votos que aportaban al cómputo estatal de los partidos. No se veían nacionalistas por ningún sitio; si exceptuamos a la UPC, que sucumbió víctima de su ingenuidad redentora con tropezones de radical pensamiento único canarista con incrustaciones cristianas. No tuvieron gran dificultad los partidos de orden, dirigidos por varios de los que fundarían después CC, para quitarla de en medio. Los independentistas estaban en sus ensoñaciones acopiando higos y gofio de La Piña para echarse al monte cuando Cubillo diera la señal y no faltaban los grupos disidentes del PCE con su bulla habitual.

Fueron vascos y catalanes, estos con especial incidencia al menos en Gran Canaria, quienes forzaron las reivindicaciones autonómicas contra el franquismo. “Libertad, amnistía y Estatuto de Autonomía” pasó a ser el eslógan de las aspiraciones democráticas fundamentales. Aquí este eslogan sonaba como el japiperguetuyú obligado en los cumpleaños aun no sabiendo de qué va ni de donde viene. Ni ocurrírseles tirar del acervo histórico más allá de las tres o cuatro reivindicaciones económico-empresariales desvinculadas de los consumidores que, por poner un caso, se enfrentan a cestas de la compra que figuran entre las más caras del país. Todo eso, unido al narcisismo del jardín de belleza sin par era lo que había.

Para colmo de males surgió Coalición Canaria (CC) con una fuerte presencia, nada casual insisto, de varios de los líderes que cuando la elaboración del Estatuto estaban más pendientes de allanarle el camino a sus partidos estatales que de construir algo en Canarias. CC ilusionó a mucha gente que se confesaba canaria pero apolítica y consideró importante la “obediencia canaria”. Hay quienes sospechan que el repentino ataque de nacionalismo de los que unas semanas antes no lo eran se debió a una mezcla de servicio a la metrópoli para reducir a la nada a grupos y grupúsculos más radicales y de consuelo para el fracaso de no convertirse en un León y Castillo o en un Vega Guerra. No me atrevo a afirmar que eso fuera así, pero ninguno de ellos, que yo sepa, montaba a caballo de modo que sus repentinas conversiones nacionaleras no pueden ser consecuencia de hípico talegazo; como el de Pablo de Tarso, que debió darse en la cabeza, lo que le provocó alucinaciones de notable trascendencia.

El caso es que CC le hizo un gran favor a la metrópoli, al menos con dos proposiciones situadas justo en la dirección que imposibilita la construcción de la Nación canaria que dice querer. Una de ellas, en el congreso que aprobó la ponencia política que hacía esencia de la personalidad política de Canarias la competencia interinsular, lo que legitimaba que quien tuviera más mano en el Gobierno en cada momento aprovechara para ponerle la proa al de enfrente. Lo del Carnaval como definidor de nuestra identidad vino después, cuando ya estaba muy extendida la costumbre de vestir en las infinitas romerías trajes típicos made in Taiwan y alrededores, en perjuicio de nuestros desprotegidos artesanos. La otra idea, presentada como de sentido común y muestra de astuto de pragmatismo, fue la de que hay que estar siempre a partir un piñón con el partido que gobierne España y traerse para acá dineros para esto, lo otro y lo de más allá. Nunca estuvo tan baja la dignidad política canaria.

Tiene razón Bravo como dije. Las putadas son ciertas con matices. Pero comenzar su enumeración por el uso fraudulento de Maspalomas o Las Canteras en las promociones turísticas tinerfeñas no deja de ser una chorrada frente a asuntos mucho más serios. Cuando menos indica un orden de prioridades muy significativo de la mentalidad de determinados estratos de la sociedad canaria. Y nada les digo de la invitación a los grancanarios a arrimar el hombro en defensa de la isla; sin ningún ánimo pleitista por su parte, qué va. Habría que recordarle, insisto, en que él fue de los que amasaron el barro autonómico que trajo estos lodos insulareros. ¿O es el lodo el que va antes del barro? Con esta gente nunca se sabe qué va primero, qué después y lo que no va. Imagino que me agradecerá Bravo que no haga preguntas impertinentes tipo de quién hemos de defender a Gran Canaria; ¿De Tenerife? ¿De Soria? ¿De Rajoy? Doy por descontado que al tratarse de un señor de derechas no será de España, ni de la oligarquía, ni de los bancos, faltaría más.

Diréles, en fin, que hay quienes critican a Bravo porque en aquellos ya lejanos días transigió con que el Parlamento se estableciera en Tenerife a cambio de que la Delegación del Gobierno estuviera en Gran Canaria. Quienes tal sospechan que Bravo no creía en la autonomía ni en la democracia parlamentaria (los hay para los que no tenía ni puta idea de lo que eran) y pensó que el delegado del Gobierno sería como los antiguos gobernadores civiles pero con mando en todas las islas. Vayan ustedes a saber.

