El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha anunciado este martes en el Parlamento que el área que dirige convocará esta semana la subvención para la captación de agua con destino al riego de explotaciones agrarias de las Islas, se indica en una nota de prensa del citado departamento regional. Esta partida, de seis millones de euros, es fruto de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017. Quintero ha anunciado además que ya se ha solicitado al Estado que formalice cuanto antes la partida correspondiente a 2018, que es de 8 millones de euros.
Esta partida presupuestaria, ha indicado el consejero, “es un derecho de los agricultores de las Islas que es fruto de la negociación de los partidos nacionalistas en Madrid y que”, ha recordado, “ha quedado consolidado en el Régimen Económico y Fiscal aprobado ayer en el Congreso de los Diputados”. “Evitamos así”, ha añadido, “que, junto a otros derechos de los agricultores y agricultoras del Archipiélago, éstos dependan de la voluntad del partido que gobierna en Madrid”.
La subvención de seis millones de euros está destinada a entidades públicas y privadas que suministran agua para el riego agrícola, procedente de pozos o de la desalación. Quintero ha informado de que el decreto que convoca estas ayudas “deja bien claro que el beneficiario último debe ser el agricultor, ya sea mediante una reducción en la factura del agua o, si es necesario, por transferencia directa”.
Narvay Quintero ha explicado que el decreto de transferencia del Gobierno del Estado llegó el 27 de diciembre, por lo que “fue imposible proceder a tramitarlo antes de que terminase el año, más aún tratándose de la primera vez que se convoca unas ayudas de estas características”. El consejero ha explicado que “hemos querido que esta convocatoria contase con la opinión y el diálogo de los agentes empresariales y sociales implicados, por lo que se inició un proceso de diseño participativo en el que, además, hubo que consultar diferentes dudas con el propio Gobierno del Estado”.
El objetivo, ha añadido el consejero, ha sido que “este documento establezca una fórmula de tramitación que pueda usarse en próximas convocatorias, que se tramitarán mucho más rápidamente”. Respecto a la de 2018, que es de ocho millones de euros, “confiamos en que el Estado, y así se lo hemos hecho saber, formalice la transferencia cuanto antes para iniciar sus trámites lo más rápidamente posible”.