La Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible solicita a la Unión Europea (UE) que la denuncia que presentaron contra la Ley Turística de las Islas Verdes (Ley de Modificación 6/2002 sobre el desarrollo turístico de La Palma, La Gomera y El Hierro que promovió el Cabildo de La Palma y que fue aprobada en el Parlamento de Canarias en septiembre de 2016) se sume a la investigación que ha abierto la UE.
Vanesa Catalán, miembro de la Plataforma La Palma por un Territorio Sostenible, y Rubén Martínez, consejero del Cabildo de La Gomera e integrante de la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible, han comparecido este martes en rueda de prensa, en la sede del Cabildo de La Palma, para dar a conocer la situación de las denuncias presentadas ante la UE contra la Ley Turística de las Islas Verdes, que consideran “ilegal”, y la investigación abierta por la Dirección General de Medio Ambiente y de Apoyo de los Estados Miembros. “Este mes de enero recibimos la primera respuesta de la UE, en la que el Director General de Medio Ambiente nos comunica que están al corriente de los hechos referidos en nuestra denuncia y que, previamente a la misma, se había abierto una investigación de oficio”, señaló Catalán. Recordó que “en noviembre del año pasado, la Comisión Europea informó, en respuesta a una pregunta de la eurodiputada de IU Paloma López, que tenía la intención de ponerse ‘en contacto con las autoridades competentes’ para determinar cómo se está aplicando la modificación de la Ley 6/2002”. Añadió que “dicha investigación, por lo tanto, ya está en curso, algo que nos alegra enormemente pero que al tener un ámbito mayor esa investigación de oficio que el de nuestra denuncia se procederá a archivar nuestra demanda; al no estar satisfechos con la resolución, tanto la Plataforma de La Palma como la de Canarias hemos solicitado que nuestra denuncia se sume a dicha investigación”.
Justifican tal petición en que “contradice el espíritu de la normativa europea que reconoce y promueve el ejercicio de derechos de ciudadanía a la información, participación y acceso a la justicia en los asuntos medioambientales”. Además, subrayan, “el inicio de una investigación de oficio por parte de la Comisión no debe ser fundamento ni excusa para decretar el archivo de la denuncia, por lo que planteamos que se acumule a la investigación en curso”. “Junto a estas consideraciones, nos oponemos a esta Ley porque significa más cemento y menos espacios verdes; significa edificar en cualquier entorno, sea rústico o agrícola, significa que te puedan expropiar sin tutela judicial si lo consideran de ‘interés o trascendencia insular’, declarando beneficiario de dicha expropiación a los promotores, que son los únicos beneficiarios; significa que se anulan las distancias mínimas y se reducen los metros para construir, por lo que se puede edificar un edificio pegado a otro, sin espacios naturales de por medio, y construir cinco apartamentos donde un agricultor no puede hacer su propia casa, porque construir uno su propia vivienda no es de interés insular”, recalcó Catalán.
Por lo tanto, insistió, “se fomenta expulsar del suelo rústico a quienes realmente viven de la agricultura, porque los terrenos pueden encarecerse por las expectativas de implantación en esta clase de suelo de actividades especialmente lucrativas”. “Por lo que con esta Ley se promueve destrozar el paisaje agrícola y alejarnos aún más de la soberanía alimentaria para adentrarnos en el monocultivo del turismo. El turismo tiene que ser una actividad económica más, pero no la única actividad económica y no hay voluntad política por mantener, desarrollar y diversificar la agricultura”, aseguró.
Según Vanessa Catalán, “uno de los argumentos de los que promovieron, aprobaron y defienden la Ley es la creación de empleo. Pues bien, el año pasado tuvimos en Canarias récord en turismo gracias a otros países que desafortunadamente están padeciendo conflictos bélicos y aun así Canarias es una de las regiones de la UE con más paro y una de las de España donde más crece la pobreza laboral, por lo que un crecimiento económico del turismo no se ha traducido en mayor empleo ni en mejores condiciones laborales. Esta Ley sólo va a suponer un desarrollo económico para los bolsillos de los promotores y de los inversores turísticos, y nosotros con más precariedad laboral como sucede con las camareras de piso”, sostuvo.
Además, precisó, “antes de modificar la Ley 6/2002 ya existía la posibilidad de construir más hoteles, pero hoteles con un número determinado de camas y con evaluación ambiental que se ajustaban a un desarrollo sostenible. ¿Para qué queremos grandes infraestructuras hoteleras con un todo incluido? ¿Cómo van a contribuir esos turistas al desarrollo de la economía local? Saldrán a consumir o comprar en los comercios si se oferta todo dentro del hotel? Ya está ocurriendo en Adeje. ¿Vamos a incurrir en los mismos errores? ¿Vamos a destrozar la isla, nuestro principal recurso turístico?”, se preguntó, y agregó que “se ha modificado una Ley a la carta al servicio de los inversores, no para mejorar la calidad de vida de las palmeras y palmeros. Defendemos que debemos fomentar el turismo rural, un turismo en consonancia con la protección de recursos naturales, el paisaje y la diversidad biológica”.
En noviembre del año pasado el citado colectivo dio a conocer las primeras 500 denuncias individuales contra la Ley de las Islas Verdes, que fueron redactadas por el profesor Santiago Pérez y presentadas en Madrid en la sede de la Comisión Europea. “En la actualidad contamos con otras 500 que presentaremos en los próximos meses”, adelantó Catalán.