El Pleno del Parlamento de Canarias ha convalidado este miércoles, con la abstención de la portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino, el decreto ley urbanístico del Gobierno de Canarias que permite la reconstrucción de la primera vivienda en La Palma arrasada por la erupción -algo menos de 600-.
Los grupos del cuatripartito han bloqueado su tramitación como proyecto de ley, tal y como pedían la diputada Espino y el Grupo Nacionalista.
El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el cambio climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, ha comentado que el objetivo del decreto es “facilitar” poder reconstruir la vivienda habitual perdida por la erupción volcánica en Cumbre Vieja.
Así ha dicho que se trata, esencialmente, de que su pueda construir en cualquier suelo de tipo rústico en los tres municipios del Valle de Aridane: El Paso, Tazacorte y Los Llanos de Aridane.
Valbuena ha aprovechado su comparecencia para “poner la cara colorada” a los propietarios de terrenos rústicos que están elevando los precios pues han pasado de euros por metro cuadrado hasta los 90 euros.
En esa línea, ha comentado que en La Palma “los llaman los aprovechados” por su actitud “poco solidaria e inmoral” que lo provoca que el dinero de las donaciones y las administraciones públicas acabe en sus bolsillos.
Con todo, ha comentado que el Gobierno prepara más decretos ley para otras casuísticas y garantizado que los vecinos serán “coredactores” del nuevo modelo territorial de la isla.
Vidina Espino, portavoz del Grupo Mixto, ha dicho que el decreto “se ha negociado entre las administraciones” y no con los vecinos, que se enteraron por los medios de comunicación, y ha subrayado que los afectados no quieren que la reconstrucción se limite a los tres municipios afectados y no se ciña exclusivamente a la primera vivienda.
Ha reclamado que se tramite como proyecto de ley y ha criticado al Gobierno de Canarias por practicar el “despotismo ilustrado” en pleno siglo XXI. “Todo para los palmeros pero sin los palmeros”, ha agregado.
Ricardo Fernández (Cs) ha comentado que el Parlamento tiene la “obligación” de ayudar a La Palma y hay que dar “seguridad jurídica” a los afectados, por lo que ha pedido un poco “de calma” en la toma de decisiones y que el Gobierno “escuche” a los ciudadanos.
Ha dicho que el decreto ley “es mejorable” pero ya viene en camino un segundo donde hay subsanaciones.
Jesús Ramos (ASG) ha comentado que este decreto ley es “imprescindible” para la reconstrucción de las viviendas en el Valle de Aridane y con la misión de que la población no se disperse si bien ha advertido de que va a ser “complicado” porque muchas casas no tiene título de propiedad o se levantaron en suelo no apropiado.
Francisco Déniz (Sí Podemos) ha advertido de que la reconstrucción se va a prolongar en el tiempo y tendrá en cuenta las “particularidades” de cada caso pero ve necesario que haya “un plan de conjunto” para definir el nuevo urbanismo de la comarca.
Así, ha apoyado la compra de suelo público para evitar la dispersión del territorio y consolidar los asentamientos, teniendo en cuenta la planificación de los servicios y suministros. “Hay que ir hacia una nueva cultura del territorio que garantice la vivienda definitiva”, ha subrayado.
Ha dicho que ya había “especulación” en La Palma antes de la erupción y entiende que los decretos “no pueden abrir la puerta” al alza de los precios, subrayando que quien tiene fincas en otros municipios pueda fabricar ahí.
Luis Campos, portavoz de NC, ha comentado que este decreto ley se limita exclusivamente a la reconstrucción de la primera vivienda, y está avalado por los alcaldes de los tres municipios, lo mismo que los afectados, dado que el decreto da agilidad y evita el desarraigo.
Lorena Hernández (PP) ha dicho que hay que “dar seguridad” a los vecinos de que puedan reconstruir su casa “mañana”, por lo que no ve necesario que se tramite como proyecto de ley, al tiempo que ha pedido a los propietarios de los terrenos que sean “solidarios” y mantengan precios módicos.
Ha apuntado que su voto a favor es “responsable” para que los vecinos puedan reconstruir sus viviendas. “No embarremos el debate ni compliquemos las cosas”, ha agregado, subrayando que la reconstrucción de la comarca va a estar “participada” por los vecinos.
Lady Barreto, del Grupo Nacionalista, ha dicho que el decreto tiene advertencias de inconstitucionalidad y defendido que se tramite como proyecto de ley porque hay que “mejorarlo” para que se amplíe a toda la isla, posición defendida por los afectados y la Fecam.
Ha apuntado que el decreto ley contribuye a la “especulación” de los terrenos porque se cierra al Valle de Aridane y beneficia “a quienes tienen dinero”, aparte de que con los 60.000 euros de ayuda del Estado no se cubre la compra de un terreno y la construcción de una casa.
Cara a la Conferencia de Presidentes que se celebra el viernes en La Palma ha dicho que “el mejor homenaje” a los palmeros es que se abone “el dinero perdido” por lo que ha pedido al Gobierno de Canarias que cubra la diferencia del coste real de lo perdido.
El portavoz nacionalista, José Miguel Barragán, ha comentado que si hay “consenso”, con dos o tres ponencias se saca adelante el proyecto de ley aparte de que le decreto ley sigue vigente durante su desarrollo.
Matilde Fleitas (PSOE) ha apuntado que “todos” los grupos están de acuerdo en impulsar la reconstrucción y este decreto va a ayudar a dar seguridad jurídica y de forma “rápida”, indicando que la tramitación como proyecto de ley va a “enrocar” el proceso.
Ha comentado que se va a estudiar que la medida se abra a los catorce municipios pero entiende que hay que tener seguridad jurídica.