El pasado mes de junio se desarrolló la semana de la Administración Abierta en diferentes puntos del estado español, con la finalidad de acercar las instituciones públicas a la ciudadanía, en este caso al alumnado, basándose en los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, integridad pública y colaboración. Evento impulsado por la Dirección General de Gobernanza Pública, con la colaboración del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.
Los centros educativos que se acogieron a esta actividad, invitan a las familias a participar en una jornada bajo el título ‘Exhibición de medios de seguridad, defensa y emergencias’.
Sin embargo, entre las actividades que acontecieron ese día en las calles principales de Santa Cruz de La Palma, promovidas por el ayuntamiento del municipio y muy lejos de un modelo pedagógico y humanitario, las Fuerzas Armadas ofrecieron a la infancia un escenario interactivo de guerra, un despliegue armamentístico deplorable, donde alumnado de Infantil y Primaria pudo manipular y coquetear con diferentes artefactos que solo generan violencia y muerte; militares, exposición de metralletas, camiones y cañones de guerra. Todo ello en un ambiente lúdico-participativo con el uso de elementos de carácter policial como escudos, porras, cascos, que se mezclan en el juego. Además, asistimos también a la manipulación ideológica mediante el reparto de diversos símbolos impuestos y consignas, que se regalaron a la población infantil. Con este lamentable espectáculo, seguimos reproduciendo modelos que perpetúan una visión del mundo y de las relaciones sociales desde un punto de vista belicista, autoritario y masculinizado.
Respecto al contenido de dicha actividad escolar, la Convención de los Derechos del Niño (CDN), reconoce en el artículo 13 del derecho de la infancia a buscar y recibir información adaptada y en el artículo 14, de libertad de pensamiento y de conciencia, donde en su segundo punto, menciona que los Estados respetarán los derechos de las madres, padres o tutores a guiar al niño y a la niña en el ejercicio de este derecho. Recordar además, que la participación y opinión de la infancia es principio rector de todos sus derechos. Están siendo por tanto obligados/as a formar parte de un espacio escolar militarizado.
El sistema educativo debe apostar por entornos seguros amables y políticas que protejan a la niñez, como recoge La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (más conocida como la LOPIVI), que requiere y exige a corto plazo no sólo la puesta en marcha de nuevas medidas sino el desarrollo más sistémico e integral de una nueva cultura de buen trato y de reconocimiento de los derechos humanos de la infancia.
Con este acto militarizado y ante una clara perspectiva adultocentrista, ¿qué estamos enseñando? ¿Hemos informado al alumnado sobre cómo afecta la guerra en la vida de los niños y niñas que permanecen en un conflicto armado? Por ejemplo, sobre cómo afecta a uno de cada cinco niños y niñas en el mundo y cómo repercute en su bienestar y desarrollo físico y emocional, sobre cómo las guerras y la violencia tienen un impacto devastador en la vida de la infancia, dejando cicatrices físicas y/o emocionales de por vida.
¿Se reflexiona con el alumnado sobre las consecuencias que genera la guerra en sus iguales del otro lado del mundo? ¿Acaso hablamos del impacto y trauma emocional y psicológico que provoca desde la niñez, del abandono escolar y el desplazamiento forzado, del desarraigo, la separación forzosa de sus familias y del riesgo de reclutamiento infantil y trata que conlleva la violencia armada?
La infancia es el colectivo más vulnerable y quien más sufre los efectos de un conflicto armado, según Save the Children, cientos de miles de menores están actualmente atrapados en guerras genocidas. Según la Organización, 26.000 niños y niñas –o algo más del 2% de la población menores de edad de la Franja de Gaza– han sido asesinados/as o heridos/as durante los meses de una guerra que ha diezmado el sistema de salud y cortado el acceso a la educación. Los incesantes bombardeos y las hostilidades han dejado casi el 90% de todos los edificios escolares dañados o devastados. La destrucción de escuelas, una grave violación contra la infancia en los conflictos armados, tendrá un impacto duradero en una generación cuyo aprendizaje seguirá en peligro incluso tras el genocidio.
Si bien la educación para la paz forma parte del desafío educativo propio de una “aldea global” y debe ser el contenido transversal de la educación, cuando la comunidad educativa decide participar en una iniciativa de índole militarista, como es este caso, no estamos educando para favorecer una cultura de paz.
La educación para la paz es un proceso de participación en el cual debe desarrollarse la capacidad crítica, esencial para los nuevos y nuevas ciudadanos/as del mundo. Debemos enseñar y aprender soluciones a los conflictos, a la guerra, a la violencia, al terrorismo, a la explotación de género, a combatir el daño ambiental y oponerse a todo lo que sea contrario a la vida y a la dignidad humana. Generar un relato participado que favorezca la transición de una cultura de guerra y de fuerza a una cultura de paz.
Situándonos en el marco de la Década Internacional para la Cultura de Paz (2001-2010) proclamada por las Naciones Unidas, la Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la cultura de la paz, establece una serie de medidas destinadas al ámbito educativo y de la investigación, con el objeto de establecer la cultura de paz y no-violencia en nuestra sociedad. En ella se reconoce el papel determinante que juega la educación como motor de evolución de una sociedad, pretendiendo ser un punto de partida para sustituir la cultura de la violencia que ha definido el siglo pasado, por una cultura de paz que tiene que caracterizar al siglo XXI.
Desde una mirada pedagógica, la comunidad educativa es responsable de hacer una verdadera revisión y muestra de rechazo ante la participación en tales actos militarizados, considerando que la guerra no es un juego. Educar en la prevención y en la resolución de conflictos es mucho más coherente y eficaz que educar en esquemas militaristas desfasados.
Existen múltiples propuestas, experiencias y exigencias para frenar este tipo de actos, pudiendo ser acogidas por la Consejería de Educación, así como el compromiso por parte del equipo educativo, ante actividades vinculadas a la industria de la militarización, y que suponga la no aceptación o expulsión del ejército y las fuerzas armadas, así como de cualquier cuerpo armado, en todas las actividades infantiles organizadas desde la comunidad educativa, dentro y fuera del centro escolar. Que los centros educativos se posicionen como entorno seguro para la niñez y centros educativos objetores de conciencia a la propaganda militar.
A modo de cierre, comparto un texto de las compañeras de Canarias por La Paz. Alternativa Antimilitarista MOC - Las Palmas: “Las armas matan niños y niñas. Cuando cada vez más se admite que la seguridad depende de la gestión de variables como los Derechos Humanos, el equilibrio medioambiental, y la justicia social, creer – aun en esquemas de seguridad basados en conflictos de defensa militar es totalmente caduco, pero querer introducir esta visión en los centros de enseñanza es completamente absurdo y antieducativo. Apostamos claramente por la educación para la paz, los derechos humanos y el respeto a la diversidad” .
Para la guerra nada
*Kesiá Castillo Rodríguez es agricultora, pedagoga y educadora social