Llega a la Fiscalía de Arrecife una denuncia contra el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Yaiza por su inacción ante un hotel ilegal de Playa Blanca. La asociación cívica El sol sale para todos ha denunciado a las dos administraciones por no haber restablecido la legalidad urbanística en el caso del Hotel Sandos Papagayo Beach Resort, ahora conocido como Papagayo Arena. Las licencias de este hotel fueron concedidas de forma irregular durante la etapa más oscura del municipio de Yaiza, cuando el exalcalde José Francisco Reyes autorizó miles de camas turísticas “sin otra base legal que su capricho”, según la sentencia del caso Yate, emitida en 2017 y que lo condenó a prisión. Tras una larga batalla judicial, este complejo turístico sigue funcionando “en vías de legalización”.
La asociación acusa al Ejecutivo autonómico y al Ayuntamiento de Yaiza de desobediencia de resoluciones judiciales firmes y de omisión del deber de perseguir delitos. Aunque la denuncia fue presentada en primer lugar ante la Fiscalía Anticorrupción, ahora está en manos de la Físcalía de Área de Arrecife, tal y como han confirmado a esta redacción fuentes del Ministerio Público. “Se está tramitando la denuncia en Fiscalía. Hay un plazo para resolver y aún no ha concluido. Se está trabajando sobre ella, estudiando el asunto”, señalan.
Los denunciantes insisten en que este hotel de cinco estrellas sigue privando a la ciudadanía del acceso a la playa mediante el cerramiento de la edificación y la desaparición del vial público que permitía llegar a la costa. Las licencias otorgadas por el exalcalde autorizaron la agrupación de las parcelas 1 y 2 del Plan Parcial de Las Coloradas para levantar este hotel. La licencia fue anulada por la Justicia, que concluyó que se había ocupado un vial peatonal público de acceso al mar, un camino que desapareció con la construcción del complejo hotelero. El Papagayo Arena, además, tiene más plantas y más altura de las permitidas e incumple los retranqueos establecidos para dos parcelas separadas.
El sol sale para todos subraya en su denuncia que no está ni a favor ni en contra de la legalización o de la demolición. Lo que pretenden es que se resuelva “de una vez” el expediente de legalización. Según la asociación, que se eternice esta situación solo beneficia al complejo, que sigue funcionando a pleno rendimiento y recibiendo ingresos de sus huéspedes, que disfrutan ''en exclusiva'' de una playa pública convertida en privada ''de forma espuria''.
Además, cuestionan la legalidad de que el hotel cuente con una ''licencia en vía de legalización'', un concepto ''inédito'' en el mundo del derecho, mientras sigue beneficiándose del abastecimiento de agua, del servicio de recogida de basura y del suministro eléctrico.
La batalla judicial
El último episodio de la batalla judicial por el Papagayo Arena llegó en diciembre de 2023, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) estimó un recurso presentado por la propiedad. La decisión revocó un auto emitido en 2022, en el que se acordaba el restablecimiento de la legalidad urbanística y territorial al quedar acreditado que la agrupación de dos parcelas separadas por un vial público incurría en un “vicio de nulidad” y una vulneración de las previsiones del plan parcial de Las Coloradas.
El auto ahora revocado acordaba la ejecución íntegra de una sentencia emitida en 2011 que declaraba nulas las licencias de obra, la de final de obra y la agrupación de las dos parcelas. Además, esta resolución judicial atribuía al Ayuntamiento de Yaiza la responsabilidad de velar por la legalidad urbanística.
En esta línea, en 2013 la corporación municipal acordó ejecutar de forma definitiva las sentencias dictadas por los tribunales y requirió a los interesados que en un plazo máximo de tres meses instaran a la legalización de las obras objeto de la licencia anulada. El Ayuntamiento estaba entonces gobernado por Gladys Acuña, condenada en 2018 por un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística y otro de prevaricación por omisión por la concesión de la licencia de actividad a la bodega Stratvs, propiedad del influyente empresario Juan Francisco Rosa.
La Justicia impuso a Acuña en 2018 una condena de inhabilitación para desempeñar cargos públicos durante 14 años. Sin embargo, en la actualidad ha sido designada como jefa de gabinete de Presidencia del presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort.
Han pasado once años desde que se firmara el acuerdo en Yaiza para instar a los propietarios del hotel a restablecer la legalidad en el edificio, pero en la actualidad este no ha sufrido ningún cambio. Además, sigue funcionando con normalidad a pesar de que el auto de enero de 2022, recurrido por el Papagayo Arena, concluyera que las infracciones urbanísticas materiales impedían la legalización de las mismas.
No es el único hotel ilegal que continúa operando en Lanzarote. En el caso Yate se constató que se habían concedido 44 licencias ilegales a hoteles, apartamentos y villas. Entre estos establecimientos ilegales están el Son Bou, que tiene una orden de demolición vigente por ser también ilegalizable, o el Princesa Yaiza, que tiene tres plantas de más.