David Padrón: “El gran atractivo del desarrollo sostenible es posicionar a las personas en el centro de la agenda política”

-¿Qué es el desarrollo sostenible? 

-El concepto de desarrollo sostenible fue acuñado en el año 1987, en el primer informe publicado por la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de Naciones Unidas. Con el título Nuestro futuro común, aunque más conocido como Informe Brundtland, en él se advierte que “está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible; es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias”. 

En este mismo documento se asegura que “el desarrollo sostenible implica límites, no límites absolutos, sino limitaciones que el estado actual de la tecnología y de la organización social, así como la capacidad de la biosfera para absorber los efectos de las actividades humanas, imponen a los recursos del medio ambiente”. 

Durante muchas décadas nos hemos centrado exclusivamente en el crecimiento económico, convirtiendo el mero avance del Producto Interior Bruto (PIB) en la única brújula que ha orientado nuestras acciones. Muchos economistas y dirigentes políticos continúan aún hoy otorgando al PIB mucho más crédito del que realmente merece, olvidando que las sociedades no deben ser juzgadas simplemente por patrones tales como la riqueza y el ingreso, pues ellos no se buscan por sí mismos, sino que son medios para alcanzar otros fines. 

Como ya advirtiese Aristóteles, la diferencia entre un acto político bueno y uno malo debe verse en términos de sus éxitos y fracasos para desarrollar la capacidad de las personas para llevar una “vida próspera”. 

El fetichismo por el PIB tiene otra cara: la ceguera ante los innegables impactos que sobre el medio ambiente natural ejerce la actividad económica (de producción, distribución y consumo), así como la negación de la relevancia de las cuestiones distributivas, de equidad y justicia social. Las consecuencias de este desenfoque son tan evidentes hoy en día que resulta aberrante la actitud de aquellos que aún permanecen instalados en el negacionismo. 

El concepto de desarrollo sostenible lo único que hace es visibilizar esas obviedades. Su gran atractivo radica, y así al menos lo veo yo, en que vuelve a posicionar a las personas en el centro de la agenda política. Se ensalza como gran objetivo el postulado aristotélico de propiciar una vida próspera para todos, lo que supone tener que preocuparnos también por las cuestiones distributivas. Al incluir en ese todos tanto a las generaciones presentes como las futuras, ello nos fuerza a meter en la ecuación la dimensión medioambiental. 

Llegado a este punto, quiero enfatizar que, cuando hablamos de desarrollo sostenible, realmente nos estamos refiriendo a un modelo que trata de conciliar la sostenibilidad económica con la social y la medioambiental. Y lo subrayo debido al elevado grado de desconocimiento acerca de lo que realmente es el desarrollo sostenible, que tiende a identificarse sólo con una de sus tres dimensiones: la medioambiental, cuando es una oportunidad única para cambiar la forma de hacer política; para ponerla nuevamente al servicio de la sociedad; para transitar, en definitiva, hacia un modelo de desarrollo que vuelva a situar en el centro a las personas, tanto a las generaciones presentes como a las que están por venir. 

-¿Cuál es la aportación de la Agenda 2030 al desarrollo sostenible? 

-De forma resumida, la Agenda 2030 para un desarrollo sostenible creo que puede ser interpretada como la forma en que Naciones Unidas ha tratado de cristalizar o concretar el concepto de desarrollo sostenible. Aprobada el 25 de septiembre por la Asamblea General de las Naciones Unidas y suscrita por 193 países, facilita una guía para transitar hacia un modelo que concilie la sostenibilidad económica, social y ambiental. 

La Agenda 2030 contiene 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y 169 metas globales, y debe ser interpretada como una hoja de ruta orientada a guiar las decisiones de los países y sus regiones de aquí a 2030 para transitar hacia un modelo de desarrollo sostenible. 

Se trata de una herramienta de planificación para los territorios, dotada de la necesaria visión a largo plazo y orientada a la consecución de un desarrollo sostenido, inclusivo y respetuoso con el medio ambiente. 

Conviene subrayar que el desarrollo sostenible implica tener que armonizar tres elementos básicos, a saber: el crecimiento económico, la inclusión social o el bienestar de todas las personas y la protección del medio ambiente. Naciones Unidas entiende que esos elementos están interrelacionados y constituyen dimensiones esenciales del bienestar de las personas y, por extensión, de las sociedades. 

