La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan) ha realizado una valoración de la intervención del ministro de Agricultura, Luis Planas, en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados sobre la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria. En este sentido, “en representación de todas las Organizaciones de Productores que aglutinan al 100% del sector”, señala que “el ministro ha menospreciado la voluntad del Parlamento de Canarias”. En su intervención, asegura, “ha considerado la petición aprobada por el Parlamento de Canarias a favor del sector como 'un tema de política canaria en el que no quiere entrar”.
Asprocan también sostiene que “el ministro ha demostrado un grave desconocimiento de la estructura de representación democrática que avala al sector desde hace más de 30 años”. La Asamblea General de Asprocan, indica, “máximo órgano de representación del 100% del sector platanero, se ha posicionado unánimemente a favor de la decisión del Parlamento de Canarias de exceptuar al Plátano de Canarias de los artículos 9.1 c) y j) y el 12 ter de la Ley de la Cadena Alimentaria”.
Apunta que “ante esta desconsideración a la voluntad de los canarios y a un sector clave para la economía de Canarias, desde Asprocan apelamos a todos los grupos del Congreso, incluyendo el grupo Socialista, a apoyar la instancia del Parlamento de Canarias”.
“Queremos dejar claro que, como hemos hecho en los últimos 30 años, Asprocan protege y defiende una renta digna para todos los productores de plátano -no sólo un precio mínimo- y precisamente por eso pedimos la excepcionalidad. Porque la aplicación de esta Ley nos llevaría a una situación de vernos obligados a retirar una cantidad tan grande de fruta que acabaría destruyendo a los mismos productores a los que esta Ley pretende proteger”, subraya.
“Es inexplicable que se centren los esfuerzos en establecer normas que, en la practica real, no benefician a los productores sino que les perjudican gravemente, mientras vemos en el mercado español bananas de terceros países que incumplen normativas, aplican políticas de precios para destruir el producto nacional y que además ahora son favorecidas por el Ejecutivo español”, concluye.