“En Lanzarote no se ha construido un proyecto más legal que el que hicimos nosotros”. Así se ha defendido uno de los acusados del caso de La Bufona en la segunda vista oral que ha arrancado este lunes. Este mes se volverá a juzgar a los promotores que construyeron una urbanización de 53 viviendas en Arrecife, sobre suelo protegido y en unos terrenos que no eran suyos. Este juicio decidirá sobre el futuro del chalet en el que vive la presidenta del PP en la isla y alcaldesa de la capital, Astrid Pérez.
El Ministerio Fiscal atribuye al arquitecto Federico Echevarría y al constructor Antonio Caro un delito contra la ordenación del territorio y de desobediencia grave y pide para ellos penas de inhabilitación. Los constructores, según la Fiscalía, desoyeron la orden de paralizar las obras emitida en julio del 2000 por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun), a raíz de una denuncia de la familia Murillo, propietaria de los terrenos, y otra del Seprona.
Este lunes, sus defensas insistieron en que las obras ya habían finalizado cuando se emitió la paralización, un argumento que ya utilizaron en el primer juicio del caso, celebrado en 2015. Echevarría y Caro insistieron en que las obras se desarrollaron de manera legal. El arquitecto aseguró que todos los chalets se levantaron sobre suelo urbano y a más de 300 metros del comienzo del suelo rústico de protección de jable.
En esta línea, el arquitecto resaltó que, con el objetivo de aumentar el número de viviendas ofertadas, se solicitó una modificación puntual del Plan La Bufona. De esta forma, se pasó de construir 30 viviendas a 53. “Las primeras eran muy grandes y no se podían vender”, apuntó. Sin embargo, sí reconoció que construyeron un muro fuera de la delimitación recogida en la modificación del plan, pero fuera del suelo rústico.
Caro y Echevarría ya fueron condenados en 2015 en el caso de La Bufona por un delito contra la ordenación del territorio. En julio de 2018, la Audiencia Provincial de Las Palmas ordenó repetir el juicio porque los propietarios de los chalets no habían sido citados a declarar como responsables civiles subsidiarios y no habían podido participar en el juicio para evitar el derribo de sus viviendas.
En el juicio, que continuará los próximos 12, 13 y 19 de junio, se determinará el futuro de estas viviendas construidas en suelo protegido. Entre ellas está la de la presidenta del PP de Lanzarote, Astrid Pérez, y hasta ahora alcaldesa de Arrecife, así como también el chalet del fiscal Miguel Pallarés. El chalet de Pérez cuenta con una orden de derribo parcial del año 2013 emitida por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. Se trata de una orden firme, pues no fue recurrida por los titulares. Sin embargo, sigue intacta. Además, esta y otras casas de la urbanización han sido ampliadas en los últimos años. Sus propietarios han construido en algunas de ellas incluso una piscina.
En la vista oral de este 5 de junio han declarado como testigos dos agentes de la Guardia Civil. Ambos han confirmado que las labores que realizaron entonces confirmaron que las obras se habían sobrepasado de los terrenos propiedad de la promotora. Además, uno de los guardias afirmó que los terrenos eran de carácter rústico.
También ha declarado como testigo el propietario de los terrenos y denunciante del caso Gonzalo Murillo. Murillo ha insistido en que era su familia la propietaria de los terrenos donde se construyeron algunas de las viviendas y ha aseverado que sus parcelas han sido invadidas en la totalidad por la urbanización La Bufona. Así, el testigo ha recordado que fue el presidente de una urbanización cercana el que informó a su padre de que se estaban realizando movimientos de tierra en sus terrenos, sin que ellos hubieran dado ningún tipo de permiso.
Gonzalo Murillo declaró que se realizaron “de manera fraudulenta” modificaciones en el catastro. En esta área del Ayuntamiento de Arrecife trabajaba el ya fallecido Francisco Carmona, que también fue acusado en esta causa. Tal y como publicó esta redacción, en 2016 la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda eliminó las 14 viviendas de La Bufona declaradas entonces ilegales. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias había anulado la inscripción de las casas en el Catastro a nombre de los compradores el mismo año que fueron condenados el constructor y el promotor.
Las defensas de algunos propietarios pidieron en las cuestiones previas la impugnación de Murillo como testigo, por haber enviado supuestamente al juez un correo electrónico con numerosa e importante documentación sobre el caso. Una petición desestimada por el juez.
Los abogados de los dos acusados solicitaron que se declararan prescritos los hechos, puesto que la construcción de la urbanización concluyó hace casi dos décadas.
La acusación particular, que representa a la familia Murillo, solicitó la suspensión de la vista porque de los 53 propietarios de la urbanización solo han sido citados 33, por lo que podría repetirse lo sucedido en 2015 y declararse nulas las actuaciones. En caso de sentencia condenatoria, “la demolición de las viviendas puede afectar a personas que no están citadas”. Para evitar más dilaciones, el magistrado Francisco Javier Bretones negó suspender la vista, que se retomará el próximo 12 de junio.
Retrasos continuos
Este caso ha estado marcado por los continuos retrasos, que hacen que lleve ya casi dos décadas vivo. Así, en 2022 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se dirigió al Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife para pedirle explicaciones por estos retrasos. De esta manera, el promotor de la Acción Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces dio curso a una reclamación formulada por Murillo.
Los retrasos también determinaron las condenas del primer juicio en 2015. Las penas fueron rebajadas por las ''extraordinarias'' dilaciones indebidas que sufrió el proceso. Entre ellas, un retraso de 500 días por la pérdida y olvido de documentación por parte del fiscal de la causa, Carlos Fernández Seijo.