La Fiscalía ha presentado un recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas en diciembre de 2020, que absolvió a todos los acusados del caso Stratvs por la construcción de una bodega industrial en el Espacio Natural Protegido de La Geria, en Lanzarote. La Fiscalía pedía para el promotor de la obra, el empresario Juan Francisco Rosa, quince años de prisión, inhabilitación para el sufragio pasivo, multa de 77 meses con cuota diaria de cien euros y la prohibición de ejercer cualquier profesión relacionada con la construcción y la promoción inmobiliaria y turística durante seis años.
En diciembre, la Fiscalía no recibió una aclaración de la sentencia, como había solicitado a la Audiencia Provincial, porque estimaba que no se resolvían todos los puntos de un caso cuya vista oral se prolongó desde enero hasta julio de 2020. Así, el Ministerio Público considera que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y se ha producido un “quebrantamiento de forma por incongruencia omisiva de la ley” en relación a un delito continuado de falsedad en documento oficial y otro en documento público, ambos imputados a Miguel Ángel Armas Matallana, el arquitecto de la bodega.
En el mismo sentido, estima que la sentencia omite un delito de falsedad en documento oficial por imprudencia que atribuye a Blas Noda, funcionario del catastro municipal donde se ubica el complejo Stratvs. La Fiscalía ha destacado la “ausencia” en la sentencia de “qué se considera probado” en relación al delito “cometido por el funcionario público”.
El Ministerio Público también ha señalado que en la sentencia se ha omitido un delito contra la ordenación del territorio con afectación grave a los valores objeto de protección de un espacio natural protegido.
La Fiscalía subraya que la sentencia tampoco no ha expresado claramente cuales han sido los hechos probados en relación al delito de medio ambiente, en su modalidad de excavación y extracción, con afectación grave a los valores objeto de protección de La Geria; ni al delito de hurto de bienes de valor histórico. Y acusa al ex gerente del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote Juan Hernández Duchemín de un delito continuado de prevaricación medioambiental en un espacio natural protegido pues, a juicio del Ministerio Fiscal, en la sentencia no se refleja “qué se considera probado” en este sentido.
En su escrito, la Fiscalía añade que añade que se ha incurrido en “infracción de la ley por ”error en la valoración“ de pruebas presentadas en relación al delito de usurpación, del delito contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico, de prevaricación medioambioental y urbanística y de ”la indebida inaplicación del Código Penal“. En este último, que hace referencia a la absolución de los acusados, considera que se incurrió en infracción de la ley en relación a la ordenación urbanística de suelo rústico y el Plan Insular de Ordenación, imputado a Faustino García Márquez y Armando Villavicencio Delgado, ambos en el Servicio de Ordenación Urbanística de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. En todos, la Fiscalía pide que se eleve documentación relacionada al Tribunal Supremo, órgano encargado de pronunciarse al respecto.
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