El Centro Insular de Iniciativas Turísticas (CIT) La Palma pide “la retirada del decreto de registro de viajeros por su impacto negativo en el sector turístico”, destaca en una nota de prensa. Señala que “la normativa es confusa para los establecimientos hoteleros y extrahoteleros y para empresas dedicadas al alquiler de vehículos en todo el país, pero especialmente perjudicial para una Isla que arrastra una crisis cronificada por la falta de plazas alojativas”.
La patrona turística de La Palma insta “al Ejecutivo regional y a la delegación del Gobierno en Canarias, así como al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a la revisión de las condiciones del Real Decreto 933/2021, que viene a regular las obligaciones de registro documental de huéspedes y que entrará en vigor el próximo 1 de octubre con una desmedida ampliación del número de datos a recoger por parte de establecimientos hoteleros y extrahoteleros, un total de 17, durante el check-in, además de la afección extendida a las empresas de alquiler de coches”.
El presidente del CIT Insular La Palma, Óscar León, explica que “las condiciones que impone este decreto, que entrará en vigor en apenas algo más de una semana, supone la obligación de una inversión por parte de establecimientos hoteleros y extrahoteleros de cualquier naturaleza, independientemente del número de plazas con las que cuente, lo que va a suponer un duro golpe para el sector que tira de la economía en todo el país. Este decreto requiere de una mecanización de los sistemas que llevan aparejado un sobrecoste para las empresas del sector; sin esa mecanización, se obliga a llevar a cabo un trabajo manual añadido y desproporcionado para los establecimientos, lo que puede conllevar un considerable aumento de errores”.
León, se apunta en la nota, “se suma así al resto de organizaciones en las asociaciones hoteleras provinciales, a la hora de lamentar el incumplimiento del desarrollo normativo de este Real Decreto a partir de una orden de gestión del documento que no ha llegado a ejecutarse, y que hubiera permitido establecer una colaboración con los sectores y subsectores turísticos para determinar cuáles deberían ser los datos de registro en cada caso”.
Entre las exigencias de este decreto, se añade en la nota, “figura la petición de datos tales como el tipo de tarjeta y número, IBAN y cuenta bancaria, fecha de caducidad, además de otros datos del pago del cliente tanto para el hospedaje como para el alquiler de vehículos, ejemplo de las hasta 17 exigencias que figuran en el citado Decreto”.
“A día de hoy, si las cosas no varían, estamos frente a una situación de desconcierto generalizada que impone más presión al sector turístico insular, a todos y cada uno de los alojamientos hoteleros y extrahoteleros y a las empresas del alquiler de vehículos de una isla que debe centrar sus esfuerzos en conseguir un mayor número de plazas turísticas para reforzar la economía insular y contribuir de forma decisiva al crecimiento del PIB”, agrega el responsable de la patronal turística insular. Desde el CIT Insular La Palma se advierte de que “la inminente entrada en vigor de este decreto puede llevar al sector hotelero y extrahotelero de La Palma a un quebrantamiento de la norma, no solo por la dificultad de su estricto cumplimiento, sino por la falta de herramientas necesarias para su estricto cumplimiento”.