La Asociación Agua para La Palma exige al Consejo Insular de Aguas que retire “de manera definitiva” la propuesta de ordenanza del servicio de transporte de agua

La Asociación Agua Para La Palma comunica en nota de prensa que presentó alegaciones a la nueva normativa sobre tasas de elevación, transporte y uso de canales públicos, por “el perjuicio que supone la propuesta del Consejo Insular de Aguas de La Palma, al entender que, de ponerse en práctica tal y como está redactada, resultaría tremendamente perjudicado el interés general”.

Pedro Monzón Vega, presidente de la asociación, afirma, que “tras poner el proyecto de normativa en manos de nuestros servicios jurídicos y leer detenidamente su contenido, concluimos, que no es cierto que se fuera a pagar en toda La Palma un mismo precio por el agua, porque, en primer lugar, solo se aplicaría sobre el agua de propiedad pública, la única cuyo precio puede regular el Cabildo, y segundo, por no disponer de este servicio público todos los municipios palmeros”.

Según esta asociación, “lo que se oculta con la cantinela del precio único es el hecho de querer liberar a los operadores privados de los gigantescos costes de elevación en la estación de bombeo de Aduares, pretendiendo una vez más que los gastos sean mayoritariamente públicos y los beneficios enteramente privados”.

Esta asociación concreta en 600.000 euros anuales los gastos de los que se liberaría de pagar el sector privado y que asumiría el erario público, afirmando que “esta normativa, de aprobarse tal y como está redactada, podría incurrir en supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, además de detectar graves fallos administrativos que nuestras alegaciones han puesto en evidencia, prueba de todo esto, es el significativo silencio de Carlos Cabrera (presidente del Consejo Insular de Aguas) , y la tardanza del Consejo Insular de Aguas y su presidente en aprobar esta normativa”, que, según recuerda la asociación, “estaba prevista su aplicación para la segunda quincena de agosto, y han tenido que paralizar al verse descubiertos”, ha señalado el portavoz y presidente de la asociación, que insiste en que “exigimos al Consejo Insular de Aguas que retire de manera definitiva está ordenanza”.

Monzón Vega concluye que “tristemente todo esto está encuadrado en el afán del Consejo Insular de Aguas por seguir manteniendo el ”sistema“ de enriquecimiento de los poderes especulativos que actúan sobre un bien tan preciado como es el agua”.

La Asociación Agua Para La Palma también ha querido salir al paso de otros temas de actualidad como la instalación de desaladoras afirmando “que estando en medio de la mayor catástrofe natural de nuestra historia por la crisis volcánica, donde está siendo destruida la vida de tantas personas, se sigue apoyando activamente la especulación, hecho demostrado con la instalación de desaladoras presentes y futuras, con un gasto de más de 12 millones de euros, con la excusa de salvar las plantaciones que saben a ciencia cierta que se tendrán que resembrar de nuevo, pudiendo destinar todo ese dinero, en plantones para nuevas siembras y ayudas para los agricultores, que se están viendo obligados en su gran mayoría a ir en las barcazas del ejército, poniendo en riesgo su salud, para así poder justificar su uso y coste en este gasto inútil, todo para seguir saliendo en los medios de comunicación aparentando que algo de provecho están haciendo, mientras siguen con el plan preestablecido de apoyo al sistema que más beneficios da a los especuladores del agua”.

“Está asociación permanece fiel a los objetivos recogidos en sus estatutos, por lo tanto, seguirá en su labor de denuncia y protección ante cualquier norma o iniciativa que no defienda el interés general”, concluye.