El Decreto de Vivienda Pública específico para La Palma aprobado el pasado lunes por el Gobierno de Canarias otorga al Cabildo palmero competencias en construcción de vivienda pública, así como 24 millones de euros para su ejecución con el objetivo de paliar el problema habitacional del Valle de Aridane tras la erupción.
En una declaración conjunta de la consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, el viceconsejero para la recuperación de La Palma, Pedro Afonso, y el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, han explicado las diferencias entre el Decreto de medidas urgentes en materia de vivienda, y recientemente aprobado específico para la Isla Bonita.
La consejera de Presidencia ha asegurado que el enfoque del Gobierno regional es el de “aportar un plus” para La Palma en la legislación que se elabore, recordando que el Decreto específico cuenta con un “plan de choque” de vivienda protegida para el Valle de Aridane.
Barreto ha señalado que las competencias del Cabildo de La Palma en vivienda pública ha sido una de las solicitudes del presidente insular, Sergio Rodríguez, desde que asumió su mandato, y refuerza la autonomía y la capacidad de respuesta de la institución palmera ante situaciones de crisis como la actual.
Además, se ha ampliado el número de terrenos en propiedad del Gobierno de Canarias tras ser cedidos por los ayuntamientos para la construcción de viviendas protegidas, pasando de 4 parcelas a 19.
Barreto ha afirmado que algunas de estas parcelas han tenido que ser recalificadas a través del Decreto desde un uso rústico, urbano no consolidado o en asentamiento rural para que tengan uso residencial.
Una de las áreas prioritarias identificadas en el plan de choque de vivienda para el Valle de Aridane es garantizar que las personas que llevan años esperando una vivienda protegida no se vean relegadas en las listas, según ha asegurado la consejera.
El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha expresado su agradecimiento por el apoyo y la comprensión mostrada por la Consejera de Presidencia ante la situación que enfrenta la isla, destacando que “las soluciones que no se dieron con el primer decreto se han ido dando en cada uno de los posteriores”.
Además del respaldo financiero del Gobierno de Canarias de 24 millones de euros, el Cabildo de La Palma contribuye con otros 7 adicionales para este propósito, lo que suma un total de 31 millones disponibles para la construcción de viviendas públicas y protegidas en la isla.
En el resto de municipios de la isla, la construcción de vivienda protegida correrá a cargo de las empresas públicas Visocan y el Instituto Canario de la Vivienda, a los que los distintos ayuntamientos también han cedido terrenos.