Lo cierto es, acabo por donde empecé, que el acto del Náutico tiene que ver más con el deseo braviano de compensar la “payasada” de Rivero y agitar el palmito de líder que en su día le recortó Soria. Quiere, en fin, acotar su espacio dentro del partido, a salvo de los mastines sorianos, y no proponer un proyecto real de cambio. Para ese viaje no necesitaba alforjas, si bien es verdad que está en su derecho.

El Rayo Vallecano

Ya saben que el Rayo Vallecano acaba de apuntarse un tanto solidario al acudir en ayuda de una señora octogenaria para que no duerma en la calle. La noticia ha dado la vuelta al mundo y mostrado la absoluta indiferencia del PP al que no le va la gente humilde. El caso de Carmen, que así se llama la protagonista, pone de relieve un aspecto en el que poco se insiste. Según mis noticias, avaló a su hijo un crédito de 40.000 euros que en tres o cuatro años se convirtieron en 70.000, un 57% más. Como el banco no quiso concederle el crédito, la operación se cerró con un prestamista privado que se quedó con el piso que, por modesto que sea, vale seguramente más que la cantidad debida. La cosa huele a usura pero, claro, el robagallinas no es el usurero. He esperado unos días a ver si intervenía la administración municipal o autonómica de Madrid que ni saben ni contestan.

La excepcionalidad del caso no es el caso en sí sino la intervención de un club de fútbol a favor de la víctima. La inacción del Gobierno de la Comunidad de Madrid a nadie sorprende dado que el IVIMA, el organismo que se ocupa de estos asuntos, ha vendido en los últimos tiempos miles de viviendas sociales a los llamados “fondos buitre”. Estos hacen magníficos negocios con la compra de esas viviendas por debajo de su precio y venderlos por otro mayor. Así, gentes que hace años alquilaron pisos sociales con opción de compra se encontraron un buen día en el buzón carta del IVIMA notificándoles la venta de su piso; cuando no es un aviso del nuevo propietario en plan o compras o te vas. Entre los casos que han aflorado figura un piso en alquiler con opción de compra valorado en 70.000 euros por el que el nuevo comprador pide ahora a su ocupante 145.000: el piso mide 50 metros cuadrados.

No es preciso cargar las tintas. Si feo está que los organismos públicos hagan negocios, es infame que aprovechen las necesidades de la ciudadanía por la que deberían velar.

Cocapitalidad Madrid-Barcelona

Les tengo dicho que Artur Mas no se había declarado aún independentista. Incluso traje a colación una entrevista de hace unos años en que se decía contrario al independentismo por las frustraciones que, a su juicio, generaría. Ahora se ha soltado el pelo al punto de revelar su hoja de ruta para convertir Cataluña en un Estado independiente. La ruta arrancaría de unas elecciones anticipadas, que según algunos están al caer, y en las que él iría a la cabeza de una lista única formada por representantes de las fuerzas soberanistas y gente de la sociedad civil. De ganar, gobernaría durante más o menos 18 meses. Cumplido ese tiempo de preparación institucional, convocaría elecciones constituyentes, a las que no se presentaría, con un referéndum para la proclamación definitiva de la independencia.

El anuncio de Mas se produjo en vísperas de la visita de Rajoy a Barcelona. Mas mostró disposición a entrevistarse pero Rajoy lo mando a hacer puñetas y el president jugó carta de envite encantado. Al parecer, en La Moncloa consideran que la actitud de Rajoy habrá de ser abrir puertas, no cerrarlas y dejar atrás la estrategia fallida de la apelación a la ley y el no a la consulta del 9-N del que Mas burló dominando la partida de momento.

Quiere Rajoy trasladar al ánimo de los catalanes que, frente al desgobierno de la Generalitat, ahí está él para mantener los servicios y pagar a los proveedores. Algo llamativa esa referencia al desastre de la gestión de la Generalitat cuando la otra noche, en La 1, el presidente del Foment del Treball, empresario todo él, declaró en una entrevista que la gobernación catalana funcionaba con normalidad.

En cuanto al envite que acaba de largarle Mas, aseguró que el president ha dado “un paso más hacia ninguna parte”. No diré yo que no. El problema es que tampoco sabemos hacia donde van los pasos de Rajoy en un país donde tres de cada cinco jóvenes están decididos a marcharse y que cuenta ya con una de las poblaciones más envejecidas del mundo, lo que Rajoy mira impasible el ademán.