-¿Qué lugar ocupa la Agenda 2030 en el programa político del Gobierno de Canarias y qué papel desempeña esta Dirección General de nueva creación?

 -Como dije antes, el 25 de septiembre de 2015 fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que entraría en vigor el 1 de enero de 2016. 

Luego, no fue hasta el 29 de junio de 2018 cuando el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó el Plan de acción para la implementación de la Agenda 2030. Este plan fue presentado ante la comunidad internacional a través del Examen Nacional Voluntario (ENV) en el Foro Político de Alto Nivel (FPAN) de las Naciones Unidas del 18 de julio de 2018. Y un año más tarde, el 31 de julio de 2019, el Alto Comisionado para la Agenda 2030 del Gobierno de España presentó el primer Informe de Progreso de la Implementación de la Agenda 2030 en España, en el que se ofrece información detallada de los avances por Comunidades Autónomas. En dicho informe, el apartado dedicado a la Comunidad Autónoma de Canarias aparece en blanco, lo que ilustra bien a las claras la importancia que se otorgó entonces al desarrollo sostenible. 

Ahora, el nuevo Gobierno de Canarias pretende dar un giro a esta situación y recuperar los años perdidos. A tal efecto, en el Pacto de Gobernabilidad de Canarias para la X Legislatura, firmado el 22 de junio de 2019 entre los partidos políticos que sostienen el actual Gobierno de Canarias, se ha establecido explícitamente que la acción de gobierno “tendrá como eje vertebrador alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contemplados en la Agenda 2030, para que Canarias sea un referente en sostenibilidad social, económica y medioambiental, y mejorar así la vida de las personas”. 

De esta forma, el actual Gobierno de Canarias muestra de manera clara su compromiso para propiciar un deslizamiento progresivo del modelo de desarrollo de Canarias, procurando un mayor protagonismo a las dimensiones social y medioambiental, a la vez que se reconsideran los cimientos del modelo económico, con la aspiración de hacerlo más competitivo, sostenible e inclusivo. 

Todas las áreas del Gobierno están alineadas a este compromiso, trabajando de forma conjunta en el diseño de la futura Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, que esperamos poder presentar en el verano del año 2020. El trabajo se está realizando bajo la supervisión de la Dirección General de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible, de nueva creación en esta X Legislatura y adscrita a Presidencia del Gobierno. 

El 30 de septiembre de 2019, trasladamos a todos los centros directivos del Gobierno de Canarias una serie de fichas en las que se pedía, entre otra información, que identificasen los ODS sobre los que mayor influencia ejercen; los programas, planes de acción, estrategias e iniciativas legislativas que se pretenden impulsar para su consecución, y el programa presupuestario asociado al desarrollo de cada tarea. 

El 10 de octubre, todos los cargos públicos de las distintas Viceconsejerías y Direcciones Generales del Gobierno regional fueron convocados a una reunión de trabajo en la sede de Presidencia. En ella, cada Consejería tuvo la oportunidad de exponer a las restantes cuáles eran sus planes de acción prioritarios, y de qué manera contribuiría a la consecución de los ODS. 

Posteriormente, abrimos un plazo para que las distintas Consejerías pudiesen revisar el contenido de sus fichas. Partiendo de toda esta información, y tomando en consideración la Estrategia Canaria para un Desarrollo Sostenible, presentada por el Parlamento de Canarias a finales de la IX Legislatura, en el momento actual estamos redactando un informe de síntesis que esperamos tener concluido a lo largo del mes de enero de 2020. 

Pretendemos que este documento ejerza a modo de primer borrador, muy preliminar, como la futura Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Será un documento embrionario que daremos a conocer a la ciudadanía y a los agentes económicos, sociales y académicos. Una colaboración activa que se extenderá al resto de niveles de la administración. Cabildos y Ayuntamientos serán llamados a realizar aportaciones a la formulación de las políticas públicas orientadas al cumplimiento de los ODS, a la vez que trabajaremos con ellos en el desarrollo de una guía práctica que les facilite abordarlos desde el ámbito local, adaptar los indicadores al contexto insular y municipal, y la medición de su contribución a los ODS. 

Junto a la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible y la guía práctica para Cabildos y Ayuntamientos, y siguiendo las prescripciones contenidas en la Estrategia Canaria para un Desarrollo Sostenible del Parlamento regional, en estos momentos estamos impulsando la creación de la Red Canaria para el Desarrollo Sostenible, siguiendo el ejemplo de las redes ya creadas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. 

-¿Ya hay ejemplos de éxito en el empleo de ese tipo de economía? ¿Dónde? 

-Según el último Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, publicado por Naciones Unidas en agosto de 2019 y tomando como referencia el planeta en su conjunto, se han producido avances importantes en los ODS 3 (garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades), 7 (garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos) y 8 (promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo y fomentar la innovación). 

Por el contrario, muchas áreas reclaman una atención colectiva urgente. Entre ellas, el medio ambiente natural, que se está deteriorando a un ritmo alarmante, así como la desigualdad entre y dentro de los países. 

En clave europea, y según se desprende del Informe de Desarrollo Sostenible de Europa, publicado en noviembre de 2019, Dinamarca, Suecia y Finlandia son los países más cercanos al cumplimiento de los ODS. Con todo, el informe advierte que, si bien es cierto que los países europeos lideran el avance de los ODS a nivel mundial, ninguno de ellos está en el camino de alcanzar los 17 objetivos en el año 2030. En este contexto, España ocupa el puesto 14, sobre un total de 28 países, y no cumple con ninguno de los 17 ODS en la actualidad. 

En el contexto autonómico nacional, y según el Informe 17X17. Análisis sobre la Sostenibilidad en España, publicado en mayo de 2019, País Vasco, la Comunidad Foral de Navarra y Aragón son las tres Comunidades Autónomas que mejor desempeño tienen en España. En el extremo opuesto, Andalucía, Canarias y la Región de Murcia son las tres Comunidades con menor nivel de cumplimiento de los ODS. 

Es evidente, por tanto, que Canarias no puede ser considerada en la actualidad un caso de éxito. Pero la aspiración debe ser que lo sea en el futuro. Y no por una cuestión de vanagloria, sino por el convencimiento de que la adaptación a la realidad de nuestra región de la Agenda 2030 de Naciones Unidas es una oportunidad única para cambiar la forma de hacer política; para ponerla nuevamente al servicio de la sociedad; para transitar, en definitiva, hacia un modelo de desarrollo que vuelva a situar en el centro a las personas, tanto a las generaciones presentes como a las que están por venir. 

-¿Qué papel desempeña la gobernanza inteligente en todo ese proceso? 

-Como ya adelanté, para alcanzar el cumplimiento de los ODS, las Administraciones Públicas no pueden actuar solas, sino que deben buscar la implicación y participación del sector privado y de la sociedad civil en la formulación e implementación de las políticas públicas. 

Para ello es necesario que desarrollen su actuación administrativa de forma inteligente a través de una gobernanza que se asiente en los tres pilares del gobierno abierto: la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana. 

El paradigma de gobierno abierto constituye un eje fundamental para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidos. De hecho, el ODS número 16 plantea expresamente la necesidad de configurar un nuevo marco de gobernanza pública, estableciendo entre sus metas promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos, construir a todos los niveles instituciones eficaces, responsables, transparentes e inclusivas que rindan cuentas, garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles, y garantizar el acceso público a la información. 

Por otro lado, tal y como advierte el Grupo de Trabajo Global de Gobiernos Locales y Regionales para la Agenda 2030, usar indicadores para medir y monitorear el adecuado progreso hacia la consecución de los ODS es una condición sine qua non para culminar con éxito el diseño y puesta en marcha de la Agenda. Y esto obliga a los gobiernos locales y regionales a mejorar sus capacidades de recopilación y tratamiento de datos. 

De lo anterior se desprende con claridad la conveniencia de complementar el proceso de diseño e implementación de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible con otro consistente en el desarrollo de una estrategia progresiva de implantación de un modelo de gobernanza inteligente, fundamentada en la toma de decisiones apoyada en datos y en el gobierno abierto, la que garantice que la planificación estratégica y todo el proceso de diseño y ejecución de las políticas públicas, incluyendo la evaluación permanente de estas, responda a las exigencias de una democracia participativa y colaborativa, propiciando una verdadera auditoría social por parte de la sociedad civil.