La Guardia Civil no encuentra el pago que libraría al expresidente del Cabildo de Lanzarote de las sospechas de cohecho

Ni al Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil ni al juez de instrucción 2 de Arrecife le cuadran las cuentas que ha hecho tanto en la investigación como públicamente el expresidente del Cabildo de Lanzarote Pedro San Ginés, actual portavoz de Coalición Canaria en esa Corporación. Las explicaciones las ha ofrecido para justificar la titularidad de una casa en la lujosa urbanización Castillo de San José, en Arrecife, comprada a una empresa vinculada con el abogado Ignacio Calatayud justo en las fechas en las que supuestamente benefició desde su puesto como máximo dirigente de la empresa pública Inalsa y del Consorcio Insular del Agua de Lanzarote. El llamado caso Minutas.

Los informes aportados a la instrucción por la Agencia Tributaria desmienten las afirmaciones de San Ginés según las cuales pagó religiosamente esa propiedad mediante unos acuerdos con la empresa propietaria, Adelfas, 24, S.L., de la que son titulares el polémico abogado Felipe Fernández Camero y su hija Juana, a la sazón esposa de Ignacio Calatayud. Esos informes demuestran que, efectivamente, realizó pagos desde sus cuentas corrientes por un importe de 274.564,29 euros, una cantidad alejada del precio de mercado de ese inmueble entonces, unos 360.000 euros, diferencia que el dirigente de CC en Lanzarote dice haber cubierto con el pago de 95.000 euros en metálico, es decir, en negro. Y eso es lo que no aparece por ningún lado.

La coincidencia temporal de los pagos irregulares a Ignacio Calatayud desde Inalsa y el Consorcio del Agua con la compra de esa vivienda a Adelfas 24 es una de las líneas de trabajo del Equipo contra el Crimen Organizado de la Guardia Civil por un posible cohecho. Para desvirtuar esa sospecha San Ginés realizó una sorprendente declaración ante el juez instructor, repetida por él mismo posteriormente en una rueda de prensa, afirmando haber abonado en efectivo 95.000 euros. Con ese desembolso, de momento fantasma, San Ginés habría tratado de demostrar que no recibió ningún trato de favor en cuanto al precio de la vivienda, adquirida muy por debajo de su valor de mercado.

La decisiva declaración de Juana Fernández

Uno de los hitos de la instrucción que más pueden perjudicar esa estrategia de Pedro San Ginés es la declaración de Juana Fernández de las Heras, administradora de Adelfas 24, hija de Felipe Fernández Camero y esposa de Ignacio Calatayud. La mujer fue interrogada por agentes del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil el pasado mes de marzo y, a diferencia de Pedro San Ginés, que se negó a declarar, o de su marido, Ignacio Calatayud, que fundamentalmente se limitó a contestar señalando a “lo que consta en las actuaciones”, Juana Fernández mantuvo una actitud colaboradora y respondió de manera espontánea a todas las preguntas realizadas por los agentes, lo que para ellos otorga una especial veracidad a su declaración.

En sus respuestas, Juana Fernández afirmó que el precio de compraventa de la vivienda, en contra de lo afirmado por San Ginés, ascendió a 270.000 euros aproximadamente, una cifra que coincide sustancialmente con la recogida en el contrato de compraventa de agosto de 2019, que señala como precio de la vivienda la cantidad de 265.000 euros. Además,  a la pregunta de cómo se realizaron los pagos de dicha compra respondió de manera rotunda que se realizaron todos “mediante transferencias bancarias” e insistió en que todos ellos “constan en las cuentas anuales” de la sociedad.

Las afirmaciones de Juana Fernández coinciden por completo con el informe económico realizado por los agentes del ECO. Los investigadores rastrearon exhaustivamente las cuentas corrientes de Pedro San Ginés a partir del año 2009 pudiendo acreditar transferencias en favor de Adelfas 24 por un importe total de 274.564,29 euros, una cifra coincidente tanto con el contrato de compraventa de agosto de 2019, como con la declaración inicial de Juana Fernández de las Heras.

Esta coincidencia de la declaración inicial de Juana Fernández con lo reflejado en el contrato y los datos obtenidos de la investigación apunta a que la declaración de San Ginés, reconociendo pagos en negro para incrementar artificialmente el precio supuestamente pagado por la vivienda carece de credibilidad y “responde a una fabulación” creada expresamente para tratar de desvirtuar la acusación de soborno.

En ese sentido cobra especial relevancia el silencio mantenido por el polémico abogado Felipe Fernández Camero, quien se negó a responder a las preguntas no solo de las defensas, incluida la de Adelfas, sino también las de la jueza, la fiscal y la acusación, dejando de ese modo sin respaldo la declaración de San Ginés de haber realizado al propio Camero esos supuestos pagos en negro con los que pretendía incrementar el importe abonado por su vivienda.