Como una muestra más de esta política entre atotorotados, enloquecidos y demás ralea, el candidato de los socialistas catalanes a la alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, largó la idea de que Madrid comparta con Barcelona la capitalidad española, que se trasladen allí departamentos gubernamentales y se designe la ciudad sede del Senado. Todo eso dentro de la futura Constitución federal. Rosa Díaz, de UPyD, que destaca por sus críticas sin demasiado potencial constructivo y una visión sesgada de muchas cosas, dijo que la propuesta de Collboni es “el colmo de los despropósitos”; lo que es no decir nada entre otras cosas porque son tantos los despropósitos hispanos que no sabe uno donde poner el dicho colmo. Más acertada estuvo Díez con su otro comentario: “¿Nos hemos vuelto tontos o qué?” Yo diría que nos hemos vuelto qué para no llamarlos tontos.

El actual alcalde barcelonés, Xavier Trias, estuvo más fino como parte afectada al notar que tratan de moverle la silla. La propuesta de Collboni le pareció “ridícula” y “sin sentido” antes de añadir que lo que necesita su ciudad “es competir con ciudades como Milán, Bruselas o París”, faltaría más. Lo dicho: o se independiza alguien o van a volvernos locos.

Cultura en Cultura

La consejera de Cultura Inés Rojas acaba de anotarse una buena. A fuerza de tenerla de un departamento a otro, vino a recalar de consejera de Cultura y tanto se afana por cumplir con su cometido que mantiene conversaciones con el mismísimo Gregorio Chil para solucionar los problemas de El Museo Canario. Rojas ha demostrado así que su curiosidad no se queda en el mundo de los vivos sino que va más allá y así pudo, al fin, encontrar al doctor Chil en el de los espíritus. Bueno, al doctor Chil o al pequeño Nicolás, que es un crack para estas cosas. Lástima que el desliz de Inés Rojas no se produjo a tiempo de que Bravo lo introdujera entre los agravios gubernamentales a Gran Canaria. Por más que parece evidente que El Museo Canario no figura, de puro canarión, en las prioridades de la Consejería. De no tener nada que ver la canarionidad de la institución en el despropósito habría que atribuir el hecho a la escasa cultura de la responsable de Cultura, reflejo del desprecio gubernamental por esta importante faceta de la vida de cualquier sociedad. No sé qué es peor.

La anécdota me trae a la memoria a aquella consejera de Turismo, conejera y del PP soriano, de cuyo nombre no me acuerdo. La buena señora asistió a la presentación de la reforma de la Casa de la familia Sall, en Telde, donde se mostró satisfechísima de que, por fin, tuvieran los pescadores de la zona un sitio donde almacenar eso, la sal.

Tendría que ocuparme también aquí de la dimisión de Ana Mato como ministra de Sanidad pero la dejaré estar que bastante le están dando y me podrían tildar de misógino y cosas peores.

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El otro día Paulino Rivero reunió a unos 200 cargos y representantes institucionales para firmar un manifiesto contra las prospecciones petrolíferas en un acto que Asier Antona, obediente mandamás soriano, calificó de “payasada”. A estas alturas está uno tan harto de la falta de respeto de la derechona a quienes se le oponen que paso por alto semejante malcriadez. Aunque nos inquiete a los abuelos haber compartido con nuestros nietos actuaciones de payasos en sus cumpleaños sin advertirles de que asistían a un acto político, angelitos.

A la ocurrencia de Antona se añaden otras por el estilo. La ya ineféibol delegada Hernández Bento, que lo es del Gobierno, descalificó el acto porque el total de cargos públicos en Canarias es de 1.700 frente a los 200 firmantes. Aplicó, pues, las tesis rajoyanas de las mayorías silenciosas de las que resulta que en España no hay afición al fútbol porque 40 millones de ciudadanos, por lo menos, no acuden a los estadios. Y en cuanto a la diputada Australia Navarro, ya la escucharon solicitar la inhabilitación de Rivero por actuaciones que, según ella, “bordean y violentan” la legalidad, además de invadir (¿o piratear?) competencias del Estado. O sea, que violenta la legalidad e invade el ámbito de competencias quien sostiene opiniones contrarias a las del Gobierno central, trata de defenderlas con los medios de que disponga y pide permiso para organizar un referéndum que determine hasta qué punto el ciudadanaje aprueba o desaprueba las prospecciones. Yo llamaría a eso juego democrático pero lo cierto es que del bolichazo niega Navarro no ya el derecho a opinar sino el de mera petición. Debía estar Navarro en Australia cuando su señorito Soria promovió el primer recurso contra las prospecciones. ¿Violentó él también la ley? Se está buscando la ruina.