En los años 90 hablando con políticos, amigos y periodistas, sobre el problema de los residuos en La Palma, descubrí que se le daba más credibilidad a una persona que hubiera visto un documental la noche anterior, o que hubiera hablado con otro político en fechas cercanas, antes que a una persona que hubiera estudiado tal problemática en sus estudios universitarios, hubiera estudiado un máster universitario sobre la cuestión en la Universidad de Alcalá de Henares, como era mi caso, o que hubiera participado en cursos y debates en otras universidades.
Durante años viví con ese tipo de experiencias, porque no podía llevar los libros, los artículos, las experiencias vividas al interior de las personas para mostrarles que un documental, un comentario de una tercera persona o un artículo no pueden suplir el conocimiento que genera el estudio y las experiencias personales.
Aquellas experiencias personales son ahora generalizaciones, ya que se da credibilidad a las noticias, comentarios, opiniones en función de la procedencia de la misma, sin importar si son verdad o no. Esto ha sido especialmente relevante en los últimos meses cuando se ha hablado sobre la enésima Ley de Educación en España, la conocida como Ley Celaá, y más concretamente en el punto referido a los colegios concertados. Se ha indicado desde varios medios de comunicación y tertulianos varios, que van a acabar con los colegios concertados, que la nueva ley ataca directamente a la libertad de elección de los padres/madres/tutores/as, y así hemos venido oyendo afirmaciones semejantes, que no de amigos, de familiares que lo creen como doctrina de Fe, porque lo escucharon en su noticiario favorito. Y cuando se invita a esos familiares a leer la Ley, publicada este pasado día 30 de diciembre de 2020 en el BOE, no quieren leer nada, ni contrastar nada, sólo creen y seguirán creyendo lo que dicen los/as políticos/as de su partido, y tertulianos/as afines a un determinado partido.
Yo no valoro si la Ley es buena o mala, sólo hago una llamada de atención al hecho de criticar una ley sin leerla, sólo porque alguien nos dice que la ley es mala, o lo contrario, porque que alguien nos diga que Ley es buena, no es buena, habrá que leerla, y hacer nuestras propias valoraciones, que sólo son 86 páginas; donde yo no encuentro por ningún lado la falta de libertad para la elección de centro, es más se consagra en el artículo 84, ni que vayan a acabar con los colegios concertados. Así en ese texto del BOE puede leerse el punto 1, del artículo 109, “… mediante una oferta suficiente de plazas públicas”, esto es una obviedad, porque si no hay alumnado que se puede quedar sin colegio, y el punto 5, del artículo 109, dice: “Las administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública”, otra obviedad para cumplir con el artículo 27 de la Constitución. De todos modos invito a cualquier lector a que me indique en que artículo de la Ley Celaá se acaba con los colegios concertados, porque nuevos conciertos con colegios están recogidos en la Ley. Honestamente creo que a unos y a otros les interesa la polémica.
Resumiendo, las personas que no queremos practicar el seguidismo, que no queremos practicar el “Si Bwana”, las que queremos algo más ¿a quién dar credibilidad?, si lo que nos muestran en redes sociales y medios de comunicación son interpretaciones de las normas, y mucha gente cree lo que se les diga porque así se lo dijeron sus referentes. ¿Cómo vamos a convivir y progresar bajo estas premisas?
En estas circunstancias no me extraña en absoluto el triunfo de las fake news, o la importancia de la generación de patrones de conducta a partir de la información aportada en Redes Sociales, que tanto éxito logró con el Brexit y en las elecciones de los Estados Unidos en el año 2016, gracias al trabajo de Cambridge Analytica.