El pleno del Cabildo de Lanzarote ha ratificado este lunes por unanimidad su oposición a la instalación de medio centenar de jaulas marinas en una zona de interés acuícola situada entre Arrecife y el aeropuerto César Manrique. Además, los grupos de la corporación han avalado al presidente de la corporación insular, Oswaldo Betancort (Coalición Canaria), para que presente un recurso judicial contra la aprobación del proyecto.
“Todas las fuerzas políticas coincidimos en que es lo mejor para nuestras islas y agradezco la unión que hoy hemos demostrado aquí en defensa de algo que nos afecta a todos”, ha señalado el presidente, asegurando que asume “esa legitimidad que me han dado para defender el litoral de Lanzarote de la mano de todas las administraciones y agentes implicados”.
“Es fundamental preservar el ecosistema, preservar nuestra imagen y que esas actividades económicas se posicionen en aquellos lugares en los que realmente se puedan posicionar y que todos en la Isla estemos alineados para no comprometer el litoral”, ha añadido Betancort en declaraciones difundidas por el Cabildo.
El PSOE había exigido el domingo a CC que se mantuviera en la línea iniciada por la ya expresidenta Dolores Corujo en el pasado mandato y que no se “doblegara ante Fernando Clavijo” en el conflicto sobre las jaulas marinas. Benjamín Perdomo, consejero socialista, recordaba en una nota que fue el anterior Gobierno de Clavijo el que aprobó el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura (PROAC) que ha posibilitado la solicitud de instalación de jaulas frente a las costas de la principal zona turística de la Isla y en la que más población local se concentra.
El consejero del Área de Política Territorial, Jesús Machín Tavío, ha señalado que el gobierno insular sigue “la misma línea marcada hasta ahora porque se ha puesto en evidencia el rechazo de instituciones, asociaciones como las cofradías de pescadores, y la población en general, a la instalación de la acuicultura en las costas de nuestra isla”, recordando que “fue durante el anterior mandato cuando se dio la orden de interponer un recurso contencioso administrativo contra dichas concesiones. En un gesto de responsabilidad y compromiso, el gobierno de Betancort asume la petición del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para que sea el nuevo plenario quien adopte dicho acuerdo”.
“Estamos en contra de la acuicultura de Playa Quemada, tal y como defendimos en nuestra etapa en el Parlamento de Canarias, en la Comisión de Agricultura, y de hecho, no hay que olvidar que se introdujo una propuesta del Grupo Nacionalista en la nueva ley del cambio climático, relativa a que en la ordenación del litoral debe priorizarse siempre el mantenimiento de nuestro ecosistema marino sobre cualquier tipo de explotación de otra índole”, concluyó Machín