Desahucio masivo en Lanzarote: ''Nos espera una noche tenebrosa porque no tenemos dónde dormir''

“Nos espera una noche tenebrosa, porque no tenemos dónde dormir”. Sandra lleva casi un año viviendo en una casa abandonada de Playa Blanca, en el sur de Lanzarote, y es una de las cien personas que han sido desahuciadas este martes. El Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife, del que es titular Ricardo Fiestras, ha ordenado el desalojo de 75 adultos y 24 menores que ocupaban 28 viviendas. Entre las familias hay pacientes oncológicos, niños y mujeres embarazadas. El juez ha dado la orden a petición del Ministerio Fiscal por un informe del arquitecto municipal de Yaiza que afirma que hay peligro de derrumbe en la urbanización.

El informe recoge además que las viviendas “no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, salubridad y seguridad”. El desalojo estaba previsto inicialmente para octubre, pero se logró aplazar hasta principios de enero atendiendo a la vulnerabilidad de parte de las personas que habitaban en este residencial inacabado. A comienzos de año se volvió a prorrogar el alzamiento, que terminó por ejecutarse este 16 de enero.

Según fuentes consultadas, el riesgo de derrumbe impide aplicar el decreto antidesahucios emitido por el Gobierno de España después de la pandemia de COVID-19 para proteger a las personas vulnerables. En este caso, según estas fuentes, prima la seguridad de las personas. 

Sin embargo, las familias están “desesperadas”. “Yo vivo con mi hijo, mi nuera y mi nieto. No tengo a nadie más. Pedimos que nos den una solución. Una vivienda, un local, lo que sea”, dice Sandra. “Uno con niños y todo no sabe a dónde ir. En un país que supuestamente protege a los niños y a las mujeres, no se ha pensado ni dónde vamos a poder pasar la noche”, asevera la mujer. 

A primera hora de este martes, agentes de la Policía Local comenzaron a cortar el acceso a la urbanización y hasta las viviendas se trasladaron decenas de agentes de la Guardia Civil. En las viviendas también trabajaban operarios rompiendo puertas y ventanas para evitar que las familias volvieran a las casas. Además, tal y como ha podido saber esta redacción, vigilantes de seguridad permanecerán en la zona para prohibir el paso a estos vecinos sin intentan regresar a las viviendas.

Los vecinos intentaron parar el desahucio, no lo lograron. Algunos de ellos organizaron una pequeña protesta con carteles en los que se podía leer “Dejarnos sin vivienda también es vulnerar a la familia” o “Nadie puede ser condenado sin haber sido oído y vencer en un juicio”. 

Sin pisos que alquilar

Ayose Hernández Arbelo, abogado penalista de Fuenmayor Abogados, representa a 19 familias. “Toda esta urbanización estaba en situación de abandono y es ocupada de forma pacífica por estas personas, porque la situación económica les ha llevado a ello”, cuenta desde Playa Blanca. “El problema surge cuando la persona que compra las viviendas, teniendo constancia de que estaba ocupada, porque no se compra una propiedad sin verla, pone una denuncia y se pone en marcha el procedimiento de usurpación”, explica el abogado.

Hernández subraya que no ha habido un juicio para ver si existe o no delito. “Se ha tomado una medida cautelar en contra de los presupuestos contemplados para ordenar una medida cautelar para explotar a la menor brevedad posible este residencial”, apunta.

Los vecinos insisten en que muchos de ellos tienen capacidad económica para alquilar una casa o un piso, pero defienden que no hay oferta en Lanzarote. “La vivienda vacacional se ha comido todos los pisos para las familias que vivimos aquí”, concluyen. Sandra, una de las afectadas, asegura que han propuesto al propietario del recinto pagar un alquiler por cada vivienda hasta que encuentren una alternativa habitacional. ''No quieren, no nos dan ninguna solución'', asegura.

En Canarias, es cada vez más complicado acceder a una vivienda digna. Según el XIII Informe 'El Estado de la pobreza. Seguimiento del indicador europeo (AROPE) de pobreza y la exclusión social en España 2008-2022', en las islas está aumentando el número de personas que residen en viviendas inadecuadas. Además, se trata de la región española donde las familias tienen más dificultades para llegar a fin de mes. Un 70% de la población del Archipiélago tiene problemas para afrontar gastos imprevistos o llegar a fin de mes.