El Gobierno de Canarias impulsa siete actuaciones para mejorar la red viaria de La Palma

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha detallado en comisión parlamentaria las siete actuaciones que su departamento tiene en marcha en la isla de La Palma con el objetivo de mejorar la red viaria insular, más allá de las zonas directamente afectadas por la erupción volcánica de 2021.

Rodríguez ha explicado que el objetivo del Ejecutivo autonómico es “priorizar aquellas actuaciones que verdaderamente necesita La Palma”, en coordinación con el Cabildo y el resto de instituciones de la isla.

Entre los proyectos destacados se encuentra la finalización del tramo San Simón-Tajuya, que incluye el viaducto de Belmaco y otras áreas afectadas por la lava, con una obra que será ejecutada por la misma UTE encargada del anterior tramo, lo que garantiza su continuidad.

Otra actuación que el consejero considera relevante es la reconstrucción del tramo sepultado de la carretera LP-2, cuyo proyecto ya cuenta con supervisión favorable y ha superado el trámite medioambiental.

A su vez, Rodríguez ha informado de que avanzan los trabajos en los tramos entre Tijarafe y Puntagorda, actualmente en fase de supervisión y tramitación ambiental, y el eje Puntagorda-Garafía (Llano Negro), en proceso de incorporar modificaciones establecidas por la Declaración de Impacto Ambiental.

Además, el proyecto de trazado de la carretera El Remo–La Zamora ya ha sido aprobado técnicamente y se encuentra en tramitación ambiental e información pública.

En paralelo, se ejecuta la primera fase de la LP-1 entre La Punta y Tijarafe, y se encuentran en redacción los proyectos de la LP-3 entre La Cumbre y Los Llanos y de la LP-5, Fase 1, entre La Caldereta y La Grama, cuya licitación está prevista para 2025.

El consejero recordó que muchas de estas infraestructuras sufrieron importantes retrasos debido a la infrafinanciación del anterior convenio con el Estado, aunque ha asegurado que esta situación fue corregida tras una sentencia favorable del Tribunal Supremo que reconoció el derecho de Canarias a percibir los fondos correspondientes