Una Banca Pública Insular

Las sucesivas reformas del sector financiero llevadas a cabo por los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy han posibilitado el rescate, con dinero público, de buena parte de unos bancos y unas cajas de ahorro, en quiebra, tras haber servido como gasolina en la conformación de la burbuja inmobiliaria de nuestro país.

Unas reformas que también han llevado aparejadas la bancarización de las antiguas cajas de ahorro y montes de piedad, último reducto de Banca Pública en España, tras las privatizaciones iniciadas por Felipe González y continuadas por José María Aznar en la década de los años 90. Una bancarización sin apenas oposición, porque el discurso político y mediático dominante ha conseguido introducir en el imaginario popular el hecho de que la reforma de las cajas era algo inaplazable y necesario como consecuencia de los numerosos escándalos destapados al calor de la crisis: sueldos, indemnizaciones y pensiones millonarias de sus dirigentes, controvertidas decisiones de los políticos y sindicalistas representantes en sus consejos de administración, órganos de gobierno y de control, financiación de infraestructuras innecesarias, etc...

No es la intención de este artículo exculpar de sus responsabilidades a unos gestores que durante décadas se dedicaron a un proceso de descapitalización, cuando no de latrocinio, del trabajo de unas cajas y obras sociales cercanas al territorio y a la ciudadanía cuyo fin último no era la maximización pura y dura de sus beneficios y posterior reparto de dividiendos entre sus accionistas. Pero a tenor de lo sucedido no resulta descabellado pensar que la existencia de una Banca Pública podría haber servido de cortafuegos, cuando no de alternativa, a unas entidades financieras más empeñadas en desahuciar, tras engañar masivamente a miles de ahorradores con participaciones preferentes o cláusulas suelo, que en cumplir su función original.

Sirva toda esta introducción para contextualizar una reflexión, creo que necesaria, sobre la posibilidad y la utilidad de implantar una Banca Pública en nuestra isla, salvando las distancias con el posible precedente que pudo configurar la antigua Caja de Ahorros Insular de La Palma. De lo que se trataría no es de imitar los errores del pasado, pero sí de pensar que es posible una entidad financiera con capital público, donde el crédito pudiera fluir a un interés alejado de la usura, se financiaran proyectos de interés para la isla, pudieran participar los trabajadores y ahorradores en la toma de decisiones y se desarrollara una potente obra social y cultural. El que sean dos cajas (Caixa Ontinyent y Caixa Pollença) que no entraron en la locura financiera y expansiva vinculada al ladrillo las únicas que resistan, cual aldeas galas, nos hacen pensar que una población y un territorio como La Palma podría ser compatible con la generación de un proyecto como el arriba mencionado.

De lo que se trata no es de apuntalar al sistema económico capitalista, sino de derribarlo, ya que hemos comprobado con esta crisis su incompatibilidad con la democracia. Pero en ese tránsito hay que conseguir que la mayoría de la ciudadanía, los trabajadores y las trabajadoras, podamos contar con herramientas que nos ayuden a emanciparnos y a cambiar esta lógica, y no a encadenarnos, de por vida, a instituciones que privilegian sus beneficios a nuestras vidas. De nuestro grado de voluntad y organización, depende.