Los abogados siempre hemos sido de naturaleza optimista. Ante la duda, consideramos que ver las posibilidades de futuro siempre es más ventajoso que hacer inventario de las oportunidades perdidas. Incluso en los escenarios más adversos entendemos que es más útil para todos buscar salidas, en centrarnos en encontrar soluciones a los problemas a los que nos enfrentamos.
Esa visión del mundo suele condicionar nuestras decisiones tanto como abogados como en los casos en que ejercemos al tiempo cargos en la Abogacía institucional. Porque somos plenamente conscientes de que la paz social en toda sociedad democrática depende, en buena parte, de que esta disponga de un servicio público de justicia que resuelva los conflictos, aplicando las leyes que la propia sociedad se ha otorgado, en tiempo y forma: en definitiva, un servicio público que soluciona problemas a la gente, protegiendo sus derechos y libertades.
Esa es la función primordial de este servicio público. El que hoy en día lleva meses paralizado. Y esa es precisamente la razón por la que abogados y abogadas seguimos creyendo en el sistema de justicia, y lo defendamos, por muchas que sean las deficiencias de funcionamiento y retrasos, impensables en cualquier otro servicio público.
Desafortunadamente, desde que la mayoría de nosotros tenemos uso de razón se habla de “la crisis de la Justicia”. Así, en singular. Crisis. Como si fuera consustancial al propio servicio que la justicia presta a la sociedad. Y es que, la justicia no parece haber importado mucho, o al menos no lo suficiente, sea cual fuere el color de los gobiernos, tanto estatal como autonómicos.
Por eso precisamente no ha existido aún una legislatura en nuestra democracia en que se haya modernizado verdaderamente este servicio público, como sí las ha habido claramente para la educación, o la sanidad, entre otros servicios públicos que, con la Constitución, nuestros poderes públicos se han afanado en crear y consolidar.
Las iniciativas de cambio impulsadas hasta la fecha no han gozado de suficiente voluntad política o han perecido por la falta de visión de Estado, o de mero sentido institucional, incluidos los vaivenes del cortoplacismo. Así las cosas, nadie termina de implementar las soluciones proyectadas para el servicio público de justicia, aunque sea patente para todos que requiere de modo urgente una reorganización que lo haga más rápido y efectivo, así como mayores recursos materiales y personales, que aseguren su calidad.
Por si fuera poco, en 2019 llegó la pandemia. La Justicia no fue solo la administración más paralizada, sino una de las que más ha tardado en recuperar la normalidad. Tan es así que, hace solo unos días, compañeros de Madrid denunciaban que un juzgado de lo social continúa exigiendo cita previa para atender a los abogados personados en causas tres años después de que finalizase el confinamiento de 2020. En fin, algo impensable en cualquier otro servicio público.
Todavía no habíamos recuperado la plena normalidad cuando irrumpe la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, congelando nuevamente la actividad durante meses. Y ahora, al reciente conato de la huelga de jueces y fiscales, le sigue la actual huelga de funcionarios. Una nueva huelga que continúa manteniendo paralizado la justicia, sin control efectivo ni del cumplimiento de los servicios mínimos, y sin viso alguno de solución.
De nada han servido durante estos últimos años las llamadas de auxilio ante la precariedad del ‘paciente’. De nada las continuas peticiones de responsabilidad a unos y otros. Las alertas persistentes y contundentes han caído en saco roto. Con este panorama, España arranca su presidencia europea con una Justicia que podría considerarse al borde de la quiebra técnica.
Cuando los expertos apuntan que nuestro país acaba de recuperar buena parte de los indicadores económicos que teníamos en 2019, la Justicia vive uno de sus peores momentos del periodo democrático, paralizada desde hace meses por sucesivas huelgas, y sin implantar las medidas de transformación proyectadas en las Conferencias Sectoriales de Justicia, ni de los proyectos de ley que en estas se habían consensuado, y que ya habían llegado al Congreso de los Diputados.
Por eso, el próximo día 28 de junio, los Colegios de la Abogacía de toda España hemos convocado a nuestros compañeros y compañeras para concentrarnos ante las principales sedes judiciales de las distintas ciudades. Para pedir la decidida implicación de todas las administraciones y los operadores jurídicos en la búsqueda de una solución la paralización de la justicia. A unos y otros les exigimos la urgente e inmediata reactivación del servicio público, por el bien del país y de la ciudadanía.
La situación es insostenible.
Y por eso mismo, también exigimos a los partidos que concurren a las elecciones que hagan de la justicia una prioridad, para que la XV Legislatura sea por fin la Legislatura de la justicia.
A unos y otros va dirigido el lema de la protesta: La Justicia es una cuestión de Estado. Demostremos que creemos en ello antes de que sea demasiado tarde.
Juan Antonio Rodríguez Rodríguez, decano del Ilustre Colegio de Abogados de La Palma, y los otros 99 miembros del Consejo General de la Abogacía Española