El Defensor del Pueblo considera “adecuadas” las medidas de reparación adoptadas tras la erupción del volcán de La Palma

El Defensor del Pueblo considera “adecuadas” las medidas de reparación y reconstrucción de las administraciones ante la catástrofe provocada por la erupción del nuevo volcán de La Palma en Cumbre Vieja.

Así lo ha manifestado este viernes la institución en un comunicado, tras analizar la documentación y los datos del Ministerio de la Presidencia, vicepresidencia del Gobierno de Canarias y Cabildo Insular de La Palma; las quejas recibidas; y la información recogida en la visita a la Isla el pasado mes de octubre, donde mantuvo encuentros con las administraciones implicadas, el Diputado del Común y las asociaciones de afectados.

El Defensor del Pueblo ha hecho una serie de consideraciones y, a la vista de los datos de los que dispone, reconoce que “se ha realizado un notable esfuerzo normativo, por la vía de urgencia, que ha permitido la puesta en marcha de un conjunto amplio de medidas de reparación y reconstrucción en todos los ámbitos afectados”.

En su opinión, las distintas administraciones están aplicando y gestionando estas medidas “en tiempos razonables, sin perjuicio de que algunos aspectos o ámbitos de la respuesta normativa y administrativa presenten más obstáculos que otros para su materialización”.

También ha reconocido que el volumen de recursos previstos y movilizados hasta ahora “es muy significativo y parece acorde con la gravedad de los daños acaecidos”. A su vez, considera que las administraciones implicadas están actuando “de manera conjunta y coordinada”.

Según los datos ofrecidos por las administraciones las ayudas entregadas eran, a fecha 31 de octubre de 2022, de 577,21 millones de euros.

De ellos, 259 millones han sido ayudas para viviendas y alojamientos para personas afectadas por la erupción y el resto para emergencia social y apoyo al empleo (88,99 millones de euros), ayudas para empresas, autónomos y sectores económicos (84,34 millones de euros) y otras medidas y ayudas -montaje desaladoras, fondo de garantía del riego agrícola- (144,62 millones de euros).

En esa misma fecha se habían recibido, en el Registro Único de Afectados, 7.860 solicitudes, de las que quedaban pendientes de tramitar el 3,36% (239).

No obstante, ante una catástrofe de esta naturaleza y dada la dimensión del daño producido, el Defensor del Pueblo ha destacado que “es comprensible que las personas afectadas puedan considerar las medidas adoptadas lentas e insuficientes”.

Considerar en primer lugar la situación de los afectados

El Defensor del Pueblo ha recordado que hay que considerar en primer lugar a las personas afectadas y la “difícil situación” en la que se encuentran, tras haber visto destruidas sus viviendas y sus tierras, y que aspiran a reconstruir sus vidas y a recuperar la normalidad.

En ese sentido, ha recomendado a las administraciones, en sus tres niveles -estatal, autonómico y local- que “incrementen sus esfuerzos para resolver a la mayor brevedad las solicitudes pendientes, especialmente las relativas a ayudas por la pérdida de la vivienda habitual y aquellos expedientes que están pendientes, si es preciso, mediante el refuerzo de los medios materiales y personales y la detección y corrección de las causas que provoquen retrasos y dificultades en su tramitación”.

La institución estima que la magnitud y amplitud del daño causado por la erupción del volcán, así como el número de afectados, y la transformación de una extensa zona territorial, “plantean desafíos que deben ser objeto de reflexión”. Así ha dirigido al Ministerio de la Presidencia, la recomendación de “que se estudie la conveniencia y oportunidad de la adopción de un marco legal específico para las emergencias y catástrofes, vulcanológicas u de otro origen, de gran magnitud y capacidad destructiva, que transforman la configuración del territorio de manera permanente”.

Asimismo, con el fin de obtener suelo para las viviendas y actividades de las personas afectadas, el Defensor del Pueblo estima necesario, y así se lo recomienda a la Vicepresidencia de que Comunidad Autónoma de Canarias, que “apruebe cuanto antes las normas que establezcan la nueva ordenación urbanística que permita afrontar las consecuencias sufridas en el territorio por la erupción volcánica”. “Y que lo haga lo más ágil y rápidamente posible, atendiendo a las necesidades de la población afectada”, ha precisado.