El Consejo Ciudadano Insular (CCI) de Podemos en La Palma, sobre la expulsión de su secretaria general insular, Mikal Rodríguez Martín, en un comunicado, se cuestiona si “es lícito que por preguntar al Cabildo de La Palma a dónde va la partida presupuestaria para la remuneración del cargo de consejero del Cabildo y la de un puesto de auxiliar administrativo por Podemos y por querer saber si parte de esta partida se queda en La Palma o se desvía a Gran Canaria, se expediente a la secretaria general de La Palma y se solicite su expulsión de Podemos”.
También pregunta si “es que hay miedo a que estemos en el buen camino, y que nuestras dudas sean ciertas”. Por lo visto, añade, “el tener que ser transparentes y dar explicaciones a esas preguntas, duele y mucho”.
En la nota indica igualmente que “el resto de los hechos denunciados ante la Comisión de Garantías Democráticas de Podemos Canarias, en el expediente sancionador CA1500035SRE de 07/09/2015, son falsos, incluidos para desviar la atención sobre el tema principal, el económico indicado, y la presunta designación irregular ‘a dedo’ de un empleo público, y basados en interpretaciones personales de los propios denunciantes, sin aportar prueba seria alguna”.
Añade que “ante estos dos hechos que consideramos inaceptables, autoritarios, prepotentes e injustos, propios más de un partido totalitario que de un partido democrático, enviamos a la Comisión Estatal de Garantías Democráticas de Podemos pruebas documentales suficientes en soporte gráfico, audio y video, sobre actuaciones de las personas Rodrigo Laiz García, impuesto desde Gran Canaria para el empleo de administrativo, y de su pareja sentimental y segunda candidata al Cabildo de La Palma, Olivia Fernández Lenaers, solicitando la suspensión cautelar de sus cargos, empleos y sueldos, mientras se espera la resolución final al expediente de denuncia presentado, que no debe ser otra que su expulsión del partido, por atentar gravemente contra los preceptos del Código Ético de Podemos, el mismo que se ha aplicado en el expediente sancionador indicado”.
En el comunicado se indica que son “actuaciones que afectan al propio consejero insular Dailos González Díaz, y a la secretaria general autonómica en Canarias, Meri Pita Cardenes, por su falta de imparcialidad y/o dejación de funciones”.
Apunta que “ante la gravedad de estos hechos nos preguntamos: ¿Es este el Podemos que queremos? ¿Actuará la Comisión Estatal de Garantías igual de rápido y con la misma contundencia? ¿Utilizará el mismo rasero para ambas denuncias? ¿Se alineará en la línea partidista y prepotente de Canarias o será imparcial y aplicará una sentencia ajustada a derecho?”.
Si es así, añade, “la resolución final debe dictaminar la inmediata expulsión de dichas personas de Podemos, la suspensión de cualquier cargo de responsabilidad y empleo, así como la inhabilitación de la Comisión de Garantías Democráticas y la restitución de la restitución de las funciones y honor de la secretaria general insular, Mikal Rodríguez Martín”.
Por el contrario, apunta, “sí la respuesta fuera negativa menoscabando la rotundidad de las pruebas portadas, y se diera por válida la resolución del citado expediente sancionador, confirmando la expulsión de la secretaria general de La Palma, la continuidad en cargos de responsabilidad y empleo de las personas denunciadas, y dar soporte a las sentencias de la Comisión de Garantías en Canarias, les pediríamos con el máximo orgullo que nos expulsaran de Podemos a los componentes de CCI de La Palma, firmantes de este escrito, porque no nos sentiríamos identificados, ni quisiéramos vernos implicados y señalados como políticos de un partido que antepone los intereses personales de unos acólitos, ante la ética y el prestigio que deberían ser la insignia de Podemos”.