Con la Iglesia hemos topado

Parece que en los lugares pequeños de nuestro país sigue existiendo un cierto consenso por el que todo aquel que cuestione cualquier manifestación religiosa, ya sea la Navidad, la Semana Santa o una fiesta patronal, es considerado poco menos que, si se me permite la ironía, un hereje.

Si además la crítica procede del ámbito de la izquierda, el terreno para las descalificaciones está más que abonado. “Anticlericales”, “perroflautas”, “revanchistas”, “sectarios”, “esperpento”, “analfabetos culturales” son algunas de los calificativos que han expresado algunos en comentarios y redes sociales en relación a la crítica que desde Izquierda Unida Canaria hacíamos al Bando de Semana Santa del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. De lo anterior se desprende que a una parte de los palmeros les parece normal que un alcalde, en un bando, realice recomendaciones más propias de un sacerdote que de un representante democrático, como instar a la ciudadanía “al margen de la profesión de fe” a “la guarda del espíritu de recogimiento preescrito sobre todo durante las jornadas del jueves y viernes santos”.

Durante décadas hemos asumido como normal que los y las concejales de nuestros ayuntamientos prometan o juren la Constitución delante de un crucifijo y/o una Biblia, asistan con sus medallas de concejal a todo tipo de procesiones, misas u ofrendas o celebren el aniversario del nombramiento de una Virgen como Alcaldesa Honoraria del municipio. Hemos asumido en nuestra Isla que es lógico que cada año nuestro presidente del Cabildo Insular invoque a la Virgen de Las Nieves o a San Miguel, y que los días de estos santos sean fiestas insulares. ¿Representan sólo a los católicos nuestros políticos? ¿Sólo a los practicantes o también a los no practicantes? ¿Por qué esta sumisión a una religión, por muy mayoritaria que haya sido su práctica?

Ante este falso consenso tan arraigado en nuestra isla es necesario comenzar a cuestionar si queremos, en primer lugar, cumplir con el actual marco constitucional que define un Estado aconfesional y, en segundo lugar, avanzar hacia la construcción de un verdadero Estado laico. De lo que se trata no es de impedir que los católicos o que los musulmanes expresen en el espacio público sus creencias o manifestaciones religiosas, sino que el Estado, sus instituciones y representantes sean neutrales ante ellas. Que acudan a estos actos, pero no en representación de todos. Sólo así podremos comenzar a romper verdaderamente con ciertos elementos del nacional-catolicismo que, a pesar de los años transcurridos del final de la dictadura, todavía hoy están presentes.