La Asociación Canaria de Entidades de Caza (ACEC) solicita al Cabildo de La Palma más agentes de Medio Ambiente, según se informa en una nota de prensa. “Tras el estudio de la documentación relativa a este asunto, creemos que la Corporación insular no tiene excusa para cubrir las vacantes que ya solicitó la asociación de cazadores de ámbito regional”, aseguran.
Recuerdan que “de un total de 19 plazas de agente de la autoridad, 10 están cubiertas y 9 vacantes, y de estas últimas, 4 se hallan dentro de la oferta pública desde el 2007, aunque no se han convocado”. En contraposición, “el Cabildo externalizó el servicio de vigilancia en materia cinegética a través de un convenio de colaboración por 70.300 euros, más vehículos y material, con la Federación Deportiva de Caza Insular”, aseguran.
La ACEC explica que “las Corporaciones locales, para el cumplimiento de sus fines en materia de caza, necesitan el empleo de unos medios materiales y otros personales, integrados por un conjunto de personas físicas a las que corresponden las funciones propias en la materia de los distintos órganos de la Administración Local”. “Cuando dichas funciones consistan, como es el caso, en el ejercicio de policía cinegética, las mismas se encuentran legalmente reservadas a personal funcionario especializado en la materia, conforme a lo dispuesto en Constitución y en la Ley 7/2007, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público. De la misma forma, la Ley 7/1998, de Caza de Canarias encomiendan a los funcionarios del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de los Cabildos Insulares, 'la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Caza y el Reglamento de Caza y demás normativa relacionada con la actividad cinegétic', por lo que la asignación de dichas funciones de policía cinegética reservadas a funcionarios públicos, a personal externo al Cabildo Insular y ajeno a la función pública, vulnera la legalidad vigente en la materia y no garantiza la especialidad, objetividad e imparcialidad que han de informar el ejercicio de dichas funciones de policía cinegética encomendadas al Cabildo de La Palma”, exponen. Además, añaden, “el 18 de julio de 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictaminó en la línea que ahora demanda la ACEC, que la externalización de los servicios de vigilancia es contraria a derecho cuando la gestión de los recursos cinegéticos están a cargo de la administración”.
Por todo ello, la ACEC considera que “la vigilancia, seguimiento y erradicación de ciertas prácticas nocivas, no sólo para el medio ambiente sino para el buen nombre del colectivo de cazadores ante la sociedad, requiere de un trabajo y especialización continua por parte de los funcionarios que han de velar por el cumplimiento de la normativa aplicable”. Por todo lo expuesto, dicen, el Cabildo La Palma “debería convocar, lo antes posible, las cuatro plazas de agentes ofertadas en el 2007, y que con ellas se cree una brigada especializada en tareas de policía cinegética, flora, fauna e investigación del uso ilegal de venenos en el medio natural”.