El Congreso ha reclamado al Gobierno central, este martes, medidas para que se valore al Gran Telescopio Canarias (GTC) como una oferta turística más del archipiélago, de forma que se desestacionalice el turismo en La Palma, en donde se encuentra, y se apuesta por un turismo “de calidad, sostenible y con gran valor añadido”.
Esta iniciativa del PP, transaccionada con PSOE y Unidos Podemos, ha contado con el apoyo de todas las formaciones representadas en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio de la Cámara, a excepción de PDeCAT, que ha decidido abstenerse.
Ha sido el diputado canario popular Ernesto Aguiar, quien ha señalado la necesidad de establecer medidas que permitan la consolidación y crecimiento del GTC como “referente mundial indiscutible” y, además, que se impulse la formación académica de los jóvenes en los empleos especializados ligados a los proyectos nacionales e internacionales presentes y futuros que éste genera.
Para los de Pablo Casado es importante que este proyecto sea considerado y valorado como “un elemento de interés turístico” que pueda contribuir al objetivo de desconcentrar la oferta turística en el país.
Apostar por los servicios públicos
Durante el debate, los socialistas han señalado su acuerdo con el fondo de esta propuesta. Sin embargo, como ha explicado su portavoz en esta materia, Tamara Raya, creen que el Gobierno no puede “imponer medidas” a las autoridades autonómicas que ya trabajan en la promoción del GTC. Por ello, el PP ha accedido a incluir en el texto votado que el Ejecutivo impulse este proyecto, siempre en consenso con el Cabildo de La Palma o la administración pertinente.
También Unidos Podemos ha querido precisar un poco más el contenido de la iniciativa popular. En su caso, y tal y como ha apuntado el diputado morado canario Alberto Rodríguez, se han incluido “apreciaciones pequeñas” al texto, pero que son “de calado”.
Así, se ha añadido al texto que las administraciones deberán garantizar de que el Gran Telescopio de Canarias “va a seguir siendo público”, que la formación a profesionales que se exige en la iniciativa suponga la implicación de las universidades, formaciones técnicas y escuelas de oficio públicas, y que las visitas y ofertas que se realicen en la instalación sean un “servicio público de calidad” y no dejarlo en manos de empresas privadas “opacas”.