El portavoz de Infraestructuras y Transportes del Grupo Socialista, Julio Cruz, anunció este martes que el PSOE exigirá en el Parlamento de Canarias que el Gobierno de España traspase a la Comunidad Autónoma las competencias de la gestión de los aeropuertos de interés general de las Islas, previstas en el Estatuto de Autonomía. Esta petición será elevada también a la Cámara Alta a través del senador Gregorio Medina.
Para ello, solicitan al Estado que convoque la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias para iniciar los trámites y ejecutar el traspaso. También piden al Gobierno del PP que proceda urgentemente a las modificaciones normativas precisas para implantar un sistema de cogestión de los aeropuertos canarios con participación de las instituciones regionales y locales canarias, hasta que se haga el traspaso de competencias.
En el marco de la iniciativa, se pide a la Cámara regional que considere, en el marco de la reforma estatutaria que se plantee, que la Comunidad Autónoma pueda asumir la competencia de ejecución en la gestión de los aeropuertos canarios de interés general y no sólo cuando el Estado no se reserve su gestión directa. El PSOE pedirá, además, la paralización de la privatización prevista de AENA de los ocho aeropuertos canarios, que deben mantener una singularidad como sistema conjunto esencial para la Comunidad Autónoma, bajo control y gestión directa pública.
Julio Cruz recuerda que la red aeroportuaria española es moderna, eficiente, eficaz y generadora de modelos de innovación, investigación y desarrollo. Destaca que en la actualidad, AENA es el primero operador aeroportuario del mundo en número de pasajeros, con más de 200 millones. Gestiona 47 aeropuertos y dos helipuertos en España, y participa directa e indirectamente en la gestión de otros 24 aeropuertos en todo el mundo.
“Dos elementos han caracterizado desde siempre el sistema aeroportuario español: su naturaleza pública y su gestión monopolística, que desde el año 1991 ha correspondido a la entidad de derecho público AENA”, subraya, por su parte, Gregorio Medina, que explica que desde 2010, la regulación del sufre una profunda transformación, consecuencia de la promulgación del Real Decreto-Ley de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.
Este documento dedica su segundo capítulo a la modernización del sistema aeroportuario, diseñando un nuevo modelo de gestión de los aeropuertos de interés general de titularidad estatal que se fundamenta en la creación de la sociedad mercantil estatal AENA Aeropuertos, SA como responsable de la explotación de todos los aeropuertos y helipuertos integrados en la red. En el texto se separa de forma clara la gestión de los aeropuertos de los sistemas de navegación aérea y se posibilita la incorporación de capital privado a la gestión aeroportuaria, con la limitación máxima del 49 por ciento, y la gestión individualizada de los aeropuertos y helipuertos, adaptándolos a sus características propias y específicas y conectándolos con su entorno territorial.
Los representantes socialistas hacen hincapié en que los aeropuertos canarios garantizan la movilidad entre las islas y de éstas con el exterior, tanto de personas como de bienes, moviendo en 2013 un total de 32.555.764 pasajeros y 39.436.489 Tm de mercancías, con 299.000 operaciones. Tres de esos aeropuertos, Tenerife Sur, Gran Canaria y Lanzarote, están entre los ocho más rentables de España.
Por otra parte, señalan que los aeropuertos canarios son algo más que infraestructuras que aseguran la movilidad de personas y bienes entre las islas y con el exterior, “pues resultan fundamentales para mantener la primera industria canaria, que es el turismo”. Julio Cruz critica que pese a los múltiples requerimientos realizados al Gobierno de España para que explique la hoja de ruta prevista para concluir el proceso iniciado de la privatización de AENA Aeropuertos SA y sus pormenores, “nada se sabe”.
Subraya, por último, que AENA “no fue creada como instrumento de especulativo, y es garantía de conectividad territorial en España y con España, de movilidad ciudadana y de soporte estratégico al desarrollo turístico del Estado, especialmente para Canarias”.