La Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, a instancia de su máximo responsable, Juan Ramón Hernández Gómez, tras el informe realizado por los Servicios Jurídicos del Ejecutivo autónomo, ha remitido este lunes a la Fiscalía Anticorrupción el expediente de contratación a través del cual, la empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR), dependiente de la Consejería de Agricultura, adjudicó el año pasado durante seis meses prorrogables por otros tantos, la inspección de la cabaña ganadera de La Palma al ex alcalde de Los Llanos de Aridane y dirigente de CC, Juan Ramón Rodríguez Marín.
El titular del citado departamento regional quiere que se “aclaren cuanto antes” todos “los aspectos del expediente que supuestamente no se ajustan a la legalidad” y, en consecuencia, si se ha cometido “alguna irregularidad” o existen “indicios de delito” en el proceso de contratación, a la mayor brevedad posible, “se depuren las responsabilidades correspondientes”, según ha indicado a LA PALMA AHORA el secretario de Organización de CC en la Isla, Marcos Lorenzo Pérez.
El consejero regional de Agricultura y presidente de CC en La Palma, Juan Ramón Hernández Gómez, en la reunión del Consejo Político Insular celebrado este lunes en Fuencaliente, informó a los presentes sobre el 'caso Marín'. Dijo que se trató de la contratación de un veterinario, por parte de GMR, para la inspección y control de las explotaciones ganaderas de La Palma con la finalidad de cumplimentar los requisitos de puesta al día del sector demandados por la Unión Europea en todas las islas. El contrato se prolongó, en base al plazo fijado, durante casi un año a razón de 3.300 euros al mes más impuestos.
El periódico El Día informó el miércoles de la semana pasada que la empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR) invitó a tres profesionales para adjudicar la reseñada labor. Finalmente se contrató a Juan Ramón Rodríguez Marín. Los otros dos veterinarios, pese a que en el expediente figuran los acuses de recibo firmados, niegan que hubiesen sido invitados a concurrir.
La Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias abrió sobre la marcha, según indicó Hernández Gómez, una investigación para aclarar la supuesta falsificación.
En concreto, Juan Ramón Hernández, en principio, ordenó poner el caso “en manos de la Secretaría General Técnica y de los servicios jurídicos” del Ejecutivo regional para determinar, “cuanto antes, si se ha cometido alguna irregularidad y, en tal caso, ”depurar responsabilidades“.
El contrato, añadió Hernández Gómez, entró en vigor a principios de 2012 y concluyó a finales de diciembre del citado año.
Asimismo, según informa Salvador Lachica en CANARIAS AHORA, el consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Hernández, ha anunciado este martes en el Parlamento regional que “se ha remitido a la Fiscalía” el presunto contrato irregular del ex alcalde de Los Llanos de Aridane, el nacionalista Juan Ramón Rodríguez Marín, por parte de la empresa Gestión del Medio Rural (GMR), para controlar la cabaña ganadera de La Palma.
“Hemos decidido el pasado jueves, después de abrir la investigación, remitir el expediente a la Fiscalía para que se diluciden, si las hay, las responsabilidades correspondientes ante la opinión pública de Canarias, ya que llevamos días en el candelero con todo este asunto”, ha asegurado escuetamente Hernández en la Comisión de Agricultura de la Cámara regional.
Precisamente, y ante la parquedad de las explicaciones del consejero, la presidenta de la Comisión, Cristina Tavío, ha invitado al consejero a solicitar una comparecencia para explicar este polémico asunto, que fue objeto de duras acusaciones por parte de la conservadora Águeda Montelongo, en el pleno parlamentario de la pasada semana.
La remisión a la Fiscalía culmina la investigación interna de la Consejería para aclarar la supuesta falsificación de firmas en el expediente de contratación de un veterinario para el control de explotaciones ganaderas en La Palma. Hernández Gómez puso el caso en manos de la Secretaría General Técnica y de los servicios jurídicos del Ejecutivo regional para que determinara si se había cometido alguna irregularidad y, en su caso, se depuraran responsabilidades.
No obstante, el propio consejero ha asegurado que la remisión a la Fiscalía no predispone que haya habido irregularidades, pero que la Consejería ha considerado “conveniente” que sea la Justicia quien lo determine.
Como se recordará el periódico El Día informó la pasada semana de un presunto “amaño” en un procedimiento negociado para contratar los servicios de un veterinario, ya que la empresa pública GMR, dependiente de la Consejería de Agricultura, invitó a tres profesionales para adjudicar, durante seis meses prorrogables por otros seis, el control de la cabaña ganadera de la Isla.
Finalmente se contrató por un año a Rodríguez Marín, dirigente de CC y ex alcalde de Los Llanos, aunque los otros dos veterinarios, pese a que en el expediente figuran los acuses de recibo firmados, negaron que hubiesen sido invitados a concurrir a la plaza ofertada.