El Consorcio de Aguas de Lanzarote y la empresa pública Inalsa recusan al nuevo juez instructor del caso San Ginés

Efe

27 de abril de 2023 16:40 h

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El representante del Consorcio del Agua de Lanzarote y la empresa pública Inalsa ha presentado un escrito de recusación contra el nuevo instructor del caso San Ginés, el magistrado Ricardo Fiestras, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife.

En este procedimiento judicial se investigan los pagos realizados por el Consorcio y la empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote, Inalsa, al abogado Ignacio Calatayud durante el período de Pedro San Ginés (CC) como presidente del Cabildo.

El caso San Ginés fue incoado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife, cuyo titular Jerónimo Alonso dirigió la investigación hasta hace unas semanas, cuando la Audiencia de Las Palmas, a instancias del letrado Calatayud, dictaminó que el juzgado competente para investigar el proceso es el número 4.

Según un escrito de recusación, esta se plantea por entender el Consorcio e Inalsa que el nuevo instructor tiene “interés directo o indirecto en el pleito” y por “haber participado en la instrucción de la causa penal o haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia”.

Al respecto, la dirección letrada del Consorcio y la empresa Inalsa alega que el magistrado Fiestras, en contra de las instrucciones de la Audiencia Provincial, ya dictó en su día un auto de sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias previas 579/2016, en las que se investigaba la contratación de Ignacio Calatayud por San Ginés en un procedimiento del Consejo Insular de Aguas.

Los recurrentes aseguran que el instructor adoptó la decisión a pesar de que la Audiencia ordenó que incoara procedimiento abreviado, como paso previo a la apertura del juicio oral.

Como segundo motivo de recusación, el escrito señala que con la designación de Fiestras no se garantiza “el derecho a un procedimiento penal con todas las garantía y al juez imparcial”, ya que el abogado Calatayud asesora a un grupo empresarial lanzaroteño al que está vinculada una hermana del magistrado.

Durante la instrucción del “caso San Ginés” se registraron la vivienda del expresidente del Cabildo y varios inmuebles del letrado, ambos investigados en esta casusa.