El PSOE se ha convertido en la fuerza más votada en Arrecife. La lista que encabeza el socialista Alfredo Mendoza ha conseguido este 28 de mayo nueve representantes en la capital de Lanzarote. La candidatura de Astrid Pérez (PP), hasta ahora alcaldesa del municipio, ha obtenido siete concejales, igual que Coalición Canaria. Podemos y Nueva Canarias han desaparecido de la corporación y Vox ha irrumpido con dos actas. Por lo tanto, quién gobernará la capital depende aún de los pactos.
Si el PSOE y el PP deciden darle otra oportunidad al pacto que alcanzaron en 2019 y que rompieron dos años después, podrían sumar 16 concejales de los 25 totales. Este mismo número de representantes los podría alcanzar Astrid Pérez si, por el contrario, decide pactar con CC y Vox.
En las pasadas elecciones, el PP y el PSOE acordaron que la popular Astrid Pérez sería la alcaldesa de la capital y la socialista Dolores Corujo presidiría la máxima corporación insular. El objetivo, tal y como anunciaron en una rueda de prensa, era “dar estabilidad para cuatro años en ambas instituciones”. En 2021 el pacto se rompió. Pérez cesó a los cinco ediles socialistas que formaban parte del gobierno del municipio, formado por el PP, PSOE, Somos Lanzarote y Nueva Canarias. Diez días más tarde, el PP llegó a un acuerdo con CC para gobernar Arrecife.
Un investigado por corrupción en el Ayuntamiento
Coalición Canaria, con Echedey Eugenio como cabeza de lista, ha conseguido siete concejales. Entre ellos está Pedro San Ginés, expresidente del Cabildo de Lanzarote e investigado por diferentes delitos relacionados con la corrupción. San Ginés, número dos en la plancha de CC a Arrecife, está siendo investigado por prevaricación, malversación, fraude a la Administración, falsedad documental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal por el caso Minutas.
La investigación, que llevaba el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife hasta que uno de los investigados pidió que se hiciera cargo del caso el polémico juez Ricardo Fiestras, se inició a raíz de las acciones judiciales emprendidas por el Consorcio Insular del Agua y la empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa). Ambos organismos dependientes del Cabildo detectaron una supuesta apropiación indebida por parte del abogado y amigo del político Ignacio Calatayud de costas judiciales pertenecientes a ambas entidades por un importe superior a 800.000 euros.