El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha anunciado este martes que propondrá al pleno de la corporación insular la conveniencia de declarar la emergencia hídrica en Lanzarote y La Graciosa para acceder a fuentes de financiación extraordinaria y minimizar los cortes de agua.
La emergencia hídrica, según ha explicado Oswaldo Betancort este martes en un comunicado, permitirá a la isla acceder a fuentes de financiación extraordinarias para lograr de forma definitiva la ampliación de la producción de la Central de Desalación Díaz Rijo en 20.000 m3/día, con un presupuesto en torno a los 9 millones de euros que, según los técnicos, puede suponer la diferencia entre tener cortes de agua o no tenerlos, o minimizarlos de manera significativa.
Según Betancort, “hasta ahora no se daban las circunstancias para tal declaración porque no disponíamos de proyectos que poder ejecutar en el tiempo que durara la declaración de emergencia. Hemos estado trabajando como hormiguitas para redactar esos proyectos que nos permitirán agilizar los trámites para la adjudicación de las obras”.
“Actualmente ya disponemos de proyectos actualizados por un importe cercano a los 46 millones de euros, de los cuales casi 24 millones están proyectados en obras de abastecimiento, otros 19 en saneamiento y en torno a 1,5 millones en el plan de choque”, ha añadido el presidente del Cabildo.
El presidente ha propuesto al pleno del Cabildo de Lanzarote la conveniencia de instar a la Asamblea del Consorcio a promover la solicitud de declaración de emergencia hídrica en Lanzarote y La Graciosa al Consejo Insular del Agua, que es la entidad competente para ello.
El anuncio del presidente del Cabildo se llevará a la jornada de este miércoles del Debate del Estado de la Isla como propuesta de resolución del grupo de gobierno, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular.
El Cabildo señala que con esta propuesta “se pondrá de manifiesto que la situación de escasez hídrica, evidenciada por el desabastecimiento intermitente de la población, aconseja el amparo de un marco normativo que favorezca el desarrollo e implantación de los proyectos de infraestructura hidráulica que permitan revertir la situación, por lo que se hace conveniente en estos momentos acudir al paraguas de la figura normativa de la declaración de emergencia hídrica”.