La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO), en una nota de prensa, denuncia este viernes “la situación de precariedad con la que se presta el servicio de extinción de incendios en la isla de La Palma”. El sindicato señala que, “a pesar de las reiteradas quejas presentadas, el Cabildo continúa incumpliendo ley de contratación pública, ya que se sigue asignando dinero de las arcas públicas a una empresa privada sin sacar a concurso público este servicio”. Indica que “el servicio se presta en una doble modalidad laboral y voluntaria remunerada que es contraria a la legislación”.
FSC-CCOO apunta que “la empresa Emerpal, que presta los servicios de emergencias de la Isla, es solo parcialmente una empresa con personal laboral, pues la mitad de la plantilla se nutre de voluntariado retribuido sin contrato. Eso sin contar las numerosas carencias en materia de prevención de riesgos laborales, así como la sistemática vulneración de los derechos de los trabajadores”.
El sindicato señala que “la entrega de dinero público, por parte de Emerpal, para retribuir a los voluntarios constituye una ilegalidad manifiesta, como lo establece la Ley del Voluntariado de Canarias y la Ley del Voluntariado estatal 45/2015, las cuales indican claramente que los voluntarios no pueden usurpar funciones de trabajadores y mucho menos percibir retribución alguna por ello”.
Indica que “a pesar de que de esto ya ha sido informado al Cabildo de La Palma y a la empresa Emerpal, ambas entidades siguen permitiendo la incorporación de personal del falso voluntariado al que se le abonan entre 500 y 700 euros de retribuciones mensuales en función del número de guardias y horas que realizan”.
“Este voluntariado”, añade, “además, no cuenta con la dedicación exclusiva que se requiere este servicio y, por supuesto, también carecen de la preparación física adecuada, pues ni tan siquiera les exigen las revisiones médicas preceptivas en esta profesión”.
FSC-CCOO recuerda que “el Cabildo de La Palma está obligado, por ley, a tener un servicio propio de emergencias, tal como exige la ley de sostenibilidad y racionalización. Desde marzo de 2022 se viene informando de la aprobación y publicación de un plan director sobre emergencias, que no se ha podido aprobar en el pleno del mes de julio por falta de informes jurídicos. Esto muestra la dejadez del Cabildo y el desinterés por solventar una carencia que pone en grave riesgo a la ciudadanía de la Isla”.
Cabe recordar, concluye la nota, “que hasta la propia Administración autonómica ha señalado reiteradamente que los bomberos y bomberas de la Comunidad Canaria deben ser funcionarios públicos debido a que son agentes de la autoridad. Pero el pacto entre el PP y el PSOE que gobierna la Corporación insular hace oídos sordos a dicha obligación y mantiene, de forma plenamente consciente, la precariedad de este servicio